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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿A costa de qué dinero se ha zanjado la huelga del transporte?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
domingo, 22 de junio de 2008, 06:02 h (CET)
En este país en el que nos ha tocado vivir parece ser que, si uno quiere medrar a costa de sacar provecho de quienes nos gobiernan, arrancarles sabrosas tajadas de las arcas públicas, con las que tan roñosos se muestran quienes se ocupan de engrosarlas con nuestros impuestos, y llevarse el gato al agua o la doncella al huerto sin tener que esforzarse demasiado; no hay nada más efectivo, rápido y remunerativo que lanzarse a la calle, partirle la cara a algunos infelices que se presten a ello y poner el máximo empeño en obstaculizar, complicar y elevar al paroxismo la vida de los ciudadanos de a pie que son los que siempre salen perdedores en las luchas entre la Administración y los que le plantan cara mediante lo que se ha dado en denominar “huelga salvaje”; que no es más que una manera más o menos eufemística de calificar una sarta de acciones irresponsables, destructivas, salvajes, desorbitadas y, en muchas ocasiones, criminales; de una serie de personas que, individualmente, seguramente serían incapaces de matar una mosca pero que, señores, en cuanto se reúnen en masa se convierten con una facilidad pasmosa en transformistas al estilo del doctor Jerkill y mister Hide.

Si esta costosísima huelga de transportistas nos ha supuesto, a los españoles, sacar de nuestras faltriqueras cientos de millones de euros ( puede que miles) y para solucionarla es muy posible que, lo que haya cedido el Gobierno para restaurar la normalidad, nos vaya a costar otro montón de millones. Habría que preguntarse si, a la vista de las reclamaciones que previamente se les hicieron a nuestros gobernantes – hay que decir que muchas de ellas más que justificadas y, en ocasiones, motivadas por la falta de previsión, la incuria y la desidia de quienes tenían la obligación de prever los efectos de la crisis económica –, no hubiera sido más sensato, más económico y menos traumático coger al toro por los cuernos y haberse puesto a negociar cuando todavía el tema no había adquirido la virulencia que luego alcanzó; e intentar solucionar con más mano izquierda y menos pasotismo lo que, más tarde y peor, se ha tenido que aceptar de mala manera, deprisa y corriendo, y con heridos y muertos de por medio.

Enseñar al pueblo que el camino de la violencia es más rentable y remunerativo que el de las palabras, las negociaciones y los acuerdos, es como ponerle a un león hambriento una tierna gacela a su alcance. Las muestras las hemos tenido en el comportamiento de determinados colectivos, que han convertido en victorias de hecho protestas o reclamaciones que, de derecho, no podías conseguir. La quema de los retratos de los reyes ( por cierto que todo quedó al fin en agua de borrajas, sin castigo alguno); los ataques contra determinados personajes de la política; las amenazas y agresiones para amedrentar a ciertas organizaciones que se han mostrado en contra de la erradicación del castellano en diversas regiones separatistas; la impunidad con la que partidos políticos como ERC han actuado, a veces con violencia, contra aquellos que defienden la unidad de la patria y la bandera; las extorsiones que han sufrido personas para obligarlas a pagar a bandas terroristas cánones, rescates y chantajes; las cesiones a los nacionalistas catalanes para conseguir su apoyo para gobernar; son un ramillete de ejemplos que dan muestra de la falta de energía y la debilidad de un gobierno, que lo ha supeditado todo a mantenerse en el poder aunque, para ello, haya tenido que consentir que España se haya convertido en un país dividido, insolidario, incontrolado, dirigido por minorías nacionalistas y agobiado por el terrorismo y las bandas de criminales fruto de una política inmigratoria sesgada y errónea.

Lo curioso de este caso concreto de la huelga de transportistas es que, por lo visto, en España están sobrando camiones de transporte. Al parecer, hoy en día, hay una superoferta de servicios y ello motiva que la ley de oferta y demanda marque los precios máximos que, dadas las circunstancias actuales, es fácil imaginarse que deben ser muy ajustados. Es evidente que algunos transportistas se han valido de la excusa del aumento del gasóleo para intentar salir lo mejor parados de una situación que, con toda seguridad les podía haber llevado a la quiebra. Lo que, desde el punto de vista del interesado, puede considerarse normal, sin embargo, cuando uno se da cuenta de que en las ayudas que ofrece el Gobierno hay una partida de 25 millones de euros para “ayudas al abandono de la actividad” cabría preguntarse si esto tiene sentido. El tema de las subvenciones siempre me ha parecido un atentado directo contra la ley de oferta y demanda porque, si alguien decide emprender una actividad o un negocio, debe saber que se expone a que le vaya mal y asumir, de antemano, las consecuencias de su decisión y no esperar que, en caso de fracaso, sea el Estado quien acuda en su ayuda y le ayude a salir del atolladero a cargo de los fondos públicos. Estamos en lo de siempre: unos trabajan, se esfuerzan en crearse una posición, pagan impuestos para que luego, el Estado en lugar de invertirlos en infraestructuras, mejoras de servicios colectivos u otras inversiones semejantes los destine a sacarles las castañas del fuego a aquellos que han fracasado porque no han tenido la previsión o la inteligencia precisas a la hora de escoger sus inversiones. Unos producen para que otros, que se hacen los listos, salgan de rositas cuando se equivocan.

Y aquí viene cuando uno se pregunta ¿qué clase se responsabilidad se le puede exigir a un gobierno que, para librarse de un problema, no duda en utilizar el dinero público en favorecer a quienes debieran pagar con sus propios bienes sus errores? Hace poco se dejó entrever que era muy probable que la Administración echara mano del Fondo Garantizado para las Pensiones, para destinarlo a taponar, con él, los agujeros que se están prodigando debido a su mala administración. Sería muy conveniente que los partidos de la oposición se interesasen en controlar lo qué hay de cierto en todo ello, porque son muchos, millones, aquellos que dependen de sus pensiones (jubilados, incapacitados, viudas etc.) para vivir; y, al mismo tiempo, son los que están más indefensos ante la voracidad del Estado cuando se trata de lanzarse sobre una cantidad tan apetitosa y que tan barata le saldría. En cualquier caso, cualquier intento de aprovecharse de estas personas mayores para expoliarlas y llevarlas a la indigencia, está condenado al fracaso, porque sus votos son suficientes para acabar con el dominio socialista tan pronto como se lo propongan. Un tema muy delicado que merecería la atención inmediata de aquellos a quienes les competa velar por los más débiles eslabones de la sociedad.

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