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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

La responsabilidad de Zapatero ante la masacre de los inocentes

Roberto Esteban Duque
Redacción
lunes, 23 de junio de 2008, 23:37 h (CET)
El ministro de sanidad, Bernat Soria, desnuda estos días, sin sonrojo alguno, su vocación por una estética de la muerte, expresando su deseo de alcanzar un consenso para la ampliación del aborto. El ministro de Justicia, Fernández Bermejo, declara lo mismo, eadem sed aliter, las mismas cosas, sólo que de otra manera, esperar siquiera el acuerdo de los partidos progresistas para que haya una mayoría suficiente. Esta es la altura de los tiempos, esperar la corrupción moral de la ley para poder matar. El Parlamento se convierte así en la última ratio de inmoralidad pública, sin capacidad de más audición que la dictada por las mayorías.

Por su parte, Zapatero aspira a una optimización del mundo a largo plazo, quiere convertirse en un hombre de paz, y postula una moratoria mundial de la pena de muerte hasta el 2015, sin dañar su conciencia al mismo tiempo su aplicación para los más indefensos. Es decir, se protege con plena coherencia la vida humana en el ámbito de la sociedad del bienestar, pero se matan a seres humanos indefensos de forma abierta y clara, sin ningún pudor. De este modo, se asume una espantosa responsabilidad por la muerte, un cinismo y una hipocresía atroz, donde lo que subyace es la pretensión de dominar definitivamente la vida humana. Es discutible que la pena de muerte sea necesaria para restablecer la justicia, para preservar la sociedad en tanto que comunidad de Derecho, pero ¿qué justicia pretende hacerse con la muerte de un inocente ampliando el aborto?

La nueva cultura y el nuevo hombre que emergen en la sociedad parecen no sentirse limitados por nada ni por nadie. El labriego chino creía que el bienestar de su vida dependía de las virtudes privadas que tuviese a bien poseer el emperador. Por tanto, su vida era referida a esa instancia suprema de que dependía. Pero el hombre al que me refiero se habitúa a no apelar a nada fuera de sí mismo, se siente soberano de su vida, no vive bajo ninguna servidumbre porque acepta su finitud y se reconcilia con ella, eliminando cualquier trascendencia.

Nos encontramos así con un hombre capaz de separar, sin vértigo alguno, lo público de lo privado. Y el resultado, como sostiene Angelo Scola en Una nueva laicidad, es una inevitable dialéctica entre los intereses personales y las exigencias morales objetivas. El Estado no podrá invitarnos a una empresa común mientras siga separando lo público de lo privado. Este dualismo se patentiza en la vida matrimonial y familiar, donde se opone el deseo a la maternidad y paternidad, por un lado, y el hijo como sujeto capaz de autonomía socio-jurídica por otro. El hijo no se percibe como un don, como fruto del amor gratuito del matrimonio, sino como un objeto supeditado a la voluntad soberana de los padres. Tanto en el imaginario colectivo como en la conciencia personal, el hijo pierde el primado. Si no es deseado, se recurre al aborto. Sin embargo, si hay problemas para engendrarlo, todo está permitido, con tal de satisfacer el deseo de los padres. De este modo, el hombre no es otra cosa que el experimento de sí mismo.

El uso racional de la inteligencia debería proporcionar felicidad personal y política, como afirma José Antonio Marina en Dictamen sobre Dios. Sin embargo, Marina pretende un racionalismo ético, un secularismo de la moral que la desvincule de un fin para la vida. Es el mismo error del Estado, que parece convertirse en una auténtica amenaza para la felicidad de la comunidad al abdicar de su noble misión de proteger el derecho a la vida humana. El Estado no podrá invitarnos a ninguna empresa común cuando todo queda a merced de una escandalosa provisoriedad, abierto a mejoras o empeoramientos. La ley del aborto no necesita ampliación o reforma, lo cual significaría tanto como decir que la muerte necesita ser oficialmente regulada o que es algo imprescindible para el bienestar de la comunidad. Las consecuencias de una determinada legislación pueden ser muy ventajosas para muchos, mientras otros pueden verse privados de sus derechos por esa misma legislación.

Zapatero debería proponer la moratoria hasta la misma fecha para el aborto. Aunque en realidad no es necesaria una moratoria, sino hacer del aborto un acto ilegal. Sólo hay verdad en la existencia cuando sentimos sus actos como irrevocablemente necesarios. No es admisible que la masacre de los inocentes sea oficialmente reconocida. El hombre y la mujer no son soberanos de la vida y de la muerte de su hijo. ¿Por qué no se decide ningún partido político a reclamar el final de semejante holocausto silente que devuelva a las mujeres la protección legal para sus hijos? ¿Por qué se tiene sensibilidad política para poner límites éticos a la pena de muerte y no existe otro criterio entorno al aborto que el propio bienestar o el mayor posible que decida la mayoría? ¿Cree Zapatero liderar la paz cimentada en los derechos humanos al proponer una moratoria para la pena de muerte y al mismo tiempo no asumir ninguna responsabilidad respecto de la muerte de los inocentes? ¿O acaso, como a Lenin, todo le está permitido? Para el Estado impedir el aborto es un deber de rango superior. Para el gobernante vale aquello de Sócrates, pronunciado antes por Demócrito: obrar injustamente es siempre mucho peor para los que cometen la injusticia que para quienes la padecen. Para el creyente sólo vale la formulación de San Pablo, “conservarnos sin mancha ante el mundo”.

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