No debería aplicarse la LOMCE este curso, sobre todo si tenemos en cuenta que habrá elecciones generales y es casi seguro que se cambie la ley de educación. No es que estemos conformes con ese cambio, pero con la LOMCE no vamos a llegar a parte ninguna.

Una ley que nace sin consenso de la comunidad educativa no suele ser productiva ni positiva; menos aún si basa muchos de sus objetivos en la reducción de recursos, en los recortes, en el aumento de la jornada laboral, en la falsa calidad educativa, en el destrozo de plantillas en los centros, en el desenfoque de la excelencia, en una falsa autonomía de los centros, en la mala rentabilidad de los recursos y en el aumento de la ratio alumnado/profesorado, entre otros atropellos.

Hay comunidades autónomas donde solo ha reaccionado a tiempo el partido, organización u ONG que conocemos como “Podemos”. En la mayoría de los casos, las demás organizaciones se han puesto en orden de revista y tocan al ritmo que marcan los podemitas. Hay comunidades autónomas donde esa misma organización ha presentado una proposición no de ley para seguir contando con el resto de los grupos parlamentarios, de forma que no se aplique la reseñada LOMCE. Pero ya verán ustedes cómo eso no sirve de nada porque el PP seguirá ‘arrastrando’ el rodillo hasta el último día.

Hasta ahora, el Partido Popular ha gobernado con mano dura, rodillo devastador y sordera continuada. Es necesaria una oposición rigurosa, seria, eficaz y firme en sus planteamientos y en sus credos. Estos cuatro años no ha habido esa oposición ni en las Cortes generales ni en las comunidades autónomas. Hemos podido comprobar y demostrar en estos años que las políticas educativas del PP han sido ineficaces y, en muchos casos, nocivas. La guinda del pastel fue la LOMCE, donde se demostró que José Ignacio Wert se había convertido en el ministro más denostado, peor valorado y más desprestigiado; esas mismas adjetivaciones pueden aplicarse también a su ayudante, secretaria de Estado y hoy pareja, Montserrat Gomendio.

Nosotros, desde este medio y otros medios de comunicación, hemos pedido a Fernando Rey, consejero de Educación de Castilla y León, y al ministro de Educación de Mariano Rajoy que no se siga adelante con el desarrollo de esta ley. Téngase en cuenta que hay comunidades donde los consejeros no se han reunido con los representantes de la comunidad educativa para explicarles cómo se va a llevar a cabo su aplicación.

El caso es que el nuevo curso ya está en marcha. En la mayoría de los centros ni siquiera se sabe con qué plantilla se va a contar. A veces envían profesorado que no es necesario y lo que se precisa lo eliminan o suprimen. Torpeza tras torpeza hace que la educación se convierta en el pim, pam, pum de todos los sectores. El primer claustro en los centros suele ser desolador por la deficiente planificación de las consejerías de educación y de los propios servicios periféricos.

Al final, sucederá lo de siempre: los equipos directivos deberán resolver los atropellos y brutalidades que cometen las consejerías de educación, los servicios periféricos y el desconocimiento de muchos miembros y “miembras” de la propia inspección educativa; sector, este último, que cada vez se pone más en solfa y en duda su actual organización y sus cometidos, sobre todo desde que ha empezado a invadir la autonomía de los centros, entrado en ella cual torparrón ‘elefante en cacharrería’.