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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Libertad religiosa

Ana Concepción Soler
Redacción
jueves, 28 de febrero de 2008, 06:53 h (CET)
En plena campaña electoral, y después de leer diferentes programas de los partidos que concurren a las elecciones del 9 de marzo, leemos con extrañeza que algunos partidos de izquierda lleven en sus programas la petición de separación de Iglesia-Estado, cosa que parece cosa de niños de parvulario más que de personas preparadas para gobernar un país, sobre todo pensando en los problemas reales que tenemos que solventar o que deben solventar los gobernantes, en lugar de acosar la libertad de las personas creyentes.

Que la separación de Iglesia- Estado es una realidad desde hace una treintena de años al menos, nadie puede decir que en tiempos de democracia haya estado un Obispo presente en ningún Consejo de Ministros, ni que en el Parlamento o Senado hayan sido los Obispos los que hayan votado las diferentes leyes, ni que hayan ido a un colegio los Obispos a llevar la lista de los niños que tienen que ir a clase de religión.

Que la Constitución en su art. 16.3 promulga:

“. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Hasta ahí, es donde llega la cooperación entre Iglesia-Estado, cooperación que ha funcionado muy bien a lo largo de muchos años, porque la cooperación además de ser mutua, tiene a la Iglesia como el mejor aliado en materia de apoyos sociales para el Estado español, recordemos algunos datos como las cuentas del 2006:

1.- 5.141 Centros de enseñanza (Ahorran al Estado 3 millones de euros por centro al año): 990.774 alumnos

2.- 107 hospitales (Ahorran al Estado 50 millones de euros por hospital al año)

3.- 1.004 centros; entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de transeúntes y de enfermos terminales de SIDA (Ahorran al Estado 4 millones de euros por centro al año) 51.312 camas

4.- Gasto de Caritas al año: 155 millones de euros (salidos del bolsillo de los cristianos españoles.)

5.- Gasto de Manos Unidas: 43 millones de euros (salidos del mismo bolsillo, una cantidad 10 veces mayor que el 0,2% -España no da el aún el prometido 0,7%- programado en los presupuestos generales del Estado para promoción del tercer mundo este año.)

6.- Gasto de las Obras Misionales Pontificias (Domund): 21 millones de euros (5 veces mayor que el ya mencionado 0,2 %, ¿Imaginan de dónde sale?)

7.- 365 Centros de reeducación social para personas marginadas tales como ex-prostitutas, ex-presidiarios y ex-toxicómanos (53.140 personas. Ahorran al Estado, medio millón de euros por centro)

8.- 937 orfanatos (10.835 niños abandonados, Ahorran al Estado 100.000 euros por centro)

9.- El 80 % del gasto de conservación y mantenimiento del Patrimonio histórico-artístico eclesiástico.

El total de estas cifras está contado en aproximadamente 36.000 millones de euros, frente a los 45 millones de euros que el Estado español aportó a la Iglesia de las arcas del Estado. Algún partido dice que el Estado le da a la Iglesia 5.000 millones de euros, eso es falso, ese dinero es el que va a los colegios para pagar al profesorado de las escuelas católicas, que ya se ha visto que ahorran un buen puñado de euros al Estado, por lo tanto es falso afirmar que ese dinero va a la Iglesia, es a los alumnos a quienes se beneficia con ese dinero y en todo caso, un dinero bien empleado en educación, que en una escuela pública se duplica, un alumno en la escuela católica le cuesta al Estado la mitad que en la pública.

Y acabar diciendo que la Libertad Religiosa es un derecho reconocido en la Constitución española y en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, vulnerar estos derechos no pertenece a un Estado democrático, como el hecho de solicitar que la asignatura de religión deje de ser una materia escolar otra vulneración que va contra la libertad de la mayoría de padres.

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Ana Concepción Soler Ballester, portavoz Plataforma Defensa Asignatura de Religión.

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