Ya no sé a qué argumento aferrarme para intentar explicar por qué no me gusta la lidia ni cualquier otro festejo taurino, sin que el aficionado de turno me lo discuta con un argumento contra el que no puedo hacer nada: libertad de elección. Que nadie me obliga a asistir a la plaza, es la coartada más socorrida siempre que su repertorio a favor se agota o el tipo se harta de oír la retahíla de tesis antitaurinas que en nada difieren de otras igualmente rebatibles fácilmente, sobre todo si en el fuero interno de cada uno no hay lugar para la reflexión y el entendimiento.

Pero lo de este último fin de semana, en el que nada menos que cuatro personas ajenas al rejoneo han muerto por asta de toro, se ha salido tanto de madre que el asunto clama al cielo. Vamos a ver qué medidas verdaderamente efectivas se toman, no sólo en Navarra, Valencia, Valladolid y Murcia, que son las provincias en las que han tenido lugar esos trágicos sucesos, sino en todas las regiones de nuestro país susceptibles de producirse algo así por su exacerbada afición, para proteger de ellos mismos a los inconscientes que se ponen delante de un toro de modo imprudente y, tal vez también, con unas cuantas copas de más.

Para mí, que tiene la culpa la autoridad “competente”, al menos en una gran parte. Ella es, sin duda, la máxima responsable de la seguridad de los asistentes a todos los eventos organizados por las instituciones públicas, así como los de cualquiera otra entidad que precise de su consentimiento para llevarlos a cabo. Porque éste es, sin duda alguna, un asunto para reflexionar, pues no todo vale con tal de contentar a la ciudadanía. Tener entretenida a la gente, corriendo delante de una res destornillada, no dice mucho en favor de los responsables políticos que no sólo lo permiten sino que además lo fomentan.