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“Es el porvenir quien debe imperar sobre el pretérito y de él recibimos la orden para nuestra conducta frente a cuanto fue” J. Ortega y Gasset

¿Inmigrantes para garantizar las pensiones del futuro?

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El excanciller alemán Gerhard Shröeder se ha mostrado muy crítico con los que intentan impedir la llegada de inmigrante a Europa. Para este político socialdemócrata , según un artículo suyo publicado en el “Welt am Sonntag” “No debemos de tratar de impedir esta migración en y hacia Europa con nuevos telones de acero, sino que debemos conducirla, debemos integrar y debemos crear perspectivas en los países de origen”, para él, suponemos que refiriéndose a su país, Alemania: “Si queremos continuar siendo, en el futuro, un país socialmente y económicamente fuerte, necesitamos a los inmigrantes” , añadiendo una coletilla, capaz de desmontar todo posible sentimiento altruista por parte de este señor, cuando afirma: “Por lo tanto, lo que necesitamos son inmigrantes en nuestro sistema social, porque sin ellos ya no podremos financiar nuestras pensiones en el futuro”. ¿Sería ésta, verdaderamente, la piedra filosofal capaz de solucionar el grave problema de la financiación de las pensiones en el futuro? Estaría por ver.

Si miramos el problema de la inmigración desde el punto de vista solamente económico, como parece que lo quiere presentar el señor Shröeder, deberíamos valuar también el coste que significaría para la nación huésped el recibir a los inmigrantes, alojarlos, proporcionarles seguridad social y asistencia sanitaria, buscarles trabajo y encontrar escuelas especializadas para que los emigrantes y sus hijos pudieran recibir enseñanza y aprendieran el idioma del país que se haya hecho cargo de ellos. Por otra parte, parece que la señora Merkel, de repente convertida en la “hada buena” de la invasión de personas procedentes de las guerras de Oriente Medio, especialmente los fugitivos de la invasión de los asesinos del EI y sus métodos expeditivos de tratar a quienes consideran enemigos del Corán; ha cambiado de opinión respecto a este punto. No obstante, hay una discriminación negativa en el trato para aquellos que huyen de sus países, especialmente los migrantes de las naciones africanas, con los que la “caridad” de la señora Merkel no parece que llegue hasta el límite de permitirles que, como ocurre con los que piden asilo político, se pudieran quedar en las naciones de acogida y para quienes la canciller alemana ha decidido que se les devuelva a sus países de origen.; haciendo una distinción difícil de comprender entre los inmigrantes necesitados y amenazados por las hambrunas (que también conducen a la muerte, en este caso por inanición) y los que temen ser las víctimas de la guerra.

Evidentemente, no entra en la cabeza de ninguna persona medianamente sensible, el que se acoja a miles de inmigrantes para que después se les condene a instalarse en campamentos hacinados en los extrarradios de las ciudades; se les mantenga en ellos viviendo de la caridad pública o de las ayudas sociales de las ONG, indefinidamente; lo que supone que las autoridades han de ocuparse de que se les enseñe un oficio a aquellos que no lo tengan o sus habilidades laborales no tengan salida alguna en el país de acogida y enseñarles el idioma oficial para que sean capaces de entenderse con el resto de ciudadanos. Todo ello supone el prever en los PGE las cantidades precisas para que este coste no recaiga directamente sobre los municipios de acogida y, si hay que acudir a este remedio, todos sabemos quienes son los destinatarios finalistas de los impuestos que sean precisos establecer para conseguir los fondos necesarios.

La experiencia nos dice que, cualquier inmigrante que entre en España, no solamente los que consigan un trabajo, tiene derecho a ser atendido sanitariamente, aún que no haya cotizado ni un solo euro para justificar tal asistencia. En el caso de los que consiguen un trabajo remunerado, inmediatamente tienen derecho a las prestaciones médicas de la Seguridad Social, lo mismo que para los familiares que dependan de él, así como al resto de prestaciones establecidas a favor de los trabajadores oriundos, como pudieran ser la jubilación, las prestaciones por incapacidades y viudedad y, todo ello, antes de que hayan contribuido lo preciso para habérselo ganado. No olvidemos que, la mayoría de los inmigrantes que han llegado a España, en cuanto han conseguido establecerse y conseguir un trabajo retribuido, han usado de su derecho a la reagrupación familiar que les concede la Ley, para traerse a sus familiares que, habitualmente, suelen ser numerosos si se cuentan los hijos y los allegados más cercanos. Es notorio que, durante los años del boom de llegada de inmigrantes de Sudamérica o del norte de África, especialmente después de la regularización de los sin papeles, organizada por el ministro de trabajo socialista, señor Caldera, la población llegó a aumentar casi en cinco millones de habitantes. La crisis se ha encargado de disminuir esta presión, debido a que muchos regresaron a sus países de origen.

Sin duda, el coste de esta invasión de inmigrantes para un país como España, que todavía tiene parados a más de 4.500.000 trabajadores y, en consecuencia, las posibilidades de que los recién incorporados puedan encontrar un trabajo fijo o de tipo eventual, que no sean de los que requieran escasos conocimientos ni supongan especialización alguna, son escasas y ello supone que deba ser el Estado, a través de sus organizaciones de ayuda a los sin trabajo, quien deba asumir el coste de los que estén a la espera de conseguir una ocupación que les permita incorporarse a la Seguridad Social y, con sus impuestos y cotizaciones, empezar a contribuir al pago de las prestaciones de las clases pasivas a cargo de las Arcas del Estado. De ahí a que, como propone Alemania, estos nuevos cotizantes hayan devuelto todo lo que le deben al Estado y, en consecuencia, a todos los contribuyentes que hemos pagado nuestros impuestos para que estas personas hayan sido acogidas, es evidente que deberán pasar una cantidad importante de años en los que, el Estado español, que ha necesitado recurrir a la financiación pública externa para poder mantener la deuda pública ( hoy por hoy sobre un 93% del PIB y, en ocasiones incluso superior); lo que, a la vez, supone pagar los intereses correspondientes para conseguir las sucesivas renovaciones, a sus respectivos vencimientos; obtenga el apoyo que el trabajo de los inmigrantes y sus cotizaciones contribuyan eficazmente a sostener el pago de las pensiones del futuro.

Es evidente que los estudios que están teniendo lugar en nuestro país, por los especialistas en los cálculos del coste de las pensiones y expertos en seguros de vida y cálculos actuariales, no parece que estén enfocados hacia este tipo de soluciones, como las que proponen los dirigentes alemanes ( es posible que Alemania, que se ha comprometido a recoger a 800.000 inmigrantes, tenga un déficit de trabajadores y, para sus planes de futuro, considere que precisa de esta ayuda), antes bien todo indica a que, en un futuro no muy lejano, el sistema actual de “reparto” para el pago de pensiones va a ir disminuyendo a favor de que, cada trabajador, se cree su seguro particular complementario de jubilación que, unido al oficial, le permita disponer durante su jubilación de las cantidades precisas para mantener una buena calidad de vida.

No sabemos si Alemania va a tener el apoyo necesario para imponer al resto de las naciones europeas, evidentemente alejadas de sus especiales circunstancias como nación puntera y su fortaleza económica, para que se comprometan a asumir unos costes que, salvo en el caso de que se socialicen las deudas en toda Europa, mediante un acuerdo de la UE, (algo que ya parece que intentan proponer algunos estudiosos de la materia) va a ser casi imposible que se lleve a cabo, no sólo porque la medida sea impopular en muchas naciones, sino por la propia imposibilidad de que muchas de ellas puedan asumir unos costes que lleguen a ser insostenibles para sus propias economías.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos, una vez más, como esta Europa de las naciones sigue teniendo incompatibilidades que le impiden aplicar, en muchas ocasiones, una política común; debido a que, aunque no se quiera reconocer, hay naciones que están muy por encima en su fortaleza económica e influencia mundial respecto a otras que, cada vez más, les cuesta seguirles la estela.

¿Inmigrantes para garantizar las pensiones del futuro?

“Es el porvenir quien debe imperar sobre el pretérito y de él recibimos la orden para nuestra conducta frente a cuanto fue” J. Ortega y Gasset
Miguel Massanet
martes, 1 de septiembre de 2015, 06:34 h (CET)
El excanciller alemán Gerhard Shröeder se ha mostrado muy crítico con los que intentan impedir la llegada de inmigrante a Europa. Para este político socialdemócrata , según un artículo suyo publicado en el “Welt am Sonntag” “No debemos de tratar de impedir esta migración en y hacia Europa con nuevos telones de acero, sino que debemos conducirla, debemos integrar y debemos crear perspectivas en los países de origen”, para él, suponemos que refiriéndose a su país, Alemania: “Si queremos continuar siendo, en el futuro, un país socialmente y económicamente fuerte, necesitamos a los inmigrantes” , añadiendo una coletilla, capaz de desmontar todo posible sentimiento altruista por parte de este señor, cuando afirma: “Por lo tanto, lo que necesitamos son inmigrantes en nuestro sistema social, porque sin ellos ya no podremos financiar nuestras pensiones en el futuro”. ¿Sería ésta, verdaderamente, la piedra filosofal capaz de solucionar el grave problema de la financiación de las pensiones en el futuro? Estaría por ver.

Si miramos el problema de la inmigración desde el punto de vista solamente económico, como parece que lo quiere presentar el señor Shröeder, deberíamos valuar también el coste que significaría para la nación huésped el recibir a los inmigrantes, alojarlos, proporcionarles seguridad social y asistencia sanitaria, buscarles trabajo y encontrar escuelas especializadas para que los emigrantes y sus hijos pudieran recibir enseñanza y aprendieran el idioma del país que se haya hecho cargo de ellos. Por otra parte, parece que la señora Merkel, de repente convertida en la “hada buena” de la invasión de personas procedentes de las guerras de Oriente Medio, especialmente los fugitivos de la invasión de los asesinos del EI y sus métodos expeditivos de tratar a quienes consideran enemigos del Corán; ha cambiado de opinión respecto a este punto. No obstante, hay una discriminación negativa en el trato para aquellos que huyen de sus países, especialmente los migrantes de las naciones africanas, con los que la “caridad” de la señora Merkel no parece que llegue hasta el límite de permitirles que, como ocurre con los que piden asilo político, se pudieran quedar en las naciones de acogida y para quienes la canciller alemana ha decidido que se les devuelva a sus países de origen.; haciendo una distinción difícil de comprender entre los inmigrantes necesitados y amenazados por las hambrunas (que también conducen a la muerte, en este caso por inanición) y los que temen ser las víctimas de la guerra.

Evidentemente, no entra en la cabeza de ninguna persona medianamente sensible, el que se acoja a miles de inmigrantes para que después se les condene a instalarse en campamentos hacinados en los extrarradios de las ciudades; se les mantenga en ellos viviendo de la caridad pública o de las ayudas sociales de las ONG, indefinidamente; lo que supone que las autoridades han de ocuparse de que se les enseñe un oficio a aquellos que no lo tengan o sus habilidades laborales no tengan salida alguna en el país de acogida y enseñarles el idioma oficial para que sean capaces de entenderse con el resto de ciudadanos. Todo ello supone el prever en los PGE las cantidades precisas para que este coste no recaiga directamente sobre los municipios de acogida y, si hay que acudir a este remedio, todos sabemos quienes son los destinatarios finalistas de los impuestos que sean precisos establecer para conseguir los fondos necesarios.

La experiencia nos dice que, cualquier inmigrante que entre en España, no solamente los que consigan un trabajo, tiene derecho a ser atendido sanitariamente, aún que no haya cotizado ni un solo euro para justificar tal asistencia. En el caso de los que consiguen un trabajo remunerado, inmediatamente tienen derecho a las prestaciones médicas de la Seguridad Social, lo mismo que para los familiares que dependan de él, así como al resto de prestaciones establecidas a favor de los trabajadores oriundos, como pudieran ser la jubilación, las prestaciones por incapacidades y viudedad y, todo ello, antes de que hayan contribuido lo preciso para habérselo ganado. No olvidemos que, la mayoría de los inmigrantes que han llegado a España, en cuanto han conseguido establecerse y conseguir un trabajo retribuido, han usado de su derecho a la reagrupación familiar que les concede la Ley, para traerse a sus familiares que, habitualmente, suelen ser numerosos si se cuentan los hijos y los allegados más cercanos. Es notorio que, durante los años del boom de llegada de inmigrantes de Sudamérica o del norte de África, especialmente después de la regularización de los sin papeles, organizada por el ministro de trabajo socialista, señor Caldera, la población llegó a aumentar casi en cinco millones de habitantes. La crisis se ha encargado de disminuir esta presión, debido a que muchos regresaron a sus países de origen.

Sin duda, el coste de esta invasión de inmigrantes para un país como España, que todavía tiene parados a más de 4.500.000 trabajadores y, en consecuencia, las posibilidades de que los recién incorporados puedan encontrar un trabajo fijo o de tipo eventual, que no sean de los que requieran escasos conocimientos ni supongan especialización alguna, son escasas y ello supone que deba ser el Estado, a través de sus organizaciones de ayuda a los sin trabajo, quien deba asumir el coste de los que estén a la espera de conseguir una ocupación que les permita incorporarse a la Seguridad Social y, con sus impuestos y cotizaciones, empezar a contribuir al pago de las prestaciones de las clases pasivas a cargo de las Arcas del Estado. De ahí a que, como propone Alemania, estos nuevos cotizantes hayan devuelto todo lo que le deben al Estado y, en consecuencia, a todos los contribuyentes que hemos pagado nuestros impuestos para que estas personas hayan sido acogidas, es evidente que deberán pasar una cantidad importante de años en los que, el Estado español, que ha necesitado recurrir a la financiación pública externa para poder mantener la deuda pública ( hoy por hoy sobre un 93% del PIB y, en ocasiones incluso superior); lo que, a la vez, supone pagar los intereses correspondientes para conseguir las sucesivas renovaciones, a sus respectivos vencimientos; obtenga el apoyo que el trabajo de los inmigrantes y sus cotizaciones contribuyan eficazmente a sostener el pago de las pensiones del futuro.

Es evidente que los estudios que están teniendo lugar en nuestro país, por los especialistas en los cálculos del coste de las pensiones y expertos en seguros de vida y cálculos actuariales, no parece que estén enfocados hacia este tipo de soluciones, como las que proponen los dirigentes alemanes ( es posible que Alemania, que se ha comprometido a recoger a 800.000 inmigrantes, tenga un déficit de trabajadores y, para sus planes de futuro, considere que precisa de esta ayuda), antes bien todo indica a que, en un futuro no muy lejano, el sistema actual de “reparto” para el pago de pensiones va a ir disminuyendo a favor de que, cada trabajador, se cree su seguro particular complementario de jubilación que, unido al oficial, le permita disponer durante su jubilación de las cantidades precisas para mantener una buena calidad de vida.

No sabemos si Alemania va a tener el apoyo necesario para imponer al resto de las naciones europeas, evidentemente alejadas de sus especiales circunstancias como nación puntera y su fortaleza económica, para que se comprometan a asumir unos costes que, salvo en el caso de que se socialicen las deudas en toda Europa, mediante un acuerdo de la UE, (algo que ya parece que intentan proponer algunos estudiosos de la materia) va a ser casi imposible que se lleve a cabo, no sólo porque la medida sea impopular en muchas naciones, sino por la propia imposibilidad de que muchas de ellas puedan asumir unos costes que lleguen a ser insostenibles para sus propias economías.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos, una vez más, como esta Europa de las naciones sigue teniendo incompatibilidades que le impiden aplicar, en muchas ocasiones, una política común; debido a que, aunque no se quiera reconocer, hay naciones que están muy por encima en su fortaleza económica e influencia mundial respecto a otras que, cada vez más, les cuesta seguirles la estela.

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