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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Impedir el ejercicio de la libertad religiosa

Jesús D. Mez Madrid
Redacción
miércoles, 30 de abril de 2008, 04:08 h (CET)
Llama la atención que la señora De la Vega, tal y como viene haciendo el Gobierno cada vez que ha emprendido algún ataque a la Iglesia católica, insista en que "no se pueden imponer creencias religiosas" pero, en cambio, considere legítimo que si se pueda imponer la ideología de su partido. Esto viene a cuento con el ataque lanzado desde el gobierno por el convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid.

En este contexto parece evidente que el Gobierno pretende lanzar una ofensiva en toda regla, tal vez sea otra cortina de humo para que no se hable de los datos económicos, para acabar con la existencia de las capellanías católicas en los hospitales públicos aunque solo atiendan a los pacientes que solicitan libremente sus servicios.

La señora De la Vega alega a que "De acuerdo con la Constitución española", aseveró la portavoz del Gobierno, "los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas" y la voluntad del paciente sobre su salud "tampoco puede tener otros límites que no sean los previstos en el Ordenamiento Jurídico ni los que se derivan de los criterios profesionales". No hay duda que tal afirmación pone en evidencia la intención del Gobierno de dificultar cuando no impedir el ejercicio de la libertad religiosa por parte de pacientes y familiares que libremente solicitan la asistencia espiritual en los momentos más delicados de la vida. En este nuevo debate abierto por el Gobierno cabe esperar una pronta intervención del principal partido de la oposición a pesar de la crisis interna que atraviesa.

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