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Chapuza política y jurídica

Wifredo Espina
Wifredo Espina
@wifredoespina
lunes, 11 de agosto de 2008, 12:23 h (CET)
¿Cómo se puede cumplir bien una norma que está mal hecha? Es lo que ocurre con el Estatut de Cataluña. Se hizo chapuceramente y salió una chapuza. Políticamente y jurídicamente.

Políticamente, porque no nació de ninguna necesidad urgente ni de ninguna verdadera demanda social. Fue fruto de unas ambiciones políticas coyunturales y personales. Las de Zapatero y Maragall para ganarse el respectivo poder presidencial de España y de Cataluña.

Jurídicamente, porque surgió de una amalgama de intereses y planteamientos políticos diversos y aun contraditorios, que debian desenvocar, forzosamente, en un texto confuso e inaplicable. Pretender armonizar las idea de autonomía, federación y confederación, es como buscar la cuadratura del círculo.

De aquí que, una vez aprobado este Estatut, con mucho rechazo y sin el entusiasmo de casi nadie, el Gobierno y la Generalitat no logren ponerse de acuerdo en aplicar muchos de sus puntos clave. Por ejemplo, en el tema de la financiación, que ahora les enfrenta, en uno de los momentos políticos más calientes y peligrosos.

El dia 9 de agosto ( a los dos años de aprobado) debía de haber un acuerdo concreto entre Gobierno y Generalitat para la aplicación del mecanismo de la financiación. No ha sido posible. ¿Por culpa de quién? Pues ni del Gobierno ni de la Generalitat, quizás compartida, pues un acuerdo no es posible si una de las partes no lo quiere. Pero en este caso, la culpa es sobre todo del propio Estatut. ¿Cómo se puede poner fecha exacta para un acuerdo, que depende de dos partes, de que estas quieran y puedan llegar a un compromiso sobre un texto? Era absurdo.

Encima, se trata de una cuestión difícil en si misma (como todas las de dinero) y también porque repercute en las otras comunidades autónomas. Una cuestión que desborda toda negaciación bilateral Estado-Generalitat, y que por ello debe encajar en el marco jurídico general vigente, si no se quiere que caiga en inconstitucionalidad.

Desde algunos sectores radicalizados se acusa al Gobierno de demorar el tema , para evitar comprometerse, en espera de que sea el Tribunal Constitucional quien se pronuncie. Alguien, con mal gusto, ha llegado a decir que Zapatero espera que sea el Constitucional quien le “haga la faena sucia” enmendando antes el texto estatutario. Texto que él y Maragall propiciaron y aprobaron.

El Estatut es una chapuza política y jurídica, como en la práctica se demuestra. ¿Es de extrañar, por tanto, que se tema tanto por algunos la sentencia del Alto Tribunal? ¿No ha confesado el propio ex President Maragall que las cosas se hicieron mal y que habría sido preferible modificar antes la Constitución que el Estatut? ¿No es insinuar que este no cabe en aquella?

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Wifredo Espina. Comentarista político y exdirector del Centre d’Investigació de la Comunicació.

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