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Uno de los objetivos de la ley es garantizar la educación a las personas adultas basándola en el principio de la educación permanente

¡Así se destroza la educación en Castilla y León!

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Destrozo. Ese es el concepto de lo que está haciendo la Consejería de Educación con la educación de personas adultas en la provincia de Valladolid y en la propia capital. No saben lo que es la educación permanente y mucho menos lo que es la educación a lo largo de la vida: una prueba de que Europa llega a España, pero ésta no acaba de ver lo que es Europa y mucho menos entender sus programas destinados a la población.

Lo que está haciendo la Consejería de Educación es contrario a la ley de adultos de la comunidad en muchos de sus aparados. Está cometiendo un atropello vulgar, un desprecio a la ciudadanía y un atentado al sentido común. Simplemente voy a poner un ejemplo para no extenderme, pero el objetivo es que la injusticia y la torpeza de la citada Consejería aparezca en todos los medios de comunicación, como ya está sucediendo en estos días. Cuando esa ley habla de finalidad y objetivos de la educación de adultos, nos encontramos con que esa “…tenderá al desarrollo individual y colectivo de la educación de personas adultas en Castilla y León, educando sobre la base del principio de igualdad de oportunidades, superando el carácter exclusivamente compensatorio y posibilitando su preparación para participar en la sociedad”.

Como pueden comprobar, en ningún momento y en ningún punto de dicha ley se dice que haya que dar preferencia o volcarse en la obtención del título de secundaria, como pretende la vulgar Consejería de Educación. ¿Entienden ahora lo de “destrozo”? Uno de los objetivos de la ley es garantizar la educación a las personas adultas basándola en el principio de la educación permanente y, además, pretende atender las demandas que impone una sociedad cambiante, desarrollando nuevas tecnologías y favoreciendo hábitos que permitan vivir el tiempo dedicado al ocio de forma creativa. En una palabra: la Consejería de Educación se topa contra su propia normativa cuando regula las enseñanzas no formales con la Orden EDU/ 661/2012, de agosto. Y no solo choca con ella sino que se contradice constantemente. Por otra parte, esta normativa contribuye a la despoblación del ámbito rural; es decir, lo que la Junta de Castilla y León promete e incumple en las Cortes, lo destruyen con creces sus altos cargos, demostrando una incompetencia inusual y caos organizativo indigno, censurable, hortera y desajustado con la realidad. Esa misma norma a la que antes nos referíamos ha contribuido, además, a una fuerte supresión del profesorado en los últimos años; ha ayudado a que lleguen a los centros especialidades innecesarias, mientras las que se necesitan y demandan se suprimen: inglés, TIC, profesorado del ámbito sanitario,…

¡Fíjense qué estupideces comete el consejero de educación! Sus medidas ayudan a la despoblación, a la supresión del profesorado y al descenso de alumnado. ¡Es justamente lo contrario de lo que sucede en otras comunidades autónomas! No era eso, ni mucho menos, lo que precisa la comunidad ni lo que ‘aventa’ el presidente en sus discursos grandilocuentes, pero vacíos y poblado de mentiras e incumplimientos.

De vez en cuando se escucha que la Junta de Castilla y León acude al Gobierno en demanda de nuevos criterios para paliar la despoblación, así como pide dinero por las características territoriales de Castilla y de León, y por el fuerte envejecimiento poblacional, pero lo cierto es que la propia Junta está poniendo las bases para que eso suceda, por lo que no merece ser escuchada por el Gobierno central ni por la ciudadanía ni por nadie que defienda los intereses y el bienestar de Castilla y de León.

Con el desconcierto que reina en la Consejería de Educación y la descoordinación existente en la Dirección General de Política Educativa no es extraño que el alumnado de la zona rural piense que estamos “ante un nuevo abandono a la gente de los pueblos que tienen inquietud por aprender, por no quedar descolgada y que siente que el acceso a la cultura y al conocimiento es más difícil viviendo en un pueblo que en una ciudad”. Es una prueba más de cómo la propia administración contribuye al abandono y a la marginación de las personas de la zona rural.

¡Así se destroza la educación en Castilla y León!

Uno de los objetivos de la ley es garantizar la educación a las personas adultas basándola en el principio de la educación permanente
Jesús  Salamanca
miércoles, 16 de septiembre de 2015, 05:28 h (CET)
Destrozo. Ese es el concepto de lo que está haciendo la Consejería de Educación con la educación de personas adultas en la provincia de Valladolid y en la propia capital. No saben lo que es la educación permanente y mucho menos lo que es la educación a lo largo de la vida: una prueba de que Europa llega a España, pero ésta no acaba de ver lo que es Europa y mucho menos entender sus programas destinados a la población.

Lo que está haciendo la Consejería de Educación es contrario a la ley de adultos de la comunidad en muchos de sus aparados. Está cometiendo un atropello vulgar, un desprecio a la ciudadanía y un atentado al sentido común. Simplemente voy a poner un ejemplo para no extenderme, pero el objetivo es que la injusticia y la torpeza de la citada Consejería aparezca en todos los medios de comunicación, como ya está sucediendo en estos días. Cuando esa ley habla de finalidad y objetivos de la educación de adultos, nos encontramos con que esa “…tenderá al desarrollo individual y colectivo de la educación de personas adultas en Castilla y León, educando sobre la base del principio de igualdad de oportunidades, superando el carácter exclusivamente compensatorio y posibilitando su preparación para participar en la sociedad”.

Como pueden comprobar, en ningún momento y en ningún punto de dicha ley se dice que haya que dar preferencia o volcarse en la obtención del título de secundaria, como pretende la vulgar Consejería de Educación. ¿Entienden ahora lo de “destrozo”? Uno de los objetivos de la ley es garantizar la educación a las personas adultas basándola en el principio de la educación permanente y, además, pretende atender las demandas que impone una sociedad cambiante, desarrollando nuevas tecnologías y favoreciendo hábitos que permitan vivir el tiempo dedicado al ocio de forma creativa. En una palabra: la Consejería de Educación se topa contra su propia normativa cuando regula las enseñanzas no formales con la Orden EDU/ 661/2012, de agosto. Y no solo choca con ella sino que se contradice constantemente. Por otra parte, esta normativa contribuye a la despoblación del ámbito rural; es decir, lo que la Junta de Castilla y León promete e incumple en las Cortes, lo destruyen con creces sus altos cargos, demostrando una incompetencia inusual y caos organizativo indigno, censurable, hortera y desajustado con la realidad. Esa misma norma a la que antes nos referíamos ha contribuido, además, a una fuerte supresión del profesorado en los últimos años; ha ayudado a que lleguen a los centros especialidades innecesarias, mientras las que se necesitan y demandan se suprimen: inglés, TIC, profesorado del ámbito sanitario,…

¡Fíjense qué estupideces comete el consejero de educación! Sus medidas ayudan a la despoblación, a la supresión del profesorado y al descenso de alumnado. ¡Es justamente lo contrario de lo que sucede en otras comunidades autónomas! No era eso, ni mucho menos, lo que precisa la comunidad ni lo que ‘aventa’ el presidente en sus discursos grandilocuentes, pero vacíos y poblado de mentiras e incumplimientos.

De vez en cuando se escucha que la Junta de Castilla y León acude al Gobierno en demanda de nuevos criterios para paliar la despoblación, así como pide dinero por las características territoriales de Castilla y de León, y por el fuerte envejecimiento poblacional, pero lo cierto es que la propia Junta está poniendo las bases para que eso suceda, por lo que no merece ser escuchada por el Gobierno central ni por la ciudadanía ni por nadie que defienda los intereses y el bienestar de Castilla y de León.

Con el desconcierto que reina en la Consejería de Educación y la descoordinación existente en la Dirección General de Política Educativa no es extraño que el alumnado de la zona rural piense que estamos “ante un nuevo abandono a la gente de los pueblos que tienen inquietud por aprender, por no quedar descolgada y que siente que el acceso a la cultura y al conocimiento es más difícil viviendo en un pueblo que en una ciudad”. Es una prueba más de cómo la propia administración contribuye al abandono y a la marginación de las personas de la zona rural.

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