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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

El derecho a un hijo sano

Roberto Esteban Duque
Redacción
jueves, 22 de mayo de 2008, 04:52 h (CET)
Leo en El País que “el aborto hace caer el síndrome de Down”. Concretamente, en España uno de cada 1.100 niños nace con el síndrome del cromosoma 21, un 30% menos que la regla general. Progresivamente, los niños con síndrome desaparecerán con la amniocentésis y la ley del aborto, puesto que el 90% (según la fuente citada) decide abortar al enterarse de que su hijo tiene el síndrome.

Semejante información, que se asume como un proyecto sugestivo y felicitario, no hace sino abundar y promover cuanto se pueda y a pasos acelerados la despenalización del aborto, incitar a eliminar a los disminuidos ya en el estado más prematuro. Hace tiempo que mostraba su extrañeza el actual obispo de Palencia, José Ignacio Munilla, ante la ausencia de nacimientos de niños con el síndrome del cromosoma 21. Al enterarse - se lamentaba el obispo - los padres, con la anuencia del médico, lo eliminaban. Quizá, Sr. Obispo, todo esto tenga que ver con una cultura dominante alejada del cristianismo y de su enseñanza moral, con el retroceso galopante de la Religión, que suministra al hombre esperanza y sentido, incluso con la falta de formación de la conciencia, que ya no parece reprocharnos nada y termina por convertir lo malo en bueno.

Aquí existe toda una antropología relativista, un subjetivismo moral donde la vida y la dignidad humana se hace depender de la persona; un ethos que convierten al hombre y a su autonomía moral en un absoluto; una concepción de falsa eudaimonia, de vida buena relativa a una cultura esencialmente hedonista y utilitarista, donde el hombre descubre el bien y el mal en su propia interioridad, sin necesidad de recurrir a nada fuera de sí mismo, a ninguna instancia superior.

En realidad todo se reduce a la consideración de si está permitido matar a un niño enfermo para tener uno sano. El lenguaje se resuelve de un modo injusto cuando la pretensión o el deseo asume la categoría de derecho a tener un hijo sano. El deseo existe, pero no hay ningún derecho. La vida debería ser protegida desde el primer momento de su concepción, y no ser expuesta por el médico a la decisión rápida o no de la madre y del padre. La cuestión no es saber si es ético que un médico obligue a una apresurada decisión para abortar o no, como comenta aterrada una madre, invitada a dar una respuesta positiva o negativa en un minuto. El verdadero punto de partida de cualquier análisis sobre el aborto consiste en la aceptación de que no está permitido hacer ciertas cosas, que no “todo nos está permitido”, como sostenía Lenin, y que determinadas acciones no admiten ninguna deliberación. El principio y la convicción consisten en promover la vida y no destruirla.

La corrupción y perversión del aborto ante el nacimiento de un niño con síndrome de Down no radica en eliminar su vida, sino en el previo planteamiento de si vale la pena o no tener un hijo enfermo. Considerar que una gran ventaja (tener un hijo sano) justifica una acción injusta (matar al hijo enfermo) es la auténtica corrupción moral. No nos está permitido hacer el mal para que de él salga algo bueno. San Pablo condena esta máxima en la Carta a los Romanos, inasumible para la ética utilitarista, para quien es buena una acción si el conjunto de sus efectos resulta más deseable que cualquier otra alternativa. No es posible someter, como pretende la nueva ética (criticada con firmeza en la encíclica Veritatis splendor), la dignidad del ser humano a intereses personales, a nuestro posible bienestar, o juzgar las acciones como parte de una estrategia. La existencia de una vida humana entraña por sí misma un respeto a su dignidad.

Cuando se estima un bien lo que mi conciencia no me reprocha, la costumbre termina convirtiendo una mala acción en un acto justificado y hasta bueno. Somos responsables no sólo de lo que hacemos, sino también de lo que podríamos haber impedido, de nuestras propias omisiones. Una consideración que vale de igual manera para el legislador, cuya misión consistirá en evitar toda iniciativa orientada a programar la identidad de cualquier generación futura.

Aunque como se afirma en La novia de Messina, de Schiller, la vida no sea el más alto de los bienes, existe una indeclinable misión de Estado de proteger “el derecho a la vida”, interés en el que la Iglesia también se encuentra enteramente empeñada.

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