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El juez Pedraz y su particular sentido de la Justicia

Políticos y jueces progre vs. Estado de Derecho

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Don Santiago Pedraz es un juez de la Audiencia Nacional con un muy particular sentido de lo que debe ser la Justicia y de la forma imparcial y apolítica con la que todos los funcionarios de la administración de justicia deben aplicarla, para que los ciudadanos sepan que se aplica tal y como quiso el legislador y fue aprobada por el poder legislativo, ostentado por las Cortes de la nación. El juez Pedraz forma parte de esta hornada de jueces que accedieron a la Audiencia Nacional que, siguiendo la senda del fiscal, que fue ministro de Justicia en tiempos de Zapatero, el señor Mariano F. Bermejo que fue quien definió “magistralmente” como entendía que debía administrase la Justicia con aquella lapidaria frase: “Las leyes deberán aplicarse como convenga en cada momento”, entienden que los jueces no deben limitarse a aplicar las leyes tal y como fue concebida por el legislador y refrendada por los votos de los parlamentarios, sino que entienden que se les ha conferido, en virtud del nombramiento que reciben, la facultad de darle a la norma el sentido que mejor se acomode con su particular modelo político o con lo que ellos interpreten que debería regular según a ellos les parezca.

El señor Santiago Pedraz era un amigo íntimo del señor Baltasar Garzón, otro de estos jueces que no dudó en prevaricar y gastar el dinero de los contribuyentes en aventuras legales sin sentido; pretendiendo resucitar situaciones prescritas y llegando al desvarío de pretender exhumar el cadáver del general Franco, al menos simbólicamente, pretendiendo juzgarle, ya muerto, de supuestos crímenes contra la Humanidad. Como no podía ser menos fue suspendido de su cargo y posteriormente condenado a inhabilitación para el ejercicio de su cargo de juez. Pedraz fue uno de los que se negaron a reconocer los cargos que pesaron para la condena de Garzón y de los que le han seguido apoyando, por compartir con él la peregrina teoría de que habían sido puestos en el Mundo para salvar a la humanidad de sus propios pecados.

El peligro de estos jueces progresistas es que, la inseguridad jurídica que generan a quienes deban juzgar; el hecho de que algunos ciudadanos sientan preocupación cuando conozcan que van a ser juzgados por ellos o teman ser objeto de una cierta discriminación, conociendo el especial talante ideológico o político de su juzgador, que pudiera perjudicarles a la hora de dictar sentencia; pueden crear una manifiesta desconfianza hacia la justicia que tales funcionarios pudieran impartir en su caso. La tendencia, a veces subconsciente, de los jueces o magistrados progresistas a hacer una distinción entre imputados de derechas o imputados de izquierdas, es algo que preocupa a la ciudadanía. Es evidente que la figura que representa a la Justicia con los ojos vendados y una balanza con los platillos equilibrados en sus manos, puede quedar desvirtuada y causar perplejidad en los ciudadanos cuando se advierte que, en muchas ocasiones, no se imparte por igual la justicia, ni con la misma prontitud, ni con idénticas consecuencias o severidad en unos determinados casos que en otros.

El hecho de que la ciudadanía tenga una percepción crítica de la Administración de Justicia de nuestra nación, de que sea una de las instituciones que más desconfianza despierta entre el pueblo y que, en las encuestas del CIS, suele ocupar uno de los principales puestos en la escala de los temas que más preocupan a los españoles no es, evidentemente, algo bueno para nuestra nación. Si falta uno de los puntales de la nación, si existe la percepción de que la aplicación del Estado de Derecho se relaja, es muy posible que, aquellos grupos políticos partidarios de sistemas de gobierno en los que los derechos de los ciudadanos queden más limitados; de establecer un intervencionismo sobre las actividades, tanto económicas como financieras, sociales o industriales; de imponer más impuestos o de poner límites a la riqueza estableciendo medidas incautatorias; es muy posible que ocurra lo que ya está teniendo lugar en algunas capitales importantes de nuestro reino donde nuevos partidos progresistas están poniendo en práctica sus métodos comunistas.

Si en Madrid la alcaldesa, señora Carmena, ha empezado a querer imponer medidas de corte intervencionista, si pretende interferir en las libertades individuales pretendiendo convertir en barrenderos a los estudiantes; si busca poner límites al comercio cuando está poniendo trabas a que, los bares y restaurantes, puedan tener terrazas con mesas que les permitan recaudar más y mantener a sus empleados, aparte de que, una ciudad sin el jolgorio y la vistosidad de unas calles llenas de la alegría que proporcionan los comercios con sus terrazas a rebosar, no es más que una ciudad moribunda, con poco porvenir y menos aliciente para vivir en ella. Una Comisión de Terrazas y Kioscos de Hostelería y Recaudación pretenden que sea quien se ocupe de regular dichas instalaciones, Cree usted una comisión cuando quiera que un asunto se eternice, y esto va a ser lo que sucederá con este tema, hasta que acabe por obligar al cierre de muchos de estos locales, que se mantienen precisamente por tener mesas en las aceras.

Alcalde incapaces, políticas restrictivas e intervencionistas, jueces politizados, el preludio de la decadencia de una nación. La alcaldesa de Barcelona no se queda atrás y, con su “moratoria al establecimiento de establecimientos hoteleros”, ya ha conseguido colapsar a una parte importante de los negocios que esperaban, con los permisos en regla, para abrir y aprovechar el verano, para amortizar sus inversiones. La empresa KKH que quería abrir un hotel de lujo en el edificio vació del Deutsche Bank, en Barcelona, ya ha desistido de su proyecto; se calculan en varios miles los puestos de trabajo que se dejarán de contratar y el coste que, para Barcelona, supondrá esta absurda decisión se ha calculado en 1.400 millones de euros; nada, una futesa. Como era de esperar parece que ya son 26 las demandas interpuestas por los establecimientos afectados en contra de la decisión de la señora Colau. No quiero ni pensar lo que puede suponer, para la ciudad Condal, el que la justicia les de la razón a los demandantes y, el Ayuntamiento, deba retirar la moratoria e indemnizar los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar a los afectados.

Pero volvamos al juez Pedraz y veamos lo que ha sucedido con su último caso. Un sujeto, despreciable a mi entender, tuvo la desfachatez de publicar un tuit, en el 2011, sobre la señora Irene Villa (perdió ambas piernas en un ataque terrorista) en el que se hacían una serie de consideraciones respecto a la interesada y a las víctimas del terrorismo lo más abyectas imaginables. La interesada no quiso contestar ni poner una demanda, pero una de las víctimas, un señor al que asesinaron a su padre de dos tiros por la espalda los criminales de ETA, si interpuso una querella contra el autor de la soflama. El juez Pedraz la archivó, arguyendo que, la única afectada, la señora Villa, no había querido responder y que, por tanto, no había causa. El fiscal recurrió y se le obligó a reabrir la causa, que no tardó ni una hora en volver a sobreseer, alegando motivos que causarían la hilaridad de un niño de cuatro años. Para Pedraz no existe “infracción criminal” porque “su voluntad no estaba dirigida directamente a humillar a las víctimas”, ¿desde cuándo el juez Pedraz tiene facultades para saber cuál era la voluntad de este sujeto cuando escribió el insulto? Siguiendo este procedimiento bastaría que cualquier criminal dijera que no era su voluntad cometer un delito para que el juez tuviera que exculparle.

Intenta el juez combatir el conocido aforismo jurídico que dice “quien es causa de la causa es causa del mal causado” algo indiscutido en cuanto a determinar responsabilidades, aún en los casos en que el causante no tuviera intención de delinquir. Pero es que, en este caso, un sujeto que escribe una sarta de insultos lo único que puede objetar es si se tratan de meras injurias o, por el contrario, estamos hablando de un caso previsto en la Ley y reconocido en la LO 2/2015 “En relación a los delitos de enaltecimiento o actos de humillación, descrédito o menosprecio a las víctimas del terrorismo, cabe la adopción judicial de medidas cautelares en el caso de que dichos delitos se cometan mediante servicios o contenidos accesible a través de Internet o de servicios de comunicaciones electrónicas”. Todo ello con independencia de lo que se disponga en la sentencias de los tribunales. La voluntad de humillar a las víctimas del terrorismo no es que se suponga, sino que, en este caso, está explícita en el mismo texto publicado O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos maravillamos de que todavía haya jueces que se presten a semejante juego de palabras, para justificar el archivo de una causa que no tiene defensa alguna en un Estado de Derecho. Vivir para ver.

Políticos y jueces progre vs. Estado de Derecho

El juez Pedraz y su particular sentido de la Justicia
Miguel Massanet
jueves, 8 de octubre de 2015, 22:24 h (CET)
Don Santiago Pedraz es un juez de la Audiencia Nacional con un muy particular sentido de lo que debe ser la Justicia y de la forma imparcial y apolítica con la que todos los funcionarios de la administración de justicia deben aplicarla, para que los ciudadanos sepan que se aplica tal y como quiso el legislador y fue aprobada por el poder legislativo, ostentado por las Cortes de la nación. El juez Pedraz forma parte de esta hornada de jueces que accedieron a la Audiencia Nacional que, siguiendo la senda del fiscal, que fue ministro de Justicia en tiempos de Zapatero, el señor Mariano F. Bermejo que fue quien definió “magistralmente” como entendía que debía administrase la Justicia con aquella lapidaria frase: “Las leyes deberán aplicarse como convenga en cada momento”, entienden que los jueces no deben limitarse a aplicar las leyes tal y como fue concebida por el legislador y refrendada por los votos de los parlamentarios, sino que entienden que se les ha conferido, en virtud del nombramiento que reciben, la facultad de darle a la norma el sentido que mejor se acomode con su particular modelo político o con lo que ellos interpreten que debería regular según a ellos les parezca.

El señor Santiago Pedraz era un amigo íntimo del señor Baltasar Garzón, otro de estos jueces que no dudó en prevaricar y gastar el dinero de los contribuyentes en aventuras legales sin sentido; pretendiendo resucitar situaciones prescritas y llegando al desvarío de pretender exhumar el cadáver del general Franco, al menos simbólicamente, pretendiendo juzgarle, ya muerto, de supuestos crímenes contra la Humanidad. Como no podía ser menos fue suspendido de su cargo y posteriormente condenado a inhabilitación para el ejercicio de su cargo de juez. Pedraz fue uno de los que se negaron a reconocer los cargos que pesaron para la condena de Garzón y de los que le han seguido apoyando, por compartir con él la peregrina teoría de que habían sido puestos en el Mundo para salvar a la humanidad de sus propios pecados.

El peligro de estos jueces progresistas es que, la inseguridad jurídica que generan a quienes deban juzgar; el hecho de que algunos ciudadanos sientan preocupación cuando conozcan que van a ser juzgados por ellos o teman ser objeto de una cierta discriminación, conociendo el especial talante ideológico o político de su juzgador, que pudiera perjudicarles a la hora de dictar sentencia; pueden crear una manifiesta desconfianza hacia la justicia que tales funcionarios pudieran impartir en su caso. La tendencia, a veces subconsciente, de los jueces o magistrados progresistas a hacer una distinción entre imputados de derechas o imputados de izquierdas, es algo que preocupa a la ciudadanía. Es evidente que la figura que representa a la Justicia con los ojos vendados y una balanza con los platillos equilibrados en sus manos, puede quedar desvirtuada y causar perplejidad en los ciudadanos cuando se advierte que, en muchas ocasiones, no se imparte por igual la justicia, ni con la misma prontitud, ni con idénticas consecuencias o severidad en unos determinados casos que en otros.

El hecho de que la ciudadanía tenga una percepción crítica de la Administración de Justicia de nuestra nación, de que sea una de las instituciones que más desconfianza despierta entre el pueblo y que, en las encuestas del CIS, suele ocupar uno de los principales puestos en la escala de los temas que más preocupan a los españoles no es, evidentemente, algo bueno para nuestra nación. Si falta uno de los puntales de la nación, si existe la percepción de que la aplicación del Estado de Derecho se relaja, es muy posible que, aquellos grupos políticos partidarios de sistemas de gobierno en los que los derechos de los ciudadanos queden más limitados; de establecer un intervencionismo sobre las actividades, tanto económicas como financieras, sociales o industriales; de imponer más impuestos o de poner límites a la riqueza estableciendo medidas incautatorias; es muy posible que ocurra lo que ya está teniendo lugar en algunas capitales importantes de nuestro reino donde nuevos partidos progresistas están poniendo en práctica sus métodos comunistas.

Si en Madrid la alcaldesa, señora Carmena, ha empezado a querer imponer medidas de corte intervencionista, si pretende interferir en las libertades individuales pretendiendo convertir en barrenderos a los estudiantes; si busca poner límites al comercio cuando está poniendo trabas a que, los bares y restaurantes, puedan tener terrazas con mesas que les permitan recaudar más y mantener a sus empleados, aparte de que, una ciudad sin el jolgorio y la vistosidad de unas calles llenas de la alegría que proporcionan los comercios con sus terrazas a rebosar, no es más que una ciudad moribunda, con poco porvenir y menos aliciente para vivir en ella. Una Comisión de Terrazas y Kioscos de Hostelería y Recaudación pretenden que sea quien se ocupe de regular dichas instalaciones, Cree usted una comisión cuando quiera que un asunto se eternice, y esto va a ser lo que sucederá con este tema, hasta que acabe por obligar al cierre de muchos de estos locales, que se mantienen precisamente por tener mesas en las aceras.

Alcalde incapaces, políticas restrictivas e intervencionistas, jueces politizados, el preludio de la decadencia de una nación. La alcaldesa de Barcelona no se queda atrás y, con su “moratoria al establecimiento de establecimientos hoteleros”, ya ha conseguido colapsar a una parte importante de los negocios que esperaban, con los permisos en regla, para abrir y aprovechar el verano, para amortizar sus inversiones. La empresa KKH que quería abrir un hotel de lujo en el edificio vació del Deutsche Bank, en Barcelona, ya ha desistido de su proyecto; se calculan en varios miles los puestos de trabajo que se dejarán de contratar y el coste que, para Barcelona, supondrá esta absurda decisión se ha calculado en 1.400 millones de euros; nada, una futesa. Como era de esperar parece que ya son 26 las demandas interpuestas por los establecimientos afectados en contra de la decisión de la señora Colau. No quiero ni pensar lo que puede suponer, para la ciudad Condal, el que la justicia les de la razón a los demandantes y, el Ayuntamiento, deba retirar la moratoria e indemnizar los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar a los afectados.

Pero volvamos al juez Pedraz y veamos lo que ha sucedido con su último caso. Un sujeto, despreciable a mi entender, tuvo la desfachatez de publicar un tuit, en el 2011, sobre la señora Irene Villa (perdió ambas piernas en un ataque terrorista) en el que se hacían una serie de consideraciones respecto a la interesada y a las víctimas del terrorismo lo más abyectas imaginables. La interesada no quiso contestar ni poner una demanda, pero una de las víctimas, un señor al que asesinaron a su padre de dos tiros por la espalda los criminales de ETA, si interpuso una querella contra el autor de la soflama. El juez Pedraz la archivó, arguyendo que, la única afectada, la señora Villa, no había querido responder y que, por tanto, no había causa. El fiscal recurrió y se le obligó a reabrir la causa, que no tardó ni una hora en volver a sobreseer, alegando motivos que causarían la hilaridad de un niño de cuatro años. Para Pedraz no existe “infracción criminal” porque “su voluntad no estaba dirigida directamente a humillar a las víctimas”, ¿desde cuándo el juez Pedraz tiene facultades para saber cuál era la voluntad de este sujeto cuando escribió el insulto? Siguiendo este procedimiento bastaría que cualquier criminal dijera que no era su voluntad cometer un delito para que el juez tuviera que exculparle.

Intenta el juez combatir el conocido aforismo jurídico que dice “quien es causa de la causa es causa del mal causado” algo indiscutido en cuanto a determinar responsabilidades, aún en los casos en que el causante no tuviera intención de delinquir. Pero es que, en este caso, un sujeto que escribe una sarta de insultos lo único que puede objetar es si se tratan de meras injurias o, por el contrario, estamos hablando de un caso previsto en la Ley y reconocido en la LO 2/2015 “En relación a los delitos de enaltecimiento o actos de humillación, descrédito o menosprecio a las víctimas del terrorismo, cabe la adopción judicial de medidas cautelares en el caso de que dichos delitos se cometan mediante servicios o contenidos accesible a través de Internet o de servicios de comunicaciones electrónicas”. Todo ello con independencia de lo que se disponga en la sentencias de los tribunales. La voluntad de humillar a las víctimas del terrorismo no es que se suponga, sino que, en este caso, está explícita en el mismo texto publicado O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos maravillamos de que todavía haya jueces que se presten a semejante juego de palabras, para justificar el archivo de una causa que no tiene defensa alguna en un Estado de Derecho. Vivir para ver.

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