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Un repaso a la Constitución de 1978

Miguel Massanet
Miguel Massanet
lunes, 11 de agosto de 2008, 22:27 h (CET)
¿Qué nos está ocurriendo en España? Cada día que pasa estamos dando un paso más hacia el más absoluto desconcierto respecto a la clase de país que deseamos que sea esta maltrecha nación, que se ha convertido en el blanco de los más furibundos ataques por parte de aquellos que parecen emperrados en hundirla, para luego recuperarla, trasmutada en algo parecido a lo que fueron las antiguas Repúblicas soviéticas, todas ellas sometidas al dominio de Moscú, a las imposiciones del Soviet Supremo que, a su vez, no era más que el brazo ejecutor de los dictadores de turno. Si en 1978, los llamados “padres de la patria”, nos legaron una Constitución para superar las diferencias que habían separado, hasta entonces, a las “dos Españas”; si el señor Suárez se esforzó en limar las asperezas que todavía persistían de la Guerra Civil y, si se instauró un sistema monárquico para que actuara, perdónenme la expresión, como lubricante entre nacionales y republicanos; la llegada de los socialistas por segunda vez al poder, ha significado un retroceso en el proceso de reconciliación nacional y un sustancial avance en el sentido de la radicalización de las ideas y de la profundización en la brecha, cada vez mayor, que se está abriendo entre los ciudadanos españoles que, sin quererlo, cada vez más se ven impelidos, por los políticos, a posicionarse en uno u otro de los dos eternos bandos rivales. Lo que ha costado tantos años superar, por intereses de unas minorías y por desidia de nuestros gobernantes, se está convirtiendo en lo que se podría considerar la levadura de futuros conflictos, cuyo resultado es difícil de prever pero fácil de imaginar.

La miopía que la partitocracia llega a imprimir en los gobernantes, los lleva a prescindir del sentido común para deslizarse, sin ningún rebozo, por las peligrosas arenas movedizas, sin que les preocupe moverse por el estrecho camino que divide lo legal y lo ilegal, bordeando siempre el abismo al que, un error de cálculo, puede sumergir el Estado de Derecho. El juego que comenzaron a practicar los socialistas con la oportunista negociación con Batasuna; las concesiones que se les hicieron al nacionalismo vasco y al catalán para conseguir su apoyo parlamentario y las prerrogativas que han conseguido arrancar, esas autonomías, por encima de las restantes; han llevado al Estado a salirse del ámbito constitucional aunque, para ello, se hayan esmerado en camuflarlo, a base de leyes e interpretaciones, que sólo han venido a demostrar la politización a la que han llegado algunos representantes destacados de la administración de Justicia y lo irreal de la supuesta separación de poderes en España.

¿Cómo, si no, se puede entender que el artº 149 de la Constitución , cite entre las competencias exclusivas del Estado, en su apartado 32, lo siguiente: “Autorización de consultas populares por via de referéndum” y, en el art´º 150-3 aparezca: “ El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general” . La Constitución es clara en su exposición y contundente en su contenido, por lo que no caben medias tintas en cuanto a quien está legitimado para decidir si una autonomía puede o no celebrar un referéndum por su cuenta y quien puede denegar su celebración o prohibirla. Tampoco cabe duda alguna respecto a las posibilidades del Estado de impedir por medio de sus poderes legislativos que regiones como el País Vasco o Catalunya se permitan veleidades legislativas cuando éstas puedan ir en contra de los intereses generales de los españoles. Otra cosa es que quienes estén interesados en conseguir sus objetivos contra viento y marea, se dediquen a marear la perdiz y a inventarse triquiñuelas legales para “pescar en aguas revueltas”.

En este mismo sentido y, abundando en los principios de igualdad de derechos y deberes para todos los españoles, el artº 138 de nuestra Constitución amarra los machos al declarar sin ambages: “1.El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales” ¿A alguno de ustedes le recuerda está disposición algo referente al Estatut catalán?, ¿no les huele a chamusquina la liberalidad del gobierno con dicha comunidad y la tacañería con la que trata a las demás?

Veamos que dice el Artº 3 de la Carta Magna respecto al castellano: “1.El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla

y el derecho a usarla.” ¿Han leído alguna vez algo más tajante y meridiano? Pues vean la que tenemos armada en Catalunya a cuenta del español e intente que alguien, maestros, colegios y Generalitat le ayude a conseguir que sus hijos sean educados en la lengua de Cervantes. Pero es que todavía podemos ir más allá respecto a este bodrio al que se lo designa como “Educación para la Ciudadanía”, un panfleto indigno del nombre que lleva y que ya ha recibido el varapalo de varios Tribunales Superiores de Justicia. Para casos como este tenemos el artº 27-3 (derecho fundamental) que fija las facultades de los padres respecto a la formación de sus hijos: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” ¿Hacen falta más aclaraciones? Pues, por lo visto sí, porque vean ustedes las dificultades que tiene los padres para que se cumpla este precepto en algunas comunidades. Sin embargo, no quiero terminar este somero recordatorio de nuestra Constitución, sin añadir un artículo que, a mi entender, es muy discutible que se esté cumpliendo: artº 8-1.” 1.Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” ¡ Ah! Se me olvidaba, resultan muy interesantes las recientes declaraciones del ex jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, cuando opina que, una de las principales funciones del Rey, es de “advertir, con tiempo, al Ejecutivo, por dónde pueden ir las cosas…” y coincido con él cuando advierte que “no entiende el concepto de un “Rey republicano”, quizá conviniera que SM nos lo aclarara, porque nosotros tampoco.

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