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Los nacionalismos se salen con la suya

Miguel Massanet
Miguel Massanet
viernes, 11 de julio de 2008, 09:01 h (CET)
Las tenazas de los nacionalismos tienen atrapado al PSOE. No cabe duda de que, como se está demostrando en las reuniones de estos días, en el famoso Congreso socialista, aparte de sus consabidos tics izquierdistas y de sus delirios de grandeza, que los llevan a gastarse el dinero que reciben de las arcas del Estado (surtidas de los impuestos de los sufridos contribuyentes) para pagar sueldos a 16 nuevos miembros de la Ejecutiva del partido, como si, los que ya vivían del chollo, no se bastaran y sobraran para organizar las finanzas y los despilfarros de todos aquellos que viven del PSOE; la máxima preocupación de todos los organizadores, empezando por ZP y Pepiño Blanco (flamante nuevo Vicesecretario General) y acabando por el último compromisario; es sin duda, que, en las deliberaciones que se lleven a cabo en el seno del Congreso, se procure hablar lo menos posible de la crisis económica y de los letales coletazos que nos está propinando a los españoles, especialmente el nutrido grupo de ciudadanos de a pie que, como casi siempre, somos los que siempre tenemos que apechugar con el “marrón” más grande.

Sin embargo cabe destacar la rapidez con la que se han puesto de acuerdo, incluso por parte de los más reticentes con el tema de los nacionalismos, para dar un paso más en su cesiones a los catalanes. El señor Zapatero parece que ha decidido quitarse la careta y ya no le ha importado apoyar la vergonzosa inmersión lingüística que se está llevando a cabo en Catalunya. Ahora, para cubrir sus vergüenzas, como es habitual en él, procura embadurnar el papel del PP achacándole querer utilizar la defensa del castellano para dividir España. Qué curioso, cualquiera hubiera dicho que lo que estaba sucediendo era que quienes pretendían dividir al país eran los separatistas catalanes y vascos y los que pretendían que esto no sucediera eran precisamente los siempre denostados militantes de la derecha. Porque, si no estoy equivocado y si lo estoy que alguien me corrija, no hace más de una semana que el TSJC volvió a decirle al Ejecutivo del Tripartit que gobierna la Generalitat, que tenía la obligación de impartir la tercera hora de castellano. Da la casualidad de que ya, en varias ocasiones, los tribunales han instado a que se cumpla le ley y, en todas ellas, los del Gobern catalán se han pasado las resoluciones del Alto Tribunal por el forro de los pantalones. Y parece ser que, si Dios no lo remedia, en esta ocasión ocurrirá lo mismo, si es que nos fiamos de las declaraciones de algunos destacados miembros de aquella institución que ya han anunciado que no van a hacer el más mínimo caso de la resolución de aquel tribunal. Los tribunales, como ya sucedió con la obligación de que la bandera nacional luzca en todos los edificios públicos, dictan sus resoluciones, pero como los fiscales no se ocupan de que se ejecuten, todo queda en letra muerta.

Si todas estas actuaciones vienen a dar la razón a quienes sostenemos que en España esto de la vigencia del Estado de Derecho no es más que una broma de mal gusto, veamos lo que el señor Ibarretche, desde la cancha del otro polo del nacionalismo Vasco, continúa con la serie de despropósitos a los que ya nos tiene acostumbrados. En primer lugar, no somos capaces de entender como un señor que hace apología del separatismo vasco, que tanto de palabra como de obra, ataca la unidad del Estado español y se atreve a enfrentarse con el Gobierno de la Nación, continúa ostentando el cargo de lehendakari de Euskadi. Y aquí me voy a permitir una pequeña disquisición que creo que está en la mente de todos los españoles. Una de las cualidades de toda Ley es que deba ser fácilmente comprensible para la ciudadanía, eso quiere decir que su lectura permita que cualquiera pueda entenderla y, en consecuencia, que no tenga dudas a cerca de cómo debe aplicarse. Yo estoy convencido de que la Constitución es clara, tanto en cuanto a la definición de los derechos de los españoles como en lo que respeta a la consideración que se debe dar a los símbolos de la patria y a lo que debe ser entendido como su unidad, y las instituciones que tienen el deber de procurar que estos preceptos sean cumplidos. No obstante, nos hemos inventado un tribunal, el TC, que parece que, en lugar de aplicar en su sentido más evidente y asequible las palabras de la Ley constitucional, parece que está emperrado en buscarle tres pies al gato y salirse de la línea recta, la más corta y entendible, para “lucirse” buscando trucos, triquiñuelas y trampas legales que permitan vaciar de contenido los preceptos constitucionales para, con ello, favorecer a determinados colectivos minoritarios o plegarse a las presiones del Gobierno. Una ley que no pueda ser entendida por todos no es una ley válida y una ley que precisa de que sesudos y enfrentados juristas se tengan que pasar meses para dilucidar su sentido, no sólo no es justa, sino que se trata de una trampa para el noventa por ciento de ciudadanos que no tienen la obligación de ser juristas para ser españoles y gozar de los derechos inherentes a ello.

En segundo lugar, es de todo punto incomprensible que a este señor no se le haya puesto un bozal legal en la boca y se le haya replicado con contundencia. Parece cosa de chiste que la señora De la Vega nos diga que se ha tenido que consultar al Consejo de Estado para ver si el señor Ibarretche podía o no convocar el famoso referéndum, para determinar si se escinden de España o no. El hecho incomprensible de que el lehendakari nos espete a los españoles “que no sabemos lo que nos decimos cuando no admitimos que el pueblo vasco pueda, por su cuenta, decidir si aquel pedazo de tierra, es o no español”; es algo que clama al cielo. Y todo ello nada más ha sido fruto del ejemplo dado por el PSOE cuando se ha puesto por montera la Constitución y ha concedido a los catalanes un Estatut que no se mantiene en pie y que es el paradigma de todo lo que está prohibido por la Carta Magna. El mal ejemplo le ha servido al retorcido de Ibarretche para apoyar sus pretensiones y justificar sus desplantes. Nadie puede dudar del derecho de todos los españoles a pedir la unidad del país y la obligación de todas las instituciones de mantenerla, sin que sea lícito que ninguna comunidad, municipio o ciudad pueda, por su cuenta, asumir las facultades soberanas que le están conferidas a todo el pueblo español. Si la Constitución no se modifica con los requisitos que están establecidos en la ley, no existe la menor duda de que no hay posibilidad alguna de que, Ibarretche, se salga con la suya. Y, por cierto, ¿a todo esto que dice la señora Chacón con su ejército “pacifista” y ¿ qué dicen en la Casa Real sobre una cuestión en la que sí tienen algo que decir? Dos misterios sin descubrir.

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