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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Corrupción de Estado

Roberto Esteban Duque
Redacción
domingo, 11 de mayo de 2008, 09:38 h (CET)
Cuando San Ignacio de Loyola, dudando si volvería a zarandear al moro blasfemo de la Virgen o continuar su jornada a Manresa, dejó la decisión a la mula que cabalgaba, nos estaba diciendo que no dejemos nunca decidir a nuestra mula, al infame gorila que en demasiadas ocasiones emerge en nuestro interior, al que ejercita actos perversos y reclama impune una España diferente, una patria donde se imponga el criterio del diletante y del frívolo, del plebeyo y del cerril, del separatista y ateo sobre el resto de una nación.

Los republicanos catalanes y los comunistas, mula vieja y descarada, auspiciados por el gobierno de España, laicistas más que moros pero igual de blasfemos, tienen prisa, como los vanidosos y concupiscentes, quieren cambiar las leyes y la historia, contribuir decisivamente a la decadencia progresiva de la moralidad y del bien. Son hijos de la impiedad, progenie de la anarquía o del “misterio de la iniquidad” del que habla San Pablo. Prometen una cultura moderna y tolerante, laica y plural, pero sólo ofrecen regresión, escepticismo universal y descreimiento, una cultura decadente y envilecida, dolorosa y opresora, una cultura que no respeta nada allá arriba ni tampoco a nuestro lado, bajo la máscara del discreto encanto de la tolerancia y del talante ilustrado.

La ley del aborto comienza ya su andadura en el Congreso de los Diputados. El Parlamento puede convertirse en la prueba más clara de la miseria política española en su intento de despenalizar el aborto y aprobar sórdidas aspiraciones que sólo llevan a desconfiar de una clase política mediocre y arrogante, propuesta siempre, como el hombre irreverente, a redefinir el bien y el mal, la verdad y la mentira, a poner límites ominosos y precisos a la vida y a la muerte. El espectáculo político y la barbarie democrática nos rodea; una odiosa chabacanería se adueña de la clase política, que sólo acierta a desorientar la vida nacional a través de actuaciones y de leyes abominables.

España se ve amenazada por la inmoralidad. No es ya sólo la cultura, sino el mismo Estado el que asume su decadencia al abdicar de su misión de proteger la vida. El Estado se corrompe cuando dimite de su misión, de su deber de protección constitucional de la vida humana, cuando la muerte queda oficialmente reconocida, legalmente aceptada. La misma sociedad es quien asume la responsabilidad de entregar a la muerte la vida de tantos inocentes. No vale decir que somos poco respetuosos con la pluralidad, ni que imponemos nuestras ideas morales. ¿O pretende el Estado negar a la sociedad y la propia persona la obligación de luchar por el derecho de las personas a la vida? Sin grandes hombres en el gobierno – Dios sabrá dónde están – una nación no es posible hacerse, no es posible sencillamente una nación.

El discurso parlamentario, cualquier consenso alcanzado sobre el aborto, no engendrará la verdad, ni podrá condicionar la visión sobre el respeto a la vida. Discutir sobre la ampliación del aborto significa la abdicación del Estado, que otorga a la mujer embarazada la soberanía sobre la vida y la muerte, haciendo de su vientre el lugar más inseguro. Es necesario liberar a la mujer de tanta servidumbre, de la violencia que se ejerce sobre ella y su dignidad cuando el Estado le concede el derecho para matar. La soberbia inmoral parlamentaria deviene dictadura social y política, mula vieja y moro blasfemo, cuando no se respeta el derecho a la vida, cuando el viejo Adán vuelve la espalda al Paraíso para encaminarse al Infierno de la masacre de los inocentes.

Para los creyentes, los destinos del mundo y del hombre están en las manos de Dios. Si debemos conservarnos, como dice San Pablo, sin mancha ante el mundo, sólo cabe asumir nuestra responsabilidad ante Dios, ante cuyo tribunal seremos juzgados. Nuestra fe en Dios posee unas consecuencias morales insoslayables, si bien, como afirmara Sócrates, obrar injustamente es siempre mucho peor para los que cometen la injusticia que para quienes la padecen. Subordinarse a una injusta razón de Estado significaría renunciar a toda convicción, no creer en lo incondicionado y vinculante, en las acciones que los griegos denominaban “bellas”, honestas en sí mismas, acciones que no admiten deliberación ni obscena estrategia política. Cualquier condición para el derecho a la vida sólo contribuye a la instauración progresiva de una cultura de muerte.

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