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Etiquetas:   Perspectiva de Levante   -   Sección:   Opinión

Ante el enfado del sector progubernamental por el acto de reivindicación de la familia cristiana

Domingo Delgado
Domingo Delgado
martes, 8 de enero de 2008, 02:53 h (CET)
El pasado día 30 de diciembre, el acto público de reivindicación de la familia cristiana, promovido por el arzobispo de Madrid, tuvo un gran eco entre los asistentes y simpatizantes con los postulados que defendía el acto, y entre los contrarios al mismo, que inmediatamente reaccionaron con ácidas críticas ante lo que resultaba ser un derecho constitucional de libertad de expresión y de manifestación pública.

Si bien parece que para cierto sector social de izquierda, sólo son legítimas las manifestaciones de su ámbito de pensamiento, y las de los titiriteros, que a tiempo y destiempo no cejan en salir a la calle para hacer públicos sus postulados, una de cuyas últimas perlas ha sido la del apoyo al “canon” que grava a los soportes digitales, para aprovechamiento de la Sociedad General de Autores, aunque nos cueste a la mayoría de los consumidores dicho tributo, sin que hagamos uso de copias de obras de tales autores. En lo que resulta ser una prueba más, de la influencia de los grupos de presión sobre el gobierno, por encima incluso de las mayorías sociales y políticas.

Y algo así es lo que viene a suceder con la cuestión de la familia. Siendo España un País mayoritariamente católico, resulta lógica la pretensión de los católicos –a cuyo frente está la jerarquía eclesiástica- que la legislación que regule el matrimonio y la familia, pese a serlo en un ámbito civil del Estado, al menos se deje influir por los valores del pensamiento cristiano en materia de matrimonio y familia. Lo cual, no quiere decir que todo ciudadano, aún en el caso que no sea creyente, o tenga otro credo religioso, tenga necesariamente que vivir según esos valores cristianos, sino que en la libertad y respeto de las minorías, estas pueden en su vida privada, concebir el matrimonio y la familia a su modo. Pero si la mayoría sociológica del Estado es católica, lo lógico y democrático es que se respete su criterio a la hora de legislar en materia tan sensible como esta.

Por el contrario, desconociendo esa mayoría católica, el Gobierno de la Nación ha legislado una nueva configuración civil de matrimonio que da cabida en el mismo a las uniones de homosexuales, incluso con posibilidad de adopción de los mismos. Resulta claro que le bastaba, para atender las peticiones de la minoría de grupos gay y de otros comprensivos ciudadanos, la de haber regulado esas uniones civiles con otra denominación distinta de la de matrimonio, porque la mayoría católica considera que esa equiparación va en perjuicio –por confusión, equiparación y asimilación- de la misma institución matrimonial cristiana (entre hombre y mujer). Y esto no es ser homófobos, puesto que se respeta a las personas de dichos colectivos, sino de defender unas tesis que separan una de otra realidad en vez de unirlas para su confusión.

En tal caso, resulta razonable que la jerarquía eclesiástica se queje, y mantenga otra opinión, de forma análoga a como la mantiene un importante sector social de la Nación española, sin que por eso se les haya de anatematizar, ni de tratar como proscritos en un País en que la libertad de expresión y manifestación están reconocidas.

Tampoco resultan de recibo el censurar a la jerarquía que entre en valoraciones políticas, ya que como ciudadanos pueden y deben tener su criterio, y como pastores deben también tener un criterio formado para orientar a su grey. La fe cristiana no es una religión de exclusivo ascesis, sino que se vive diariamente y no sólo en los ritos, sino también en las relaciones con el otro, en el entorno inmediato y también en el entorno social. De hecho hay todo un cuerpo de doctrina social emanado por el Magisterio de la Iglesia, que vendría muy bien que la Iglesia lo difundiera con más asiduidad, y formara a los laicos en tal cuerpo doctrinal, que resulta, en lo social, incluso bastante avanzado, tendiendo a términos de justicia social.

La Iglesia ha de defender su creencia y valores de vida.... Y al igual que la fe no se impone, estos valores y formas de ver la vida humana, tampoco se ha de imponer, ni creo que la Iglesia lo pretenda...

Otra cosa resulta que si en democracia, cuentan las mayorías, si en España la mayoría es sociológicamente cristiana, e incluso católica, se tome en consideración la opinión, creencias y formas de entender la vida de esa mayoría católica. Y en lógica, justa y democrática consecuencia, las leyes contemplen esa realidad social, si realmente resulta de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos católicos de este País.

Y en ese escenario habría de entenderse la concentración de ayer en Madrid.
Otras lecturas serían tan sesgadas como sus completamente contrarias.
Y ello sin perjuicio que algún cardenal como el de Valencia posiblemente se excediera en su apreciación de descomposición democrática..., que realmente no parece que sea tal... Aunque quizá con la aclaración hecha, se le pueda entender mejor.

El 30 de diciembre en la Plaza de Colón se puso de manifiesto, una vez más, que la legislación vigente en España en materia de familia responde a una visión minoritaria en la sociedad española, que no se adecua a cómo quieren vivir sus compromisos familiares la mayoría de los españoles. Quizá esto es lo que molesta al PSOE: que se vea en la calle y con la fuerza del número, que millones de españoles no se pliegan a la ideología de unos pocos, y conservan su espíritu crítico e independencia de criterio.

En España se ha suprimido el matrimonio al equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo (ley 13/2005), se ha convertido al matrimonio en un “contrato-basura” sólo protegido durante tres meses (ley 15/2005), se ha cambiado el concepto de sexo como rasgo definitorio de la persona para sustituirlo por el concepto ideológico de género (ley 3/2007), se ha cercenado el derecho de los padres a educar en libertad a sus hijos imponiendo el adoctrinamiento de educación para la ciudadanía (ley 2/2006) y se ha suprimido toda protección a la vida humana en sus estadios iniciales subordinándola a los intereses tecnológicos y económicos (leyes 14/2006 y 14/2007).

Por consiguiente, es normal que el sector social en desacuerdo con todo ello, se manifieste en contra de esta evolución, instando su cambio más ajustado a la realidad social y democrática.

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