Después de las pasadas elecciones catalanas quedan interrogantes sobre la composición del nuevo mapa político catalán y, especialmente, sobre la posibilidad de que se nombre un presidente nominal sin poderes de la república catalana, o una presidencia rotatoria o coral de la Generalitat.

Las negociaciones del equipo de Mas con la CUP analizan que tipo de recompensa será suficiente para que se permita su investidura. Las conversaciones entre las distintas formaciones políticas en Cataluña abren un panorama político lleno de incertidumbre. Porque el desarrollo de los acontecimientos puede ser muy diverso, y no se sabe lo que puede resultar, y si será posible que se alcancen acuerdos de gobernabilidad estables, o pactos de algún tipo.

Se está barajando diversas posibilidades en el proceso negociador en Cataluña. Mas podría ser una especie de presidente simbólico que no tendría poder real, pero salvaría su figura política, y el liderazgo efectivo podría recaer en uno, o en varios presidentes rotatorios.

Existen, según parece, tres grandes planteamientos en la CUP, respecto a la constitución del nuevo gobierno catalán. El primero admite a Mas como presidente prácticamente honorífico. El segundo desea nuevas elecciones, si Mas no renuncia a la presidencia. Y el tercero apuesta por la presidencia de una mujer independentista de Junts pel Sí, o que sea presidente Raúl Romeva.

La estructuración del nuevo gobierno de la Generalitat será clave para saber la fuerza real del desafío independentista en los próximos meses. Si los dirigentes catalanes se niegan a aceptar que determinadas competencias son propias del Estado, la brecha de incomprensión puede hacerse mayor.

El gobierno catalán puede pretender dictar normas sobre educación, sin disponer de competencia legal para ello. Junqueras está observando la situación, y el desarrollo de las conversaciones. Y puede ser la figura clave, si logra ser el hombre de consenso, dirigiendo la ruptura con España.

El pacto por la independencia es peligroso además de ilegal, porque puede impulsar el inicio de un camino que no tiene vuelta atrás. La economía catalana puede resentirse, muy duramente, de la separación respecto a España, de un modo, probablemente, irreversible. Y también el funcionamiento de las empresas de nuestro país se verá, seriamente afectado, por el surgimiento de la república catalana.

La suspensión de la autonomía catalana prevista en la Constitución es, a mi juicio, la única alternativa realista y eficaz que puede paralizar el proceso de descomposición de la unidad de nuestro país. Y las condiciones para su aplicación ya se dan sobradamente.

Porque el federalismo no es aceptado por el independentismo, por muchas razones y argumentaciones que se ofrezcan acerca de la posibilidad de que sirva de elemento de integración en la plurinacionalidad de España.

Un estado español federal, a la vez que reconocería la singularidad nacional de algunas regiones, sería la expresión de una diversidad política inserta en la unidad estatal. Parece que Estados Unidos de España no suena bien, pero es una de las múltiples posibilidades abiertas, de cara a una nueva denominación de la identidad española, aunque parece extravagante y exagerada.

Desde el gobierno central se insiste en que no va a haber independencia de Cataluña. Ahora bien, los indicios y el incumplimiento de sentencias judiciales y leyes en el territorio autonómico catalán son algo que es evidente, y está demostrado. No admite discusión. Aunque se puede relativizar y quitar importancia a esta desobediencia reiterada, respecto a determinadas sentencias firmes de las más altas instancias judiciales.

En definitiva, a mi juicio, parte de la legislación española no es cumplida, por parte del gobierno catalán y esto, objetivamente, es muy grave en cualquier estado de derecho que lo sea realmente, y no en teoría. Y la política del mal menor, y de la espera paciente no suele dar buenos resultados, sino todo lo contrario, ya que alimenta el independentismo.