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Desafío al Estado desde el Estado

Wifredo Espina
Wifredo Espina
@wifredoespina
jueves, 17 de julio de 2008, 04:28 h (CET)
Nuevamente, Ibarretche, con la complicidad del parlamento vasco, desafía al Estado. Acaba de oficializarlo con la publicación de su plan sobre la consulta o referéndum soberanista o de autodeterminación de Euskadi.

También en Cataluña va ganando terreno, en el mundo político más que en el social, el deseo y la decisión de plantear envites de autodeterminación frente al Estado. Solo hace falta, para verificarlo, repasar las ponencias y las conclusiones de los últimos congresos de algunos partidos, como ERC y CDC , y las declaraciones de ciertas plataformas llamadas cívicas.

Que estos planteamientos se hagan desde formaciones políticas o movimientos sociales, entra dentro de la diversidad y pluralidad .que caracteriza a un país tan poco homogéneo, de larga historia y distintas culturas y lenguas, como es España. Otra cosa es que se haga desde gobiernos, o por socios de estos gobiernos, que deben su legitimidad al actual marco jurídico-constitucional que instauró el Estado de las Autonomías: es decir, que dio origen y entidad jurídica a aquellas autonomías.

Desde su origen y con su plasmación legal, las actuales autonomías forman parte sustancial del Estado. Por tanto, son Estado, como ellas mismas se encargan de recordar y proclamar, con cierta frecuencia, especialmente cuando se trata de defender o reclamar competencias ya cedidas o aún por traspasar, si desde la Administración central se recortan, limitan o retrasan, incumpliendo lo establecido.

Si las Comunidades autonómicas, sus gobiernos y parlamentos, son parte del Estado, si son Estado, ¿cómo es posible que desde las mismas se desafíe al propio Estado sin entrar en una clara contradicción y aún deslegitimación? No solo puede entenderse como una manifiesta deslealtad, sino como un socavarse sus propias raíces jurídico-constitucionales, lo cual les deja a la intemperie de toda justificación y protección dentro del vigente Estado de Derecho.

Por muchas razones que invoquen (históricas, sociales, culturales, etc.), muy legítimas en el campo de la discrepancia social democrática, institucionalmente las Comunidades Autonómicas no pueden desafiar o pretender romper el marco constitucional al que deben su razón de ser, como instituciones legales. Pueden proponer y propugnar su mejora o reforma, más o menos radical, pero no salirse de el, porque en este caso quedarían sin fundamento jurídico, quedarían en el aire. Se autodestruirían automáticamente.

Siendo parte del Estado, siendo Estado, no se puede ir contra el mismo Estado del que se forma parte sustancial. Equivaldría, vestido como se quiera, a un golpe de Estado desde dentro del Estado.

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