Lo dice en un periódico nacional, en una entrevista reciente que le han hecho. Mercedes Cabrera, la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, ha vuelto a cargar contra aquellos que se oponen contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ante la pregunta sobre las consecuencias de lo que está pasando en algunas comunidades como Madrid o la Valenciana, en las que se apoya la desobediencia civil a esta asignatura, su respuesta ha sido clara y tajante: “No obtendrán la titulación de la ESO. Pero no es una amenaza, es el cumplimiento de la ley”. Pues ahí se queda eso, porque lo dicta la ley, y a más de uno le habrá hecho sentirse cabreado…

Pues es verdad que la ley debe cumplirse, que para eso está. Pero también cabe afirmar que el Estado tiene sus límites, y cuando los sobrepasa entra en un terreno muy pantanoso. La incorporación de EpC en el currículo educativo y la intransigencia por parte del gobierno, está consiguiendo dividir a las familias, donde parece que haya ciudadanos de primera y de segunda, individuos liberados y otros adoctrinados. Quizás es el momento de enfatizar que una cosa es la libertad de conciencia, y otra distinta la libertad de las conciencias.

El problema de Epc viene por dos direcciones: por el contenido que se imparte, y la ideología de quién lo imparte. De hecho, en muchos colegios, han acabado por adaptar la asignatura a su identidad e ideario propio. Los alumnos son muy influenciables, están en un proceso de maduración personal y la actitud del profesor depende mucho de ello. Casi se podría afirmar que no existen asignaturas neutras, y si observamos la programación de algunas áreas como Filosofía, Historia, Ciencias Naturales… se prestan a darle un enfoque u otro dependiendo de la visión del profesor que las imparta.

¿Cuál es entonces la diferencia que existe respecto a Educación para la Ciudadanía? En que los contenidos vienen muy marcados por un adoctrinamiento que desde el Estado se quiere que se imparta. Ante esta situación, podríamos preguntarnos: ¿por qué el Estado tiene que decidir en base a una ética parcial que esa, y sólo ésa, es la ética universal? Hemos entrado en una nueva gnosis, en la cuál el legislador se vuelve el intérprete autorizado y autoproclamado de la moral y de la educación de las conciencias de los más vulnerables, que son los niños y los jóvenes. La metodología de los “dilemas morales” no es neutra, responde a una idea kantiana de autoconstruirse porque no se cree que se pueda mostrar y transmitir la verdad ni el bien; por lo tanto hay que llegar a ellas a través del consenso democrático y politizando la educación.

Relativizar la realidad objetiva para absolutizar las opiniones subjetivas no deja de ser un dogmatismo -a priori- de quien impone obligatoriamente las reglas del juego en materia educativa.

Las personas y las familias son previas a las legislaciones y las políticas de turno, por tanto no se puede ir contra ellas, ni fragmentarlas en sólo “ciudadanos”, pues se parcializa las dimensiones naturales de todo hombre.

Una vez más, EpC vuelve a estar en el candelero. El debate está servido.