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Opinión
Etiquetas:   Carta al director  

La estrategia electoral del Ejecutivo contra la Iglesia (I)

Roberto Esteban Duque
Redacción
viernes, 25 de enero de 2008, 09:54 h (CET)
El pasado domingo era Zapatero quien hacía libertina ostentación de su talante ateo y progre (nada exigible al presidente de una nación democrática), calificando a la jerarquía eclesiástica de fundamentalista por defender la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Erradicar la familia se ha convertido en una prioridad de la política gubernamental.

El miércoles le tocaba disponer de su verbo retórico al ínclito Bono, el hombre que más ha engañado al pueblo, conmovido éste no pocas veces por algún personaje ruin que se pone al servicio de los instintos del vulgo. Este personaje es tan astuto como chabacano, tan demagogo y populista como mendaz, con un afán de protagonismo inefable.

Pero el eterno engañabobos de Bono también arremete en los últimos tiempos contra la Iglesia católica, como si de una estrategia electoral política se tratase, mal asesorado, como siempre lo estuvo en el Palacio de Fuensalida, por un clero secularizado. Según el hombre que siempre quiso ser presidente del Gobierno, ningún cristiano sigue la encíclica “Humanae Vitae”, ni está dispuesto a valorar el uso o no de la píldora, o a defender la indisolubilidad del matrimonio. Las insidias de Bono se dirigen contra los cardenales, asegurando que los cristianos están lejos “de los que utilizan el solideo o el báculo para arrear o condenar”. La Iglesia ha estado demasiado tiempo engatusada por Bono. Y sé bien lo que digo; al cabo, poco faltó para que me abriesen un expediente informativo hace ahora nueve años por no bendecir las palabras y actuaciones del citado histrión.

La estrategia de acoso y derribo hacia la jerarquía eclesiástica tuvo el martes como protagonista (y aquí me quiero detener) a la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Mientras los obispos callan (algo plausible en las presentes circunstancias), la vicepresidenta, que ha pasado de la mesura a la hybris, reanuda la beligerancia del Ejecutivo contra la Iglesia para invocar la autonomía del Estado y la necesaria potenciación del uso público de la razón. El Estado, dice la vicepresidenta, “debe ser neutral ante la diversidad de creencias sobre lo bueno”. Semejante forma de pronunciarse significa que De la Vega duda mucho de que la Iglesia reconozca la soberanía política de la democracia y la legitimidad de la independencia del Estado y de la Iglesia.

Estado laico o neutral no significa que la Iglesia calle ni deje de molestar al Ejecutivo cuando lo crea oportuno; tampoco que exprese razonablemente sus críticas, o bien que ofrezca un disenso público, un llamamiento a la precaución moral contra la excesiva autonomización de la política respecto de la moral. La Iglesia manifiesta que se tenga un eidos, un temor y respeto ante determinadas leyes perversas. El Gobierno parece mostrase intolerante, esgrimiendo estar en posesión de la verdad, al pretender que el discurso laicista penetre en la razón pública, al tiempo que la Iglesia quede fuera de él.

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