Si el resultado de las próximas elecciones generales acaba siendo el que vaticinan los últimos sondeos, la única fórmula factible para conformar una mayoría absoluta que permitiera la formación de un gobierno estable sería el pacto entre el PP y el PSOE. Y a eso es a lo que se debería llegar, en buena lógica democrática. En cambio, no parece ser esta la lógica que más gusta a las direcciones de los partidos en litigio.

Si en algo deberíamos estar todos de acuerdo es en que la democracia española es una democracia parlamentaria. Una democracia parlamentaria se distingue de otras por tener en el Parlamento la residencia de la voluntad del pueblo. Y si esto es así, tan solo el Parlamento tiene la potestad de conformar la mayoría necesaria para formar gobiernos; bien, invistiendo como presidente al candidato del partido que haya conseguido una mayoría suficiente, o al candidato del partido que, aún sin haber conseguido dicha mayoría, sí consiga alcanzar el apoyo de una mayoría suficiente de diputados, en sede parlamentaria y en base a acuerdos programáticos alcanzados por medio de la negociación, máxima expresión de la utilidad democrática del Parlamento.

Pero los dirigentes del PP no son de esta opinión. Ellos consideran que el gobierno lo ha de conformar el partido político que cuente con la lista más votada, relegando al resto de las fuerzas políticas a un mero papel de comparsa. Por otro lado, el PSOE tampoco está dispuesto a pactar con el PP, dando por hecho la imposibilidad de llegar a acuerdos programáticos de gobierno con un partido que, a su parecer, se encuentra en sus antípodas ideológicas; cuando, al mismo tiempo, una parte importante del electorado percibe que el PP y el PSOE son casi la misma cosa.

Los hechos objetivos desmienten estas tesis del PP y del PSOE. Por un lado, estamos asistiendo al incipiente desmantelamiento del bipartidismo y, por otro lado, parece que va calando en la sociedad la idea de que en la pluralidad de voces, en la negociación, en los acuerdos, está la virtud. Ante los graves problemas que tenemos que afrontar en el futuro inmediato, parece que lo razonable sería arriar las banderas partidistas, acercar posiciones y asumir la diversidad de pensamientos que hoy se manifiestan en la sociedad española, con generosidad, coraje y, si se quiere, haciendo de la necesidad virtud (o de tripas corazón).

Al PP y al PSOE les sobran razones indubitables y de peso más que suficiente para gobernar juntos: ellos son la encarnación del bipartidismo que nos ha estado gobernando en España en los últimos treinta y tres años, y que hoy se cuestiona; son el principal referente y salvaguarda de la Constitución del 78; con sus matices, los dos partidos defienden la unidad territorial de España; los dos defienden el sistema capitalista de libre mercado. En fin, que en cualquier país de nuestro entorno, un gobierno de coalición como el que podrían conformar partidos afines al PP y al PSOE sería visto como la cosa más normal del mundo.

Y, en última instancia, un gobierno de coalición PP-PSOE acabaría con el rodillo de las mayorías absolutas, ayudaría a atajar la corrupción política, y tendría enfrente a una oposición constituida, principalmente, por los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, con lo que nos daría a los españoles la oportunidad de asistir a una legislatura sumamente interesante, que arrojaría mucha luz sobre el verdadero estado de la Nación, la calidad de nuestra democracia, las expectativas que nos pueden ofrecer los unos y los otros.

En definitiva, en la mano del PP y PSOE está alcanzar los acuerdos que nos lleven a un gobierno estable, a una legislatura que podría ser apasionante. O, por el contrario, a un laberinto inquietante.