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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Tuvo que ser Estrasburgo quien hiciera justicia

Miguel Massanet
Miguel Massanet
sábado, 26 de julio de 2008, 19:27 h (CET)
Señores, quizá ustedes puedan pensar que lo más trascendental que está ocurriendo en España sea la grave recesión económica por la que estamos pasando o que la amenaza sea que el nivel de vida de los españoles descienda a cotas insospechadas, por lo menos para todos aquellos ciudadanos que no tuvieron ocasión (afortunadamente para ellos) de vivir las vicisitudes y las hambrunas posteriores al fin de la Guerra Civil española. Pero, a mi modesto parecer, peor incluso que el nefasto gobierno del señor Rodríguez Zapatero, peor que esta fiesta abracadabrante con la que nos han obsequiado los del PSOE con motivo de los 100 días del nuevo gobierno, como si estuvieran viviendo en otro país donde todo fuera prosperidad, entendimiento y motivos de jolgorio; pues mucho peor que todo esto es, señores, la constatación del estado de la Justicia en nuestro país, del grado de corrupción política al que ha llegado y de las escasas defensas de que disponemos los ciudadanos ante un Estado de Derecho que tan influido anda por el intervencionismo del Gobierno de la nación y tan poco se deja influenciar por los principios del Derechoi, la equidad y la seguridad jurídica que garanticen la igualdad de los españoles ante la ley y el derecho a exigir de los tribunales que impartan la justicia con independencia, honestidad, rapidez y ética.

Si ya llevábamos años con la mosca detrás de la oreja, teniendo la percepción de que la separación de poderes propugnada por Montesquieu se haya convertido, al menos en nuestra tierra, en algo meramente utópico, como se ha venido demostrando a través de las actuaciones de los más altos tribunales del país en ciertas cuestiones en las que se ponía en cuestión el proceder del Ejecutivo, como en el caso de las ilegalizaciones de los partidos separatistas vascos; las luchas internas dentro del TC para conseguir la mayoría, antes de resolver sobre la constitucionalidad del famoso Estatut catalán; la ley “ad hoc” dictada por el Parlamento para prolongar el mandato de Mª Emilia Casas como presidenta del TC, a fin de asegurarse su voto en la sustanciación de los recursos del PP ante dicho tribunal; la sentencia, más que discutible por la forma en que fue instruido el sumario y por el desarrollo de la vista ante el juez Bermúdez, referente al juicio sobre el 11-M; la pasividad de la fiscalía con relación a la falta de la enseñanza en castellano en determinadas comunidades, como Catalunya, País Vasco, Baleares o Galicia; la descarada actitud de algunos jueces, como el juez Garzón, procesando a unos peritos que sólo habían hecho su trabajo y dejando en libertad a los que pretendieron falsificar sus informes ( caso ácido bórico); la negligencia en la ejecución de las sentencias etc; ahora parece que ha llegado la noticia que ha acabado de confirmar la primera sensación, el hecho de que, nuestras sospechas, estaban más que fundadas y que, a pesar de las admoniciones legalistas de la señora De la Vega y de las rotundas afirmaciones del irascible Fernández Bermejo, podemos llegar a la conclusión de que, en España, el tema de la Justicia se ha convertido en una merienda de negros.

En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que el Juez Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando fue condenado por el Supremo, en 1999, por prevaricación en el caso Sogecable. Les hago memoria: la empresa Sogecable pertenecía al grupo del señor Polanco y fue el juez Gómez de Liaño quien levanto la liebre al aceptar una demanda contra el consejo de administración de dicha sociedad, acusado de un presunto delito de estafa, apropiación indebida y falsedad. La demanda fue presentada por un grupo de personas entre las que se contaban don Jesús Cacho de El Confidencial y don Jaime Campmany. Hubo una guerra mediática protagonizada por El País, que defendía a los acusados y apoyaba al grupo Prisa y El Mundo que denunciaba la campaña de acoso contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño. Los “malos” ganaron y consiguieron que se tachara a Riaño de prevaricador, lo cual supuso su expulsión por 15 años de la carrera judicial. Recurrida la sentencia ante el TC este la confirmó. El recurso se había formulado en base al hecho de que los magistrados del Supremo que lo condenaron, Bacigalupo y García Ancos, los mismos magistrados de la Sala Segunda de lo penal del Supremo que previamente habían confirmado su procesamiento y abierto la vista oral. A ello se opuso tenazmente el fiscal José Maria Luzón. La incompetencia para que el instructor pudiera formar parte de la Sala que juzgó a Gómez de Liaño era pues evidente y ambos deberían haberse abstenido para evitar ser juez y parte en un mismo juicio.

El Tribunal de Estrasburgo, al que recurrió el juez Liaño, ha dictaminado que el juicio estaba “contaminado” por la presencia de los jueces incapacitados para juzgar al juez perjudicado debido a su participación en el sumario. Pero lo que, aparte del aspecto legal, resulta más escandaloso es el hecho del apoyo que recibió el grupo del señor Polanco y la recusación de Juan Luis Cebrían contra el magistrado, por toda la prensa pública y el ensañamiento con que cebaron en la figura de Liaño por “haberse atrevido” a meterse con aquel poderoso grupo mediático. El Tribunal de Estrasburgo, pues, ha condenado a España, por unanimidad, por haber violado el derecho de cualquier ciudadano a ser juzgado por un tribunal “independiente e imparcial”. Un fuerte varapalo al Gobierno pero, al mismo tiempo, un severo correctivo para nuestros dos altos tribunales por haber actuado ilegalmente a sabiendas de que estaban infringiendo la legalidad vigente. Y este mismo TC va a ser el que tendrá que decidir sobre la constitucionalidad del Estatut ¡preparémonos para lo peor! Pero, entre tanto, sería conveniente que alguien me explicase quién va a poner remedio al entuerto, ¿qué va a ocurrir con estos tres magistrados que prevaricaron para culpabilizar a alguien que era inocente?, o, ¿acaso los van a dejar sin sanción alguna porque trabajaron siguiendo la voluntad del gobierno de entonces?

Alguien, de mis innumerables detractores, me acusaba de pretender ser más enterado, más listo o más sabio que los señores magistrados de tan altos tribunales; debo contestarle que no, por supuesto que no; pero puede ser que sí sea más honrado. Por otra parte, desde mi posición de ciudadano de a pie, he podido comprobar que la sabiduría del pueblo llano, en ocasiones, vale más que varias carreras universitarias que, en ocasiones, pueden impedir a determinados personajes que atiendan a algo tan simple y sencillo como es el sentido común. A él apelo yo y, vean ustedes por donde, tengo la suerte de atinar alguna vez, como en este caso en el que, los “intocables”, reciben su merecido aunque la enmienda al error nos llegue de fuera de nuestras fronteras. ¡También es importante el factor suerte en la vida para compensar, en algún caso, la falta de inteligencia!

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