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Etiquetas:   Familia y educación   -   Sección:   Opinión

¿Vuelven los caciques?

Emili Avilés
Emili Avilés
viernes, 6 de junio de 2008, 05:16 h (CET)
Es claro que los poderes públicos no están para que quien mande se sepa obedecido y controlador de los demás. La verdadera misión de cualquier responsable político o institucional, si es que desea evitar el autoritarismo, es ayudar a construir la libertad de los demás, una libertad creativa, raíz de un verdadero bienestar. Eso facilita a todos obrar con la razón y en defensa del bien común. Es así como cada ciudadano se enmarca en un equilibrio de responsabilidad y libre albedrío. Situación que tiene una gran consecuencia práctica, que facilita enormemente la buena convivencia: En su esfera más próxima, cada persona también ejercerá la autoridad, cuando sea preciso, con justicia y eficacia.

Todo esto viene a cuento al saber que en algunos lugares, incluso de gran tradición democrática, se está condicionando cualquier derecho individual a las decisiones de unos pocos poderosos. A eso se le llama democracia orgánica, una manera de gobernar más propia de los fascismos, de infausto recuerdo, que de un país moderno y libre de este nuevo milenio. ¿Quién querría regresar a aquellos horrores de opresión y vileza del siglo pasado?

Pues la mala noticia vuelve a estar muy relacionada con la familia y la educación. El lugar, la comunidad autonómica de Cataluña, otrora puerta de libertades para España. El instrumento, un ante-proyecto de ley que elimina, repetida y explícitamente, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos; que obliga a entender la educación como un unidireccional servicio público, exclusivo de la administración. ¿Quién puede querer eso para sus hijos, ni para nadie?

A estas alturas de la historia de la humanidad es inimaginable que alguien pudiera ver justo el derecho feudal de pernada (establecía la potestad señorial de tener relaciones sexuales con toda doncella, sierva de su feudo, que se fuera a casar con otro siervo suyo). Pues algo parecido, en lo ideológico, es este proyecto de ley que se quiere presentar próximamente a votación en el parlamento catalán. Así pues, somos una vez más lugar de ensayos de la peor alquimia política, kafkiana y exportable, claro.

Pero, el caso es que tenemos derecho a pedir un sistema educativo que garantice la libertad de elección porque somos seres personales que crecen abriéndose al entorno y creamos formas de vida comunitaria. Es lo que nos facilita crecer en tolerancia y evitar el pensamiento único.

Ya Antonio Machado en su Juan de Mairena nos recordó que lo importante para el hombre no es poder decir todo lo que quiere sino pensar con auténtica libertad. O sea, dejémonos de tanto dirigismo estatal.

Urge un esfuerzo de todos, administración, centros educativos y padres de familia, para buscar lo realmente justo, evitando prejuicios y fijaciones prepotentes.

Ahora nos toca a los ciudadanos de a pie, de cualquier país y nación, salir sin complejos a una batalla abierta de las opiniones, buscando comprensión entre todos, especialmente sobre los puntos fundamentales de la dignidad humana. Pero eso va a ser imposible si resulta que los poderes públicos desconfían de la sociedad civil y de su vitalidad para crear entidades e iniciativas que faciliten el mejor desarrollo de la sociedad entera.

¿O es que hemos de relegar nuestros principios y valores a lo íntimo del pensamiento? Más bien, como ciudadanos de un país libre, deberemos poder compartir abiertamente inquietudes y diferencias, para luchar, unidos, por el bien común.

Así, seguro que reconocemos todos algo básico: Que la familia y la escuela son clave para educar buenos ciudadanos, que los padres y madres de familia necesitamos orientación y buenos criterios educativos. No puede ser que los centros de enseñanza, de iniciativa social o institucionales, con gran arraigo y prestigio en nuestro país, puedan quedar, ni siquiera sibilinamente, fuera de un sistema educativo moderno y de calidad.

En este contexto, importa mucho reconocer la importancia del ideario de cada centro, sea público o privado, como sello de calidad y transparencia. Así, en real sintonía, se pueden realizar proyectos comunes –padres, profesores y alumnos-, esfuerzos compartidos, estrategias eficaces para el desarrollo integral de niños y jóvenes. Insisto, tanto en las escuelas públicas como en las privadas.

¿Dónde está el problema? Las cosas son como son, no como algunos políticos caprichosamente decidan, en un extraño afán por poner puertas al campo.

Si al querer elegir libremente el colegio para nuestros hijos, los padres de familia pedimos algo injusto o que atente contra alguien, que se nos diga en qué. Y si no, ¿por qué este maltrato continuado, sectario y obsesivo?

En todo caso, la libertad para elegir el centro educativo, donde los jóvenes ciudadanos reciban la formación necesaria, no es un privilegio, sino un derecho fundamental que tienen los padres. Además, esta diversidad será un gran antídoto para que a nadie se le ocurra instaurar un poder abusivo, ni local, ni autonómico ni estatal, como el de aquellos caciques del siglo pasado.

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