Desde hace tiempo venimos denunciando que la educación destinada a las personas adultas está abandonada por parte de la Consejería de Educación. Los motivos son varios: desconocimiento de esta variante del sistema; mimetismo con las enseñanzas del régimen ordinario; excesivos clichés; desconocimiento del volumen de alumnado y su interés por formarse a lo largo de la vida, como recomienda la Unión Europea. Doy fe de que, desde el año 2003, la educación de adultos está en manos de desaprensivos que lo único que han hecho ha sido dañar a esta variante del sistema educativo.

A veces da envidia ver cómo cuidan esta variante en otras comunidades autónomas, prácticamente en todas. Incluso ayer, en el diario digital Cantabria Liberal, leíamos unas declaraciones de la concejala de Camargo brindando todo el apoyo al centro de EPA de esa localidad. Por el contrario, aquí, en Castilla y León, no han aprendido: siguen con la supresión de profesorado; envían a los centros profesorado cuya especialidad no es necesaria; recortes permanentes de medios de todo tipo; incumplimiento de su propia normativa por parte de la Consejería de Hacienda; recorte de personal de administración y servicio, con el consiguiente desprecio a los equipos directivos; obsesión por la educación secundaria, cuando el 70% del alumnado pretende formarse en otras ofertas formativas; negativa a la adquisición o renovación de medios materiales y un largo etcétera.

Lo más doloroso es que se planifica desde los servicios periféricos provinciales, sin contar con los equipos directivos ni con los claustros, hasta el punto de que inspectores e inspectoras que desconocen por completo la educación de adultos suelen intentar aplicar ¿soluciones? adecuadas para niños del régimen ordinario, pero plenamente y desproporcionadamente inaplicables para el alumnado adulto. No es de extrañar que centros públicos específicos acusen a la Junta de Castilla y León de desidia y el alumnado --a través de escritos dirigidos al consejero de educación-- se quejen del "abandono" de la educación de adultos, a la vez que piden apoyo a los ayuntamientos.

Ese ha sido el caso, por ejemplo, del alumnado de Peñafiel. Más de 200 alumnos y alumnas de la comarca han solicitado al nuevo y desconcertante consejero de educación que se derogue la orden que regula las enseñanzas no formales destinadas a la población adulta. Reclaman más medios, más variedad de cursos en la oferta anual y "orientar esas enseñanzas hacia la formación y no solo a la obtención del graduado en secundaria".

El alumnado de la comarca reseñada se queja amargamente --y con toda la razón del mundo-- de cómo la normativa del año 2012 hace una apuesta por la enseñanza destinada a la obtención del graduado en secundaria "despreciando así la educación permanente que se había mantenido hasta ahora". Además, la constante supresión de profesorado hace que las listas de espera sean cada vez mayores en este tipo de centros, quedándose en la calle gente verdaderamente interesada en formarse y que, en ocasiones, lo necesita para sus centros de trabajo. La mala planificación de la Consejería de Educación lleva a incrementar la despoblación de forma permanente. Y si en los pueblos de la provincia de Valladolid son muchas las limitaciones, en los tres centros de la capital vallisoletana el alumnado en lista de espera o que no se puede atender supera, algunos años, los cuatrocientos alumnos/as. Eso demuestra la torpeza de la Consejería de Educación, su desprecio al contribuyente y la desidia de la que se acusa a esa instancia desde el año 2003.

El alumnado de la comarca peñafielense manifiesta en los medios de comunicación de la zona que "entendemos y respetamos que haya personas que quieran obtener un título básico, que les permita mejorar su currículum, pero hay otras muchas que no tienen ninguna necesidad de ello y sí de otro tipo de formación". Los objetivos de la educación de personas adultas son muy claros en la Ley de Adultos de la comunidad, pero --como muchas otras normas-- se las pasa la administración educativa por el arco triunfal, para desesperación de la ciudadanía y menosprecio de la educación a lo largo de la vida.

Es curioso cómo buena parte del alumnado pensaba que la dejadez de la administración educativa hacia la educación de adultos era el resultado de la Ley WERT (LOMCE), pero se han dado cuenta de que no es así y que era simplemente la adaptación autonómica de una norma que se modificó así por propia voluntad de la Junta y por desconocimiento de la realidad de la propia comunidad autónoma, así como por la dejación de funciones y el temor a la dimensión que estaba alcanzando esta variante educativa.

Un dato más: hay centros en la capital vallisoletana donde se han suprimido dos maestros, con lo que se dejarán de atender más de 300 alumnos/as. Y lo curioso es que han pretendido tapar esa barbaridad nombrando dos medios profesores de secundaria cuyas especialidades no son necesaria y cuya labor deberá orientarse a apoyar en consejería y en otros cometidos del personal de administración y servicios, ante la falta de auxiliares administrativos.

Como notario permanente del hecho, doy fe.