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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Fórum y Afinsa, ¿estafa legal?

Antonio Pérez (Madrid)
Redacción
miércoles, 6 de febrero de 2008, 02:08 h (CET)
Pocas veces habíamos hablado tanto de estafa como en estos tiempos. Concretamente, desde que hace casi dos años estalló la crisis de las filatélicas; lo que lleva a cuestionarse si el concepto es entendido e interpretado por todos por igual o si el “vocablo” se muestra suficiente para explicar y describir los hechos y circunstancias ocurridos y, consecuentemente, el dictamen o conclusión.

Un análisis del término nos sitúa ante sinónimos como chantaje fraude o timo y la forma en que estos se ejercen: mediante el engaño, buscando el enriquecimiento personal, sirviéndose de cualquier artimaña para el fin buscado, que no es otro que el beneficio ilícito de sus autores.

Estafas y timos hubo, hay y habrá. Algunos de sus artífices, cubiertos de fama y – me atrevería a afirmar – objeto de cierta admiración, hasta han conseguido arrancarnos una sonrisa por el ingenio y habilidad exhibidos en el arte de embaucar a sus víctimas. Carteristas, trileros (de rabiosa actualidad, merced a la opinión de una atrevida e indocumentada periodista), simuladores de lesiones y dolencias con el propósito de cobrar sendas compensaciones por daños y perjuicios, pillastres de medio pelo, experimentados maestros de la picaresca y la sátira elevados a la categoría de ilustres protagonistas de fábulas y héroes de la literatura costumbrista.

Librarse de los estafadores que moran por doquier por las calles requiere, como medida prudencial, una buena dosis de sensatez y, también, de una percepción de que aquello que se nos presenta apetecible, rápido y sin esfuerzo tiene algo de irregular y, probablemente, de fin incierto.

Ante la procacidad de sus autores y la variedad de actos fraudulentos, el legislador ha tenido que emplearse a fondo en su tarea de tipificación de los hechos delictivos, tratando de salvaguardar el interés de la ciudadanía y arbitrando medidas - aunque no siempre con la diligencia e inmediatez que cabría esperar - para así paliar el efecto y consecuencias de los actos reprobables

Situándonos en el contexto actual y admitiendo que determinadas prácticas siguen ejerciéndose y que la habilidad y escamoteo de quienes las llevan a cabo aún provocan un daño considerable en sus destinatarios, cabría afirmar que, básicamente, nos encontramos viviendo en una sociedad en donde nuestros derechos son protegidos y que dispone de recursos suficientes como para poner a buen recaudo a quienes actúan y se conducen de modo delictivo.

¿Es esto cierto?
Para una mayor comprensión, se hace necesario diferenciar la actividad empresarial de las situaciones anteriormente citadas. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque cualquier actividad empresarial es desempeñada con el beneplácito de la Administración Pública y por compañías de ámbito legal, sujetas a los derechos y obligaciones propias de la legislación vigente y de cuya actividad se benefician, entre otros, no sólo las propias empresas sus clientes y proveedores sino, también, el propio Estado percibiendo parte del fruto obtenido por aquéllas mediante impuestos (amén del control e inspección a las que son sometidas).

Refiriéndose a Forum Filatélico y a Afinsa, la anterior diferenciación ha sido ocultada por periodistas y columnistas de renombre que han recurrido, con inusitada insistencia y sin diferenciar actos callejeros de actividades empresariales , a “meter en el mismo saco a unos y a otras”, aludiendo a expresiones del tipo “pretender duros a cuatro pesetas” o “timo de la estampita”, identificando al inversor filatélico como un ignorante a la altura del actor secundario del timo - y de la misma perversidad – en su pretensión de beneficiarse del “tonto de turno que ofrece a precio de risa” aquello que tiene un valor sustancialmente mayor del importe al que se ofrece.

Con lo que se ha conseguido un efecto unánime en la opinión pública: el juicio formado a la luz de exposiciones jocosas, sin base argumental y propias de un sensacionalismo cada vez más presente que impregna por igual todo tipo de asuntos (Esperemos, por el bien de los lectores y de la objetividad de la información, que el resto de sus mordaces prosas tenga una base de mayor solidez).

En segundo lugar, es importante reseñar el carácter temporal de los sucesos, de tal manera que hechos admitidos en la actualidad han sido sancionables en épocas remotas, o viceversa.

Un ejemplo serviría de explicación: el delito de usura ante el enriquecimiento de prestamistas por las altas rentabilidades que percibían por sus préstamos y su traslación a actividades empresariales actuales y lícitas por empresas financieras, en donde se manifiesta que no es precisamente el tipo interés lo que define o constituye el objeto del delito (como prueba, los elevados intereses de los créditos rápidos al consumo) .

Concluyéndose, por tanto, que el término “estafa”, no clarifica suficientemente los hechos e introduce subjetividades propias de apreciaciones personales (sentirse estafado como sensación por la pérdida ocasionada, frente a la estafa como delito) que no siempre se ubican en un contexto legal, única forma de identificar comportamientos sancionables y de aplicar las medidas necesarias.

Es por ello, que lo realmente fundamental en este caso es delimitar con exactitud si la actividad era legal o ilegal al abrigo de las leyes, auténtica base definitoria de las actuaciones que se han llevado a cabo y de la delimitación de responsabilidades.

La opinión pública no podrá ser distraída durante todo el tiempo con misivas que no pueden trascender eternamente y que no describen la realidad ni pueden justificar la dilación del proceso y el quebranto ocasionado a cerca de medio millón de afectados.

Lo que está en juego es muy serio: el descrédito de la aplicación de la Justicia y la carencia de una normativa que justifique, en Derecho, las medidas cautelares adoptadas.

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