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Etiquetas:   Reales de vellón   -   Sección:   Opinión

Dos leyes que nos agreden: el canon digital y el arrendamiento forzoso

Sergio Brosa
Sergio Brosa
martes, 25 de diciembre de 2007, 03:17 h (CET)
La pasada semana, el Congreso de los Diputados rechazó la enmienda del Senado para eliminar las tarifas que gravan los sistemas de soporte para reproducir, grabar o almacenar música.

Dice el Gobierno, por boca de su ministro de Cultura, César Antonio Molina, autor de libros de ensayo, prosa y poesía, que la aplicación del llamado canon digital es una obligación legislativa, por lo que emite con fecha 18 del corriente mes, una orden ministerial conjuntamente con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a las Entidades de Gestión y a las Asociaciones de Fabricantes de Equipos y Soportes, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción. Posteriormente se enviará al Consejo de Usuarios y Consumidores.

Dice la citada orden que el objeto de la norma es compensar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejarán de percibir por razón de las copias para uso privado, respetando así la normativa europea. No se trata, por tanto, dice la orden, de compensar la piratería.

Se mete en terreno pantanoso la orden hablando de piratería, pues qué otra cosa es este canon sino un acto de piratería contra los ciudadanos, a los que considera de antemano piratas y legaliza el botín presuponiendo que todos los artilugios digitales capaces de copiar lo que es propiedad intelectual del ministro Molina y sus compañeros de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), van a ser utilizados con tan execrable y diabólica intención.

Cree el ladrón que todos son de su condición, dice la sabiduría popular. Y el Gobierno cede a la presión de los “intelectuales” de la SGAE para meternos a todos los ciudadanos en el mismo saco; ese cuyo rótulo reza: “CULPABLES DE COPIA”. Ni siquiera presuntos culpables o conjeturales culpables; compran artilugios digitales, luego trampean a los creadores (!) y socios de la SGAE, que es una asociación de derecho privado, obligando a pagar la penalización por anticipado aunque no se perpetre la copia.

¿Cuándo un colegio profesional, de ámbito similar a la SGAE, ha sido beneficiado por un gobierno como en este caso? Cabría así que fueran gravados con un canon las reglas, compases y cartabones, en beneficio de los colegios de arquitectos, porque con ellos pueden copiarse planos; inverosímil. Como injustificable es esta norma legal del gobierno que siempre anda buscando caladeros nuevos donde pescar votos con el dinero de los demás. Y cree que así, dándoles más dinero, evitará que comediantes, titiriteros, saltimbanquis y plumillas censuren su gestión. Pues Autores y Actores seguirán igual que hasta ahora, aunque más agradecidos.

El Parlament ha aprobado el pasado jueves, la Ley del Derecho a la Vivienda en Catalunya, o Llei de l’Habitatge, que ha contado con los votos a favor de los grupos del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) y los contrarios de los de CiU y PPC que consideran inadmisible el alquiler forzoso de los pisos desocupados.

En el artículo 42.6 de la ley se establece el alquiler forzoso de una vivienda desocupada, en cumplimiento de “la función social de la propiedad privada”. Disponiendo eso sí que el procedimiento se ha de ajustar a lo que establece la legislación urbanística y de la expropiación forzosa.

El conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar (ICV), ha defendido el contenido de la ley porque se "ajusta plenamente a la legalidad". Sin temor a ser fulminado por un rayo celestial porque los comunistas son de natural ateo.

Hacía tiempo que no se veía una norma tan claramente de inspiración comunista como ésta. Estos son los verdes; los eco-socialistas como gustan de llamarse. O la reverberación de los socialistas que dicen otros. Pero comunistas en definitiva. A lo que tienen todo el derecho no cabe duda; pero que no traten de falsearnos con tan párvula manipulación del lenguaje.

El Consell Consultiu, que es el órgano de la Generalitat que debe velar por la observancia y el cumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, si bien sus dictámenes no son vinculantes, se había pronunciado con anterioridad a la aprobación de la ley, a favor de la inconstitucionalidad del arrendamiento forzoso. El Govern dice que tal figura se ajustará a derecho y lo lleva al plenario. Y los tres partidos que dan soporte al gobierno catalán aprueban la ley que incluye el arrendamiento forzoso.

Así, cuando las instituciones públicas, Generalitat, diputaciones y ayuntamientos se han mostrado ineptos para crear vivienda de protección oficial, de carácter social o como quiera que se califique, se acude al ahorro de los ciudadanos materializado en viviendas, a las que no sacan más rendimiento que el puro crecimiento del IPC o la desbocada inflación inmobiliaria ya concluida y que no ponen en arrendamiento, en primer lugar porque cada uno es libre de hacer con sus cosas lo que estime oportuno, pero también porque los legisladores y la justicia son incapaces de ponerse del lado del propietario cuando su inquilino ha dejado de pagarle la renta.

Y ahora vuelven los comunistas, pero no ondeando su bandera marxista que está en desuso, sino esgrimiendo el estandarte del sentido social de la propiedad privada.

Vamos para atrás, como los cangrejos. Feliz Navidad.

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