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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Para Solbes no hay crisis y ¿para los demás?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
miércoles, 27 de febrero de 2008, 06:45 h (CET)
El dilema es prístino: o hablamos del intervencionismo público o lo hacemos de la iniciativa privada. Si queremos inclinarnos por lo primero supone que el Estado se convierte en el censor de sus ciudadanos orientándoles en lo económico y social hacia determinadas metas, que siempre estarán condicionadas por la visión política que tenga el Ejecutivo. Por eso, cuando veo a los socialistas alegrarse por las teorías del señor Solbes debo imaginarme que están conformes con quedar relegados al segundo plano de meros cumplidores de las directrices gubernamentales. Veamos lo que le ocurrió a la Seguridad Social, esta de la que ahora tanto alardea el señor ministro sin acordarse de que cuando cesó en su cargo de ministro de Economía, al término del mandato de González, la dejó poco menos que en la quiebra y evidentemente colapsada. Una economía basada en una fiscalidad fuerte; una empresa pública empeñada en competir con la privada, sostenida a base de inyecciones de ayudas esttales a cargo de las arcas del Estado; un desempleo galopante y una corrupción dentro del propio gobierno y en las administraciones; dieron la medida de hasta donde resulta rentable para el país el exceso de intervencionismo y la falta de la iniciativa privada.

Por ello, cuando leemos que el BCE recomienda que se rebajen las prestaciones sociales y los ingresos por jubilación para garantizar la estabilidad del sistema de Seguridad Social en el futuro. Precisamente todo lo contrario de lo que sostuvo el señor Solbes en su debate con el señor Pizarro, nos quedamos perplejos. Más gasto social manteniendo impuestos, es la fórmula de nuestro ministro de Economía, una fórmula muy buena de cara a la galería, el típico “que paguen los ricos, que pueden hacerlo” para que los pobres puedan percibir las prestaciones, resulta muy demagógico y popular. Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo y, el señor Solbes, al decir que no se fía de los “excesos” que pueda cometer la iniciativa privada se olvida de que, precisamente en los ocho años que gobernó el PP, gracias a la reducción de impuestos, una política de austeridad en el gasto público y una buena gestión de los recursos, se consiguió promocionar la iniciativa privada, fomentar las inversiones, y crear empleo cosa inimaginable bajo el gobierno del señor González. A mi, señor Solbes, me preocuparían más los “excesos” de los poderes públicos.

Parece que el señor Solbes, alucinando por el espejismo de haberse creído que la bonanza económica, de la que ha gozado España hasta el último trimestre del 2007, era mérito suyo, y no gracias a que, en lo económico, siguió al pie de la letra las consignas del señor Rato; no se ha enterado de que ahora pintan bastos y que todas las fórmulas propias de un estado totalitario están pasadas de moda y ya ninguna nación las aplica, como no sean estas repúblicas dictatoriales que sueñan con el paraíso comunista mientras el pueblo está lampando de hambre. El Banco Central Europeo, que ha tenido la habilidad de mantener los intereses para evitar una mayor inflación y un mayor deterioro de la economía de la zona europea, ha visto que cualquier incremento de las cargas fiscales o sociales, que perjudique la competitividad de las empresas europeas, las situará en inferioridad respecto a las potentes industrias de las naciones emergentes como pudieran ser la India y China. Con una mano de obra mucho más barata, con una buena tecnología y con una política expansionista de sus economías, no hay duda de que pueden poner a la industria europea en serios problemas si no es capaz de reducir costes y mejorar calidad.

Para que nuestras empresas sean competitivas necesitan que se mejore la flexibilidad de sus plantillas y que se las libre de esta vieja lacra que arrastramos desde que los sindicatos impusieron sus reglas y se puso en práctica que, la seguridad en el empleo, se pusiera por encima de las mejoras de productividad y de las conveniencias de la producción. Todo ello, como es evidente, no ha conseguido que las empresas, tanto si han tenido épocas expansionistas como si han sufrido crisis, hayan tenido medios de ajustar sus plantillas a las necesidades de cada momento. No se me diga que, con expedientes de reducción o suspensión temporal de puestos de trabajo, se arregla la situación, porque son procedimientos lentos; son procedimientos traumáticos e, inevitablemente, producen alteraciones sociales ( huelgas, disminuciones de productividad etc.) que contribuyen a empeorar la situación de la empresa y a prolongar lo que, inevitablemente, acaba por suceder. Lo que ocurre es que, una situación que se hubiera podido solucionar con la supresión de unos puestos de trabajo, puede acabar por hacer que la empresa tenga que suspender pagos o cerrarse, con lo cual se consigue que lo que hubiera afectado a unos pocos acabe afectando a la totalidad de la plantilla.

En economía, por mucho que Solbes exhiba gráficos y quiera que comulguemos con ruedas de molino, no hay milagros ni trucos, porque hay una regla inamovible: la ley de la oferta y la demanda. Si el Estado quiere intervenir para regularla lo más probable es que acabe por producir una crisis y un consecuente empobrecimiento de la población. Es evidente que, en este caso, como nos ocurre en la actualidad en España, no son los ricos ni los poderosos los que padecen los efectos (estos saben nadar y guardar la ropa) somos los de la clase media y los obreros los primeros en notar en nuestras economías las subidas de los artículos; las consecuencias de los monopolios motivados por la falta de competencia; el aumento del desempleo y la consecuente disminución de nuestro poder adquisitivo. No parece que el señor ministro, cuando dice que sólo hay una “desaceleración de la economía”, se haya preocupado de visitar la casa de aquellos que han perdido su puesto de trabajo o de los que han visto como sus hipotecas experimentaban crecimientos desproporcionados o de quienes se han visto obligados a cerrar sus pequeños negocios o de los inmigrantes que se han quedado sin trabajo y circulan desorientados por las calles de las ciudades pidiendo caridad cuando no delinquiendo. El señor Solbes debiera pensar que un gobierno no puede actuar “pro domo sua” (en provecho propio), por muy socialista que sea, sino que se debe a los ciudadanos, y ellos son los que ahora tienen problemas que hay que resolver.

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