Desde el fin de semana pasado estamos escuchando y leyendo que el sector del transporte está en huelga y la verdad es que no se trata de una huelga estricta, si analizamos la situación veremos que quienes han convocado los paros de los camiones son las organizaciones Fenasdimer y Confedetrans que tan sólo agrupan a un 18 % del sector y que representan a propietarios autónomos de camiones. La principal patronal del sector está en contra de la huelga con sus camiones parados en arcenes y garajes debido a los llamados piquetes informativos que, como todo el mundo sabe, a veces hacen alguna cosa más que informar. Estamos ante una situación a la que no deberíamos motejar como huelga ya que para que este derecho, reconocido en la Constitución, tenga lugar se requiere que los trabajadores- nunca los propietarios de los camiones- decidan ausentarse del trabajo para reivindicar algo relativo a su actividad.

Pero estemos ante una huelga, ante un cierre patronal o ante la figura jurídica que ustedes quieran la verdad es que es el pueblo llano el que, como ocurre siempre, sufre las consecuencias del acaparamiento de combustible y productos que se han producido ante esta actitud, rozando el chantaje, de los pequeños propietarios de camiones. Las constantes subidas de los combustibles han afectado a este sector mayoritariamente pero somos todos los ciudadanos los que hemos visto mermada nuestra economía diaria con las constantes subidas del barril de petróleo. Los aumentos de los carburantes también han repercutido en nuestros bolsillos cada vez que hemos tenido que llenar el depósito del automóvil para acudir al trabajo o cuando lo hemos hecho en otros medios de transporte terrestres o aéreos así como cuando llenamos la cesta de la compra en la que dichos incrementos ya van implícitos. Y seguro que también pagaremos a escote cualquier solución económica que tomen el Gobierno y los transportistas.

Paralizar un país con unas exigencias- la tarifa mínima- a las que el Gobierno no puede dar solución por depender la misma de la Unión Europea es una actitud irresponsable y más todavía cuando aquellos que ejercen su derecho a no trabajar impiden con violencia y malas artes el derecho al trabajo de los que no están de acuerdo con el paro mediante la presencia intimidatoria de los mal llamados piquetes informativos.

Una prueba más de que no estamos ante una huelga tal y como la definen las leyes laborales es que la autoridad correspondiente en ningún momento ha decretado unos servicios mínimos como se hace habitualmente ante cualquier anuncio de huelga en cualquiera de los sectores productivos del país. Mucha gente se pregunta si la actitud de los transportistas es susceptible de algún tipo de sanción y la respuesta es que sí lo es. Existe una Ley de Ordenación del Servicio Terrestre en vigor desde el año 1987 que habilita a la autoridad para fijar servicios mínimos cuando se produce un “absentismo empresarial” como ahora está sucediendo. El Gobierno central, mientras intenta negociar acuerdos, da la callada por respuesta, no establece los servicios mínimos necesarios y se escuda en las CC.AA. a las que en su día transfirió las competencias relativas al transporte por carretera. Y unos por otros la casa por barrer.

Con la crisis económica le ha llegado al Gobierno de Rodriguez Zapatero el primer desafío importante, la posible paralización del país por las exigencias de un colectivo que, ahora nos damos cuenta, nos tiene en sus manos. El Gobierno no puede mirar hacía otra parte ante este grave conflicto y debe utilizar las herramientas que posee para intentar llegar a un final feliz del mismo. Dialogo siempre que ello sea posible, concesiones a la otra parte las que sean razonables y la fuerza de la ley cuando sea necesario. De un Gobierno se espera que sea efectivo y que solucione los problemas que se presentan, lo que los ciudadanos no pueden llegar a comprender es que utilice la política del avestruz escondiéndose ante los problemas para ver si estos se resuelven con el paso del tiempo. Y si hay que tomar medidas severas que se tomen. Recordemos que los transportistas realizan su trabajo mediante una autorización administrativa y que si no cumplen con lo acordado hay establecidas medidas legales para revocarla, por no hablar de la legislación relativa al tráfico tan infringida estos días de camiones llenando los arcenes de las carreteras y que los agentes de tráfico de la Guardia Civil hubieran aplicado a rajatabla de ser vehículos particulares quienes llenaran los arcenes.