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Etiquetas:   Reales de vellón  

De la financiación catalana

Sergio Brosa
Sergio Brosa
lunes, 11 de agosto de 2008, 22:27 h (CET)
El tripartito catalán, con su presidente Montilla a la cabeza y en una licuación contra natura con CiU, está clamando por el cumplimiento del Estatut al no haberse llegado a un acuerdo de financiación con el gobierno de Zapatero, alegando que se incumple una ley orgánica del estado.

A parte de que no se ha llegado a un acuerdo antes del pasado 9 de agosto como insensatamente impone el Estatut como cuestión incontrovertible que afecta en todo caso a ambas partes y no a una sola, hay otra imposición legal previa establecida en la Lofca (Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas) que impone un sistema general de financiación para todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco y Navarra. Y era previsible que habiéndose celebrado las elecciones generales el 9 de marzo, antes de los seis meses siguientes, difícilmente iba a haberse acordado entre el gobierno central y las comunidades autónomas un sistema de financiación al gusto de todas las partes.

No deja de carecer de singularidad sin embargo, que Pepe Montilla y Artur Mas digan de Zapatero que incumple las leyes, cuando la CiU gobernante en Catalunya y ahora el tripartito que sustenta a Montilla en su poltrona incumplen lo que establecieron para sí mismos con la Ley de Política Lingüística pongamos por caso, en la que se reconoce la libre elección del idioma escolar o la reciente negativa expresa de incumplir el Real Decreto que establece la tercera hora de castellano en los colegios catalanes. Y tantas otras normas legales que tanto la Generalitat como el Gobierno incumplen de oficio. Es una auténtica desfachatez.

Pero la controversia que ahora mantienen el tripartito i CiU con Zapatero viene de haber confiado en él. Primeramente, en aquella afirmación de ZP: “Aprobaré el estatuto que apruebe el parlamento de Catalunya”. Luego, Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso se ocupó de pasarle la garlopa al texto estatutario, dejándolo sin embargo, a pesar de las muchas virutas que le sacó, con aspectos de aparente inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional deberá despejar indefectiblemente; tal como si la Lofca afecta o no a la financiación de Catalunya. O dicho de otro modo: qué es primero, el Estatut o la Lofca; acuerdo bilateral entre la Generalitat y el Gobierno, como si de una situación confederal se tratara o se sigue aplicando la Lofca.

Y es claro que la solidaridad entre comunidades autónomas no puede comprometer el progreso de ninguna de ellas, pero el progreso de cada una depende en primer lugar de sí mismas y del impulso que cada gobierno autonómico está obligado a dar a su tejido industrial y dedicar su principal esfuerzo presupuestario a tal progreso económico y no a “hacer país” únicamente, olvidando exigir al gobierno central en su momento la modernización de las infraestructuras, conociendo de primera mano cómo se estaba generando un incremento de la demanda de ellas, en transportes y en servicios fundamentalmente, pues es la Generalitat quien aprueba los planes urbanísticos y conoce por tanto dónde se están desarrollando núcleos urbanos e industriales a los que proveer de los elementales servicios públicos.

E insistiré en que nada hablan entretanto, tripartito ni CiU, de una mejora en la gestión del presupuesto, para optimizar los recursos de los que se dispone. Y en su lugar, por ejemplo, se abren embajadas catalanas en Europa y Carod-Rovira nombra “embajador” en París a su hermano Apel•les que carece de la más elemental formación o experiencia para un cargo similar. Ya en el primer tripartito, Josep Lluís Carod-Rovira se inventó un cargo para Apel•les: director general de Asuntos Interdepartamentales, un área que estaba inscrita en el departamento del que era titular el propio Josep Lluís como consejero primero y así no había problemas de supervisión.

Y se planifica ahora que las nuevas prisiones estén provistas de piscina, peluquería, una rambla arbolada, sala de estar, polideportivo entre otros servicios, con un coste preso día de 66 euros. Eso está muy bien ¿pero quién lo paga? Cuando seamos un país rico podremos tener prisiones de país rico; entre tanto eso llega, los sujetos de ilícitos penales saben en qué prisiones habrán de cumplir sus condenas. Y quien no sea capaz de soportar la pena que no cometa el delito.

Tal parece que la insistencia en la mejora de la financiación no se fundamentara en una necesidad real, con nombres y apellidos; epígrafes, justificaciones e importes, sino para enjugar la deficiente gestión política de los recursos que generan los contribuyentes.

Todo ello es una prueba más de la incompetencia gestora de la mayoría de nuestros políticos que a estas alturas de la democracia, los más de ellos no han hecho otra cosa en su vida que vivir de la propia política. Y así nos va.

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