El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato tendrá que responder hoy ante el juez a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a que empleó un "complejo entramado societario" para cometer hasta cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

El informe la ONIF desencadenó hace tres meses una denuncia de la Fiscalía de Madrid ante los juzgados de guardia de Plaza Castilla y la detención durante ocho horas del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras agentes de Vigilancia Aduanera registraba su domicilio y su oficina en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid.

En este plazo, el juez el que finalmente recayó la causa, Antonio Serrano-Artal y la Fiscalía Anticorrupción --a la que se encargó su tramitación-- han repasado los cerca de 40.000 documentos incautados en la operación.

Los indicios han conducido a que el Ministerio Público descarte la comisión por parte de Rato de un alzamiento de bienes --supuestamente cometido para eludir el pago de las fianzas que se le reclaman en la Audiencia Nacional-- y a que ponga en duda el blanqueo de capitales. El juez señaló en un auto dictado el pasado 1 de julio que por el momento únicamente ve "perfilado" el delito fiscal.

DESPATRIMONIALIZACIÓN
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria, que pidió la detención del exministro de Economía y expresidente de Bankia ante las sospechas de que podría estar cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de las operaciones de despatrimonialización que habría realizado en los años 2014 y 2015. También reclamó el registro de su domicilio "incluso con la autorización de la fuerza".

En su informe, la Agencia Tributaria --que atribuía a Rato un patrimonio de 26,6 millones-- destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual superior a los 120.000 euros, el mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales y la despatrimonialización de determinadas sociedades durante los años 2014 y 2015.

La ONIF mencionaba que existía el riesgo de que Rato efectuara transmisiones de patrimonio para evitar responsabilidades pecuniarias mediante donaciones a miembros de su familia y ampliaciones de capital de una sociedad opaca.

El informe también reflejaba "riesgos asociados a estructuras societarias internacionales" y otros riesgos fiscales relacionados con facturas internas para evitar el pago a Hacienda. Se hacía eco también de un intenso tráfico de divisas con otros países, que alcanzaba los 12 millones de euros.

El juez Serrano-Artal interrogará al exvicepresidente primero después de haber tomado declaración como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas, que aseguró que se limitó a firmar el informe como responsable del área.

PARAÍSOS FISCALES
La Agencia Tributaria denunció que Rato tiene "un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales", algo que choca con una actividad empresarial y profesional "básicamente nacional y escasamente internacional", según señalaba la denuncia.

También sospecha que Rato utilizaba "territorios de riesgo" a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía "una elevada facturación interna" en su entramado societario que "hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.

Por otra parte, indicaba que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI "hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA".

De todo esto, la Agencia Tributaria presumía en la conducta del expresidente de Bankia "el ánimo de defraudación tributaria", razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas.