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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Jurisprudencia contra EpC

Clemente Ferrer (Madrid)
Redacción
sábado, 17 de mayo de 2008, 05:41 h (CET)
La plataforma contraria a la Educación para la Ciudadanía está integrada por sesenta instituciones. Según expuso Leonor Tamayo, portavoz de Profesionales por la Ética, una de las asociaciones alentadoras de la objeción de conciencia, como una manera de encararse a la laicista disciplina.

En relación con al papeleo de las objeciones de conciencia, la plataforma suscita que se presente en las Consejerías de Educación antes que en los institutos y que éstos obtengan un duplicado de la instancia. "El cauce natural es el colegio, es éste el que la tiene que tramitar", afirmó Leonor Tamayo. Sin embargo y para que a los institutos, "ante los problemas que sufren, no se les presente la situación de no saber qué hacer con las objeciones de conciencia", la plataforma ofrece canalizarlas sin franquear la institución educativa.

Tamayo, asimismo notificó acerca de los recientes datos sobre las objeciones de conciencia contrarias a la disciplina Educación para la Ciudadanía exhibidas por las plataformas de los progenitores, que sobrepasan las 30.000 reclamaciones. Sin embargo, la portavoz de Profesionales para la Ética, opina que "debe haber muchas más, porque numerosos centros las entregarán al final del curso".

Por otra parte, la justicia de la Comunidad de Andalucía no ha tenido más remedio que aprobar el torcimiento paradigmático de la asignatura Educación para la Ciudadanía. El primer veredicto contrario al texto arribó de una audiencia andaluza ante la que una dama había reivindicado la objeción de conciencia. En este momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha refrendado como abolidos algunos enunciados incluidos en las Órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que precisan los currículos de Primaria y Secundaria Obligatoria en aquella colectividad andaluza. El fallo ordena que una vez que la sentencia sea indisoluble que, el mismo Tribunal Supremo, sea el que decrete sobre "la cuestión de ilegalidad" de los Reales Decretos que afectan a la puesta en marcha de esta asignatura laicista, Educación para la Ciudadanía.

La legitimidad pone así en peligro esta disciplina justo cuando algunas comunidades autónomas del Partido Popular se hallaban prontas para doblegarse ante el adiestramiento laicista proyectado por el Gobierno de Zapatero.

"El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental. Quién recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional", afirmó Juan Pablo II.

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CLEMENTE FERRER ROSELLÓ. Presidente del Instituto Europeo de Marketing, Comunicación y Publicidad. Madrid.

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