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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Las chulerías y el victimismo de Mas y sus separatistas frente a la Justicia

¿Qué son los reinos sin justicia, sino un gran latrocinio y pillaje?
Miguel Massanet
miércoles, 30 de septiembre de 2015, 22:18 h (CET)
Es evidente que Montesquieu supo lo que se hacía cuando formuló la teoría de los tres poderes del Estado y de la independencia de la que debía disponer cada uno de ellos respecto a los dos restantes. Y es que, cuando en una democracia no se respeta esta división, se intenta que alguno de ellos pueda imponerse a los dos restantes o influir en sus respectivas competencias, es evidente que se quiebran las bases que la sustentan y deja de tener las condiciones que la califican como el mejor sistema político hasta ahora conocido. La falta de respeto a las leyes que los ciudadanos se han dado así mismos, la infracción de las normas constitucionales que, mediante referéndum, se comprometieron a respetar y la pretensión de establecer, por cualquier otro procedimiento que no sea el camino que fijan las leyes comunitarias del país, otros sistemas de gobierno, otras divisiones territoriales o posibles separaciones arbitrarias de territorios, que forman parte indisoluble de la nación a la que pertenecen, no son más que delitos, intentos secesionistas, maniobras delictivas en contra de la paz, el orden y la seguridad de los ciudadanos que han decidido someterse, para su tranquilidad y buena convivencia, al imperio de la Ley.

El señor Mas, don Arturo, presidente interino de la Generalitat, responsable de que se cumplan las normas legales en la comunidad catalana a la que gobierna, por haber sido elegido, por libre votación de los ciudadanos españoles, para el cargo de Presidente de la autonomía catalana, ha desertado de su deber. Cuando aceptó el puesto para el que fue elegido, se comprometió a respetar, obedecer y cumplir las leyes emanadas del Poder Legislativo ejercido a través de nuestras cámaras de representación popular, y a aceptar, como cualquier otro ciudadanos español, las resoluciones emanadas de los tribunales de Justicia, ocupándose de que fueren cumplidas por los funcionarios bajo su jurisdicción, a los que afectaran y, naturalmente, obedecidas por todos los miembros de su gobierno incluyéndose a sí mismo. Todo ello, dentro de lo previsto por la legislación constitucional, respecto a la organización de las comunidades autónomas dentro del Estado español.

Cuando, voluntariamente, él y el equipo de su gobierno autonómico, decidieron saltarse las leyes españolas, dejar de obedecer las sentencias de los tribunales de Justicia, hacer caso omiso de las resoluciones de las Cortes españolas, constituirse en rebeldía respecto a las resoluciones del TC, incumpliendo deliberadamente sus contenidos; es evidente que, el día que permitió que, en su autonomía, se celebrase una consulta pública ( 9 Noviembre 2014)sin la autorización del Parlamento español, contribuyendo a su organización prestando dinero, locales, personal, medios, imprimiendo papeletas y facilitando urnas; el señor Mas y todos los que le apoyaron, incurrieron en los delitos que el TSJB le viene imputando y por los cuales va a tener que declarar como imputado, el día 15 de Octubre, por haber sido citado para ello por el magistrado Joan Manel Abril. Todo ello a pesar de haber recibido la advertencia por parte del TC, de que lo que pretendían llevar a cabo era inconstitucional, debido a que quienes lo convocaron no tenían facultades ni estaba en sus competencias el permitirlo.

En un arrebato de chulería independentista, de payasada política y de temeridad suicida, el señor Mas, cuando se enteró de que la fiscalía (la General del Estado) había presentado una querella contra su persona, como presidente de la Generalitat, junto a otras personas: la exvicepresidenta del gobierno catalán, señora Juana Ortega y la exconsellera de Enseñanza la señora Rigau; se declaró único responsable de que la consulta se hubiera celebrado con lo que se imputó a si mismo de dicha ilegalidad. Como siempre, la Justicia en España se eterniza, han pasado 9 meses desde el inicio de las actuaciones y, al parecer, por unos absurdos escrúpulos del tribunal, pensando que la citación a declarar del señor Mas, antes de que se celebrasen la elecciones autonómicas, podría causarle algún perjuicio en los resultados de la consulta, se decidió posponer la toma de declaración a una fecha posterior a la celebración de la consulta. ¿Por qué la Justicia tiene que tomar en cuenta cuestiones que, para nada, debieran entorpecer el calendario normal de la marcha del proceso?

No han tardado los separatistas y los partidos de izquierdas antisistema, como es el caso de Podemos o el de la CUP, aparte de la propia CDC, en atribuir la citación judicial a las presiones del Gobierno para, con ello, intentar perjudicar presuntamente la candidatura del señor Mas a renovar, una vez más, su mandato al frente de la Generalitat. Evidentemente, que es lo que hubieran hecho ellos si, el encausado, fuera algún miembro de actual gobierno de derechas. Claro que se olvidan de que, el magistrado en cuestión, fue nombrado precisamente por el acuerdo o consenso de todos ellos a la propuesta de la misma CDC. También hacen caso omiso de que los fiscales de Catalunya se opusieron a que se pusiera la querella pensando que no había ningún delito en la referida consulta. Sin embargo, las investigaciones que la policía llevó a cabo, lejos de despejar el panorama para los encausados, se lo ha complicado. Recordemos que los delitos de los que está acusado en principio don Artur Mas son los de: desobediencia; obstrucción a la justicia o usurpación de funciones; prevaricación administrativa y, en su caso, malversación de caudales públicos.

Puede que, a los que se creyeran que lo más que le pudiera caer, en cuanto a penas, sería la de una multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público, refiriéndose al delito de desobediencia; puede que les interese saber que este delito está penado con inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de seis meses hasta dos años, más una multa; para el de obstrucción a la justicia, la pena de prisión de seis meses a un año, multa y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años; la prevaricación administrativa puede ser sancionada con inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete a diez años y, finalmente, el delito de malversación esta penada con multa y suspensión para empleo o cargo público de seis meses a tres años; más algunas otras especificaciones en relación a la devolución el importe de lo distraído dentro de los 10 días siguiente, lo que comportaría otras penas accesorias.

Así las cosas, no es extraño que, cuando Artur Mas recibió la noticia de su imputación y citación para acudir a declarar, su rostro, habitualmente socarrón y sonriente, se ensombreciese de repente. Y es que, con toda seguridad, el ex presidente de la Generalitat, nunca se imaginó que aquella querella, formulada ante un órgano de justicia radicado en Catalunya, iba a seguir su trámite hasta llegar a un momento en que, presuntamente, se le considerase como posible responsable de una serie de delitos que, si se demostrase que los cometió, pudieran acabar, de un soplo, con su carrera política y que sus aspiraciones a presidir una estado nuevo independiente de España, acabasen fracasando. Lo cierto es que, el intento de sacar rédito de esta imputación para conseguir alcanzar el cargo al que aspira, es muy posible que acabe por darles munición a los que, incluso dentro de su propia formación política, ya están pensando que, en lugar de ser un activo político para la causa independentista, es muy probable que se haya convertido en una carga, un lastre, al que sería mejor dejarlo fuera del equipo que intenta, todavía, seguir promocionando su carrera independentista. ¡Vae victis!

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos confortaría comprobar que, la Justicia, con todos sus problemas y carencias, todavía es capaz de pararles los pies a aquellos que han decidido que se pueden violar las leyes con plena impunidad. Si, sería muy reconfortante.
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