Durante la semana nos ha tenido a todos en vilo, el suceso del secuestro del atunero español “Playa de Bakio” en aguas somalíes. Dándose fin al cautiverio y a la incertidumbre con la liberación de los veintiséis tripulantes, previo pago de un cuantioso rescate de 766.000 euros.

Creo que ante el desenlace hemos de felicitarnos sólo por la liberación de los secuestrados, pero en absoluto por el éxito de la operación, ya que en el momento en que se ha tenido que claudicar al pago de un cuantioso rescate, no nos puede dejar satisfechos sino inquietos, por lo que representa un negocio para la piratería de nuevo cuño.

La seguridad de los ciudadanos debe ser una pretensión que se cumpla rigurosamente en todos los lugares del mundo, y especialmente en el tráfico aéreo y marítimo, pues de lo contrario estaremos retrocediendo siglos en lo que supone de inseguridad de los mares.

Es cierto que la inmensidad del océano impide una seguridad permanente de todo el tráfico marítimo del mundo. Pero no es menos cierto, que este tipo de episodios de corsarios da antaño, no puede llevarlo a cabo cualquier grupo más o menos indocumentado, sino que detrás suele tener una formación paramilitar, y armamento para llevarlo a cabo, lo que de hecho supone que no pueda dar golpes de este tipo sin un mínimo de apoyo en alguna satrapía de la zona.

Por consiguiente, lo procedente sería que se localizara al grupo secuestrador y se le detuviera y pusiera a disposición de las autoridades competentes para su enjuiciamiento y castigo, así como al grupo, tribu o nación que le haya dado cobertura logística. Con el fin de desterrar definitivamente cualquier aventura que intente repetir este tipo de práctica delictiva. Porque de lo contrario, supone que se repita la acción nuevamente, por lo que supone de rentable negocio para la delincuencia internacional, o para cualquier grupo subversivo o aventurero.

Así que no vale que se presente la liberación como un éxito de la diplomacia española, que no lo es cuando se ha pagado un rescate, ya que con los delincuentes no se puede transigir, ni siquiera en términos de reducción de sus exigencias económicas, puesto que eso equivaldría a cooperar con su intencionalidad lucrativa. Otra cuestión es la intervención de la empresa en defensa de sus trabajadores y del barco, lo que la legitima a cualquier tipo de negociación para resolver la situación. Pero la acción gubernamental, sin embargo ha de ser de defensa y protección de sus ciudadanos, y en este caso, que se ha producido el rescate previo pago, su actuación debería ir encaminada en el ámbito internacional a recabar el apoyo internacional para asegurar el tráfico marítimo, así como la localización, detención y castigo de sus autores y colaboradores. Y lo mismo que se mandan nuestros barcos de guerra a zonas de conflicto internacional, sería oportuno posicionar algunos de esos efectivos militares en zonas de caladeros pesqueros que pudieran resultar potencialmente peligrosos, para asegurar su actividad y evitar que cunda el ejemplo del rentable secuestro del atunero español, y se prodiguen nuevos episodios de piratería en alta mar.

Otro aspecto del caso, que no deja de producir perplejidad es la intervención de gabinetes de mediadores británicos para la resolución del conflicto, que perciben honorarios considerables. Parecería oportuno que el Gobierno Británico garantizara con rotundidad la intervención profesional de dichos gabinetes, impidiendo que se conviertan en cooperadores necesarios con los secuestradores en la solución retribuida del conflicto, y que perciban retribución alguna del botín de rescate pagado, por lo que podría suponer de conculcación de la legislación vigente y de los más elementales principios éticos.