Junto con el terrorismo, la corrupción urbanística que se ha desatado hasta límites que nuestra sociedad ha dicho basta ya, constituye la gran lacra de nuestro país que hay que atajar drásticamente, de una u otra forma. Dicha corrupción es la culpable, entre otras, de los escandalosos e inflados precios de las viviendas.

¿Por qué se produce la corrupción urbanística? Sencillamente, por los beneficios económicos que genera y reporta a unos cuantos.

¿Quién da lugar a dicha corrupción? Sin lugar a dudas, aludiremos a los personajes o instituciones más representativas, significando que no son todos los que están ni están todos los que son : promotores e inmobiliarias, empresas sin control, particulares, intermediarios, cargos públicos de la Administración estatal, autonómica y local (Ayuntamientos y Diputaciones), propietarios de terrenos e inmuebles, organismos que desvían fondos y subvenciones, corredores, agencias de la propiedad inmobiliaria, subasteros, notarios y registradores negligentes y tolerantes, funcionarios de las distintas administraciones que prevarican o admiten el cohecho archivando o activando expedientes o falsificando informes y documentos o haciendo la vista gorda en las inspecciones (aquí, hasta juegan con la seguridad física de las personas), jueces que prevarican también resistiéndose a tomar medidas cautelares que prevengan daños irreparables o percibiendo grandes sumas de dinero negro, políticos solapados con sus tráficos de influencias o presionando en demanda de dinero o favores de todo tipo, bancos muy poco colaboradores en la lucha contra el blanqueo monetario, directores y propietarios de banco que coadyuvan a la corrupción, constructores sin escrúpulos, empresas de suministros que compran para que su oferta se acepte, máximos dirigentes y responsables de partidos políticos que no cortan ni denuncian las desviaciones de sus cargos públicos, abogados y bufetes profesionales que trampean con contratos fraudulentos, arquitectos e ingenieros corruptos y permisivos, y algunos más que se nos quedan en el tintero.

En todos los casos, el dinero o el favor político, social o comercial lo es todo.

Con éste panorama tan desolador, a una le dan ganas de irse a Sevilla a conocer al primo de Rajoy. Hablaría, al menos con él, de los cambios que tan docto señor haya podido notar en las palmeras de la oronda Avenida del mismo nombre.
Ante las próximas elecciones, los partidos políticos tienen necesariamente que tomar cartas en el asunto y, en términos taurinos -de los que tanto gusta Sánchez Dragó-, apuntalar definitivamente al endiablado toro de la corrupción. Tienen que hacerlo con actuaciones y hechos reales, aquí y ahora, y no dejar a la falsa palabrería electoral lo que harán pero luego no hacen.

¿Quienes serán los beneficiarios de la decencia urbanística? Los millones y millones de votantes y habitantes de nuestro país.

Como primera medida, fácil de atajar dada la minoría de un colectivo súper privilegiado, es la de que los notarios y registradores dejen de ser funcionarios de arancel, pasando a ser los que están y los que vendrán, a funcionarios públicos bajo el control que ahora no tienen. Se matarían tres pájaros de un mismo tiro: primero, sin la negligencia ni la tolerancia de muchos de ellos, el grado actual de corrupción urbanística bajaría notablemente. Segundo, a los españoles nos tocaría la lotería y no saldría de nuestros bolsillos el cuantioso dinero que va a parar a los pujantes bolsillos de notarios y registradores (piénsese, que dichos privilegiados sociales ganan de 3 a 4 millones mensuales de las antiguas pesetas).Tercero, es absolutamente vergonzoso que cuando una persona tiene que comprar una casa, hacer un poder, hacer testamento, inscribir una sociedad, y un larguísimo etcétera, tenga que pasar por éstos certificadores de fe y pagar una especie de impuesto revolucionario, para que éstos señores y señoras puedan tener una vida de lujo. La seguridad jurídica viene dada por las leyes y el Estado. Nada más.

El partido político que, en su programa electoral proponga y cumpla después, reformar el actual status de notarios y registradores, de forma que pasen a ser funcionarios públicos a sueldo, evitando a la totalidad de los votantes el canon injustificado que ahora pagan y que en muchas ocasiones, ahoga sus economías, es seguro que tal medida sería jubilosamente aceptada por la totalidad de la comunidad, con el consiguiente incremento sustancial de votos. Es un aviso a navegantes, sabiendo que al PP tal medida le horrorizará. El PSOE y otros partidos, se lo deben pensar muy seriamente.
La mayoría por una minoría minoritaria.

Sería, un buen principio para empezar por terminar con la corrupción urbanística. El fin del principio.