No es la primera vez que ocurre en nuestro país. Recuerdo vagamente que, en Ibiza, con motivo de un juicio que tuvo lugar por presunta corrupción de cargos públicos socialistas, los tribunales decidieron interrumpir el proceso a causa de la celebración de unas elecciones, argumentando que con ella evitaban que las incidencias del juicio pudieran perjudicar a los candidatos de dicho partido, que se presentaban para ser elegidos. Entonces recuerdo que me alarmé, me sentí profundamente en desacuerdo con aquella decisión, evidentemente de tipo político, y me pregunté ¿cómo era posible que existiera semejante concomitancia entre dos poderes básicos del Estado democrático?, Según Montesquieu, todo gobierno debe mantener la independencia entre los tres poderes básicos de una nación, garantizando que ninguno de ellos pueda excederse en el ejercicio de su cometido o traicionar los principios constitucionales del país.

Uno pensaba que, una de las cosas más importantes, las condiciones que deben concurrir en los candidatos de un partido, que se presenten ante los ciudadanos para pedirles su voto para un determinado escaño o cargo público; sin duda, es la de ser una persona honrada, libre de toda sombra que pudiera mancillar su honor, su buen nombre o su integridad. Si un partido tiene problemas con la Justicia los votantes tienen derecho a conocer cuales son; si un miembro destacado de un partido, uno que ocupa un cargo de responsabilidad dentro de él u ostenta un escaño o cargo público y se encuentra afectado en calidad de imputado o “investigado”, como parece que ahora se dice; en principio, sin que ello prejuzgue a cerca del resultado de la actuación judicial, por simple precaución, por higiene democrática o por respeto al partido que representa y los votantes, debe excluirse voluntariamente o ser excluido por su propio partido de participar en cualquier tipo de concurso, elección o comicios, para ser elegido para ocupar un cargo de responsabilidad y, todavía mucho más, si el cargo fuere de representación popular.

Una vez más, con motivo de las anunciadas elecciones autonómicas del día 27S, nos volvemos a encontrar con una situación semejante a la que hemos reseñado con anterioridad. El señor Artur Mas, la señora Ortega y la señora Rigau fueron imputados por sus supuestas responsabilidades, irregularidades y desacato a las sentencias de los tribunales, cuando colaboraron, permitieron y dieron el visto bueno a aquella tomadura de pelo que tuvo lugar en Catalunya, el 9N; un simulacro ilegal y sin ninguna de las garantías legales que exige la Ley para tal tipo de consultas; mediante el cual se quería desafiar al Estado de Derecho, demostrando que los separatistas despreciaban la Constitución y estaban por encima de la legalidad vigente. Pese a todo, la consulta tuvo lugar y, a pesar de los trucos de que se valieron para intentar disfrazar su ilegalidad, lo cierto es que hubo quienes cometieron la ilegalidad, quienes ordenaron que se llevara a cabo, quienes utilizaron dineros públicos para financiar su coste y quienes ocuparon las distintas mesas en las que tuvo lugar la votación. El TC lo declaró inconstitucional.

En todo caso, un tema sub júdice que ya se salió del ámbito administrativo, de los poderes fácticos de la Administración autonómica y de las manos de los políticos en general, para entrar dentro de las competencias de los tribunales de Justicia. El TSJC debía tomar declaración a los tres políticos implicados y, evidentemente, lo que dijeran estos señores era de interés para todos los catalanes y el resto de españoles que se han sentido heridos por la deriva separatista y los evidentes casos de desobediencia que, presuntamente, se les imputan a todos ellos. Sin embargo, confirmando lo que ya hace tiempo que venimos denunciando como una de las lacras a las que estamos sometidos todos los ciudadanos españoles, cada día más se evidencia que una parte importante, un grupo concreto de magistrados, jueces y fiscales, que forman parte de nuestros tribunales de Justicia, tienen su alma dividida entre lo que les exige su deber profesional y lo que les piden sus ideas políticas y sus compromisos con los partidos con los que simpatizan, algo que, en muchos casos, puede no ser compatible con su función.

En realidad, resulta muy curioso que, tanto en el TC como de la misma Audiencia Nacional o el propio CGPJ, se produzcan decisiones, se tomen posiciones o se emitan resoluciones que resultan incomprensibles para la mayoría de la ciudadanía que, curiosamente, se muestra en contra y considera inadmisibles que puedan salir, precisamente, de los tribunales más altos de la Administración de Justicia estatal. Un caso fue el de la legalización de BILDU, algo que permitió que la marca blanca de ETA pudiera llegar a alcanzar cotas de poder en la mayoría de Administraciones del Estado; lo que les ha permitido implantar muchas de las propuestas de la banda terrorista etarra. Otro caso que cuesta justificar. El caso de la juez Alaya, una señora que ha llevado a cabo una labor titánica, a pesar de todos los impedimentos que desde el CGPJ, el TSJA, el propio Parlamento de la Comunidad Autónoma Andaluza y todos los sindicatos; ha sido capaz de imputar a más de 160 personas, todas ellas presuntas responsables de la debacle administrativa y penal que afecta a la Administración andaluza. Todas las instituciones mencionadas no han parado hasta que van a conseguir trocear el proceso en manos de la nueva juez que ha sustituido a Alaya y, con ello, vamos a ver cómo acaba todo este inmenso entramado de presunta corrupción. El señor Mas, no es que los ciudadanos tengamos la menor duda de que está enfrentándose al Estado de Derecho, de que voluntariamente se opone a la Constitución y se pasa por el forro de los pantalones los acuerdos de las Cortes; sino que es el mismo quien lo declara abiertamente, con toda desfachatez y sin que, a pesar de ello, ningún fiscal, ningún juez, ningún organismo del Estado, ningún ministro ni el propio señor Rajoy, parezca que se sienta mínimamente afectado por las bravuconadas, los desplantes y las impertinencias, tanto del señor Artur Mas como de sus partenaires separatistas, cada vez más seguros de sí mismos, más envalentonados y dispuestos a hacer lo necesario para que, en Catalunya, se forme un zafarrancho de combate que, desgraciadamente, pueda acabar de la peor forma posible.

Y, hete aquí que, así las cosas, cuando tenemos ante nosotros unas elecciones autonómicas, que los separatistas quieren convertir en “plebiscitarias”, que a efectos prácticos, para entendernos, quieren referirse ( para ello han confeccionado una lista unitaria de partidos separatistas) al famoso “derecho a decidir”, cuyo significado, a nadie se le oculta, no es otro que el preámbulo a lo que el mismo Mas no oculta en absoluto, ya que no se ha cortado al declarar que : “si de las elecciones del 27S sale un sí mayoritario” a los pocos días, quiera o no el Estado español, él va a emular al señor Macía y al señor Companys, declarando la independencia de Catalunya de España.

Y en este contexto, señores, el TSJC, ni corto ni perezoso ha decidido interrumpir la causa contra los tres independentistas, a petición de las defensas, porque el tribunal quiere evitar “que la causa del 9N interfiera en los comicios regionales”. ¿No será que no quiere que, el señor Mas y sus compañeros imputados, salgan perjudicados en sus opciones electorales si salen a la luz las componendas e irregularidades que, gracias a él y sus compadres, se produjeron en aquella pantomima charlotesca del 9 de Noviembre del 2014?

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no nos queda más remedio que compartir la opinión generalizada entre el pueblo español de que, uno de los problemas más sangrantes que continuamos teniendo en España, a pesar de que el PP dijo que lo solucionaría, es el de la Administración de Justicia que, aparte de su lentitud, su falta de medios, su endogamia y su evidente intervención en temas que le son ajenos; está padeciendo una evidente politización, especialmente hacia posiciones de izquierda, que ponen en el candelero la credibilidad de los españoles en ella y, en consecuencia, en la viabilidad de nuestro sistema político, en general.