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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Fomento del aborto ilegal

Clemente Ferrer (Madrid)
Redacción
miércoles, 9 de enero de 2008, 06:37 h (CET)
El aborto siempre es detestable, no sólo por ser delito (en España es delito despenalizado en tres supuestos), sino, sobre todo, porque es un atentado horrible contra la vida más inocente: la del niño camino de su nacimiento, digno del amparo de sus padres, de la sociedad y de los poderes públicos. Josep Miró, presidente de E-cristians, revela que en España la legislación que reglamenta las prerrogativas concretas en que el aborto no es punible tiene una regulación mínima, porque las regencias públicas no han anhelado mejorarla. "No existe ningún control previo, durante o posterior al proceso que permita detectar irregularidades. La carencia es tan grave, que si en este ámbito se aplicara la normativa habitual en materia de talas forestales, el número de abortos disminuiría en gran medida. En España es más difícil cortar un árbol ilegalmente que cometer un aborto".

La exigua proporción de abortos que se ejecutan en los sanatorios públicos no se debe a la objeción de conciencia de los médicos, sino a que se ve mas ventajoso encaminar hacia clínicas privadas los abortos que no están palmariamente tipificados. "Esto explica la baja participación de los hospitales públicos en los abortos, y el escaso número de casos por enfermedad mental de la madre que se da en los mismos, cuando en las estadísticas sobre aborto significan más del 95 por ciento del total".

La sanidad pública, sigue aclarando Miró, ha implantado un procedimiento para donar fondos públicos a las clínicas abortistas, de dos formas: "Una mediante un acuerdo con una fundación privada, que, con dinero de los contribuyentes, subvenciona a las mujeres que quieren abortar. El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas son los agentes que lo financian. La segunda vía consiste en establecer convenios entre las Comunidades Autónomas y las clínicas abortistas".

El sistema se presta a abusos probados. "Los médicos psiquiatras que determinan el riesgo grave de salud para la madre están a sueldo de la propia clínica que hace el aborto, y sus dictámenes no están sometidos a ningún control, ni de la Administración ni del Colegio de Médicos".

Los fondos de la sanidad pública aviva así substanciosos contratos privados con las clínicas abortistas. "Aquello que no se hace en las prestaciones sanitarias obligatorias, el desviar a los centros privados enfermos para evitar riesgos o largas y angustiosas esperas, se hace con el aborto. El resultado es una verdadera política de fomento del aborto, a pesar de que la mayor amenaza para el bienestar y la prosperidad de nuestro país es la crisis de la natalidad".

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Clemente Ferrer Roselló es presidente del Instituto Europeo de Marketing, Comunicación y Publicidad. Madrid.

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