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Etiquetas:   Artículo opinión   -   Sección:   Opinión

Sobre herederos y cómplices del terror

Luis Agüero Wagner
Redacción
viernes, 22 de febrero de 2008, 00:28 h (CET)
El descubrimiento de los archivos del terror en Paraguay por Martín Almada a fines de 1992 permitió acceder a los documentos necesarios para refutar la versión oficial sobre varios casos. Los papeles desmentían en forma incontrastable la motivación pasional del asesinato de Joelito Filártiga, acaecido el 30 de marzo de 1976. Sin embargo, el más internacionalmente célebre de los trágicos crímenes políticos acaecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, no mereció la más mínima rectificación de una prensa que por décadas había publicitado al dictador y que sólo cambió de línea cuando agencias norteamericanas hicieron una mejor oferta por sus servicios.

En los archivos del Terror no se encontraban rastros de una seria y profunda investigación del caso Filártiga, pero sí una versión del presunto asesino sobre los hechos.

En los documentos el supuesto autor del hecho, Derlis Hugo Duarte Arredondo aseguraba que al ingresar a su residencia al regreso de su trabajo encontró intimando a su esposa con el joven Filártiga, a quien sin mediar discusión atacó a golpes antes de quedar envueltos en una lucha cuerpo a cuerpo. En medio de la brega, según la versión, Derlis se había apoderado de un cuchillo y le traspasó con el arma blanca el pecho hasta que su antagonista cayó desvanecido. Enceguecido por la furia, Duarte testimonió que siguió aplicando puñaladas y golpeando con un velador al cuerpo inerte de su víctima.

Duarte Arredondo contaba con suficientes argumentos para eludir su responsabilidad ante la justicia, dado que era ahijado del ministro Saúl González, encargado de la cartera de Justicia y Trabajo del dictador Stroessner. Su hijo Luis Angel Gonzalez Macchi sería años más tarde presidente provisional del Paraguay, y el caso se reeditaría con un kafkiano juicio por difamación y calumnia entablado por el asesino confeso contra el padre de su víctima.

LA OTRA HISTORIA
En realidad, Joelito había sido secuestrado de su domicilio por operativos de la Comisaría Primera, y llevado hasta dependencias policiales para ser interrogado. El joven en realidad llevaba cierto tiempo activando en la OPM, un grupo radicalizado de oposición a Stroessner.

El número y cariz de las heridas en el cuerpo de la víctima revelaban que había sido sometida a tormento en busca de alguna información sobre dicha nucleación, que pronto sería desbaratada con el apresamiento del estudiante Carlos Brañas y la localización de Juan Carlos Da Costa y Mario Schaerer Prono.
Durante los interrogatorios a los activistas de la OPM destelló como delator y colaborador de los torturadores Diego Abente, luego Ministro de Justicia del gobierno del presidente provisional Luis Angel Gonzalez Macchi.

LOS MISTERIOS SE RESUELVEN
El apresamiento en Brooklyn de uno de los autores materiales del asesinato de Joelito, en abril de 1979, facilitó la investigación que había iniciado la familia con la ayuda de organizaciones internacionales de Derechos Humanos y la prensa extranjera. Se trataba de un comisario abrumado por la conciencia, Américo Peña, que había huido del escándalo judicial y trabajaba como lustrador de muebles en Nueva York.

Un documento dirigido a Pastor Coronel fechado el 22 de agosto de 1979 y firmado por el Comisario Eusebio Torres Romero, daba cuenta que el afamado abogado José Emilio Gorostiaga había corrido con las gestiones de la Defensa de Américo Peña, junto a los abogados estadounidenses Murry Brochin y Robert Rebollo, quienes habían sido emplazados para presentar sus alegatos antes del día 25. Los honorarios abonados a los defensores norteamericanos por tales trámites alcanzaban la suma de quince mil dólares, exorbitante por defender a un indocumentado que sobrevivía a duras penas en la gran manzana.

El detalle sólo es un indicador más del carácter político que había rodeado aquel homicidio presentado como pasional. Evidencia en este sentido el interés que tenía el gobierno de Stroessner en evitar que un torturador que haya prestado servicios a su régimen pueda ser condenado en un tribunal extranjero, antecedente que podía resultar incómodo a muchos de sus leales servidores.

En otro documento dirigido por Alberto Cantero a Pastor Coronel el 20 de Octubre de 1984, se percibe la preocupación de la policía política ante un viaje de Filártiga a Pennsylvania, Texas y California, donde sus denuncias resultaban sumamente perjudiciales para un gobierno que basaba su hegemonía en el respaldo del imperio norteamericano. Todas estas pesquisas evidenciaban que el interés en la familia Filártiga iba más allá de lo pasional.

JUICIO AL PASADO
Decía un pensador que nada mejor para pervertir la política que falsificar el pasado, un vicio muy común en nuestro medio donde tantos buscan engañar a tantos todo el tiempo. Y la capacidad de autocrítica no es precisamente una de las virtudes destellantes en ambientes plagados de estas impurezas.

Los cobardes propietarios de los medios que se negaron a relatar la verdadera historia por temor a perder los privilegios que gozaban de su cercanía al dictador Stroessner: Aldo Zucolillo, el propietario del diario ultraderechista ABC color que luego terminaría expulsado del círculo áulico y se convertiría en un “tenaz luchador” contra la dictadura en los últimos meses de ésta, el ex animador de los cumpleaños de Stroessner Humberto Rubín, y tantos otros, hoy gozan de un fabricado “prestigio” que pueden darse el lujo de auto adjudicarse por el monopolio que ejercen sobre lo que en Paraguay se puede decir. Uno de los principales colaboradores del comisario Alberto Cantero, el mismo que vigilaba al doctor Filártiga e informaba de sus viajes al temible jefe de la policía política Pastor Coronel, hoy se encuentra al frente del Supremo Tribunal Electoral del Paraguay merced a la complicidad de los venales opositores que hoy se agrupan con rampante hipocresía en torno al obispo Fernando Lugo.

El caso Filártiga, cuya verdadera historia quedó en Paraguay sin ser debidamente relatada, dejó a pesar de todo varias moralejas. La sentencia del Juez Nickerson que obligaba al estado a pagar una indemnización de diez millones de dólares a la familia afectada, hizo más que sentar un precedente de aplicación universal. También rompió el silencio dentro una tranquilidad que tenía mucho de la paz de los cementerios. Más allá de todo eso, ratificó que entre el pasado y el presente la filiación es tan estrecha, que al juzgar el pasado nos ocupamos también de nuestro presente. Si así no lo fuera, ejercitar la memoria no tendría sentido.

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