Dice nuestra Constitución en su artículo sexto que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.

La existencia de varios partidos expresa, sin duda, el pluralismo político. Los países con partido único o partido permanente como fue el PRI mejicano no son nunca democráticos. Cuando a la palabra democracia se le añade un adjetivo como por ejemplo: democracia orgánica, democracia popular, democracia social o social democracia, lo que desaparece es el sustantivo democracia, que queda absolutamente desfigurado.

Gracias al pluralismo político pueden ofrecerse a los ciudadanos, en quienes, no olvidemos, reside la soberanía, diversas formas y soluciones para organizar la convivencia y resolver los problemas que vayan apareciendo a lo largo del tiempo. Por tanto cada cuatro años lo que habría de someterse a consulta de los españoles serían los programas con las orientaciones y soluciones que proponen de forma clara y entendible cada partido político.

El programa de cada partido debería ser un compromiso, un contrato con los votantes que lo respalden. Pero en la realidad los programas no se hacen para cumplirlos, como dijo Tierno Galván, según creo. Una vez obtenidos los votos, en lugar de representar a sus votantes con exacta fidelidad al programa, cada partido se dedica a disfrutar del poder que obtenga en el gobierno o la oposición y a decidir desde sus cúpulas dirigentes, sin contar para nada con sus votantes y a veces ni con sus militantes, sobre pactos y componendas.

Aquello de que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular es problemático. Concurrir a formar la voluntad popular tendría sentido cuando en tal concurrencia además de los partidos hubiera una sociedad civil viva y organizada. El individuo aislado no puede hacer otra cosa que votar cada cuatro años unas listas cerradas y bloqueadas que otros han cocinado, pero si forman parte de organizaciones libres, no subvencionadas, ni mediatizadas por una relación clientelar con los partidos, harían valer el peso de los titulares de la soberanía y someterían a un control real al gobierno y a la oposición.

Para que la sociedad pueda expresarse libremente necesita libertad y un marco claro de referencias legales. No puede ser que los ciudadanos estén inermes frente a las múltiples administraciones que costeamos con nuestros impuestos. No puede ser que nuestros gobernantes decidan por nosotros, sin contar con nosotros, sobre la economía, sobre la moral, sobre la salud, sobre la educación, sobre nuestro presente y nuestro futuro. No puede ser que sólo podamos expresarnos cada cuatro años. La voz de la sociedad organizada tiene que ser oída permanente por los gobernantes y los partidos, pero es necesario que estudie, piense, razone, no se deje manipular y sea independiente de las administraciones y de los mismos partidos.

Si la constitución dice que los partidos son instrumento fundamental para la participación política, hay que entender que lo fundamental es que son sólo instrumentos y los instrumentos son útiles si sirven para hacer realidad la participación política de los titulares de la soberanía nacional, pero si la suplantan se convierten en instrumentos de dominación y coerción.

Quizás tendríamos que tener todo esto en cuenta cuando el partido gobernante proclama que puede hacer lo que quiera con su mayoría de votos y el principal partido de la oposición trata de cambiar la oferta política que hizo a sus votantes, pensando que así conseguirá el poder que por segunda vez se ha escapado de sus manos. Con una sociedad más viva y organizada esta deriva sería imposible.