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Etiquetas:   Reales de vellón   -   Sección:   Opinión

¿Qué fue del cesante?

Sergio Brosa
Sergio Brosa
martes, 4 de diciembre de 2007, 02:27 h (CET)
El jueves pasado, decía en Girona Joan Rosell, presidente de la patronal catalana, Foment del Treball, que en la Administración Central hay “150.000 funcionarios que no hacen absolutamente nada” y que los partidos políticos no quieren hacer nada contra esta gran “tecnoestructura” que, a su juicio, “impide muchas veces que se ejecuten las infraestructuras, no sólo las de Catalunya”. Rosell pidió una “reestructuración” a fondo del funcionariado, como ha ocurrido en otros sectores empresariales, pues a su juicio, la “tecnoestructura” en la que se encuentra anclada la administración frena muchas veces su función y reclamó menos funcionarios y mejor pagados.

Rosell hizo estas declaraciones en una cumbre empresarial que se celebró en Girona y en la que estaban presentes, las patronales de Girona; FOEG, de Tarragona; CEPTA y COELL, de Lleida; CECOT, de Terrassa (Barcelona) agrupadas dentro de Foment del Treball y la Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Catalunya (FEPIME).

Los sindicatos, como Comisiones Obreras no se demoraron en calificar de demagógico el discurso de Rosell. Y algunos funcionarios de carrera se han dado prisa por escribir a los periódicos lo injusto de las palabras de Rosell, apelando a la dificultad de aprobar las oposiciones a la Administración Civil del Estado; los años de dedicación que requiere y cosas por el estilo.

En mi modestia, haría una puntualización al discurso del presidente de la patronal catalana: en la administración pública hay muchos trabajadores ¿150.000? que no hacen absolutamente nada, sin distinguir si son funcionarios de carrera o personal contratado, con especial incidencia en los/as “contratados/as por su idoneidad” y los/as trabajadores/as que de ellos/as dependen (es ridículo esto de sexar los colectivos para que nadie se pueda sentir discriminado).

En efecto, el Subtítulo I sobre Personal Directivo, del Estatuto del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, en su artículo 13 Personal directivo profesional, luego de definir lo que es personal directivo, en el punto 2 establece: “Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.”

Y ahí está la madre del cordero, por mucho que los dos puntos siguientes, el 3 y el 4 recen, respectivamente, del tenor literal siguiente: 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Y ahí tienen la puerta abierta los partidos políticos que gestionan temporalmente la administración pública, el Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, para dar buen empleo y mejor salario a aquellas personas que consideren “idóneas” y se hayan hecho acreedoras a semejante designación.

Decía la CGT que con la introducción de esta figura, son eliminados los principios generales de igualdad, mérito y capacidad. Se introducen métodos de gestión propios de una empresa privada, abriendo así la puerta a la arbitrariedad.

De lo que no estoy seguro es si la CGT asimila “criterios de empresa privada” a “arbitrariedad”. En cualquier caso, es manifiesta la arbitrariedad de los órganos de gobierno de las administraciones públicas en multitud de ocasiones, en la designación de personal directivo por criterios de “idoneidad”; personas carentes de los más elementales conocimientos para una gestión de calidad: eficacia y eficiencia.

Y tal circunstancia es la que conlleva la incompetencia de los departamentos que dirigen y las personas asignadas a los mismos, pues tales directivos desconocen su función en la mayoría de los casos. Cuando la obligada evaluación de los empleados públicos se circunscribe únicamente al control de presencia mediante la verificación de lo que arroja el control electrónico de los que han “fichado”, la ineficacia está servida y el descontrol es obvio. Sin mencionar el absentismo que se coloca en muchos departamentos, en un tercio de sus empleados, sistemáticamente.

En la empresa privada, para evaluar a los empleados, se utilizan criterios de rendimiento, creación de riqueza, ventas, expedientes gestionados, etc., hayan o no fichado. Y quienes al tercer día de baja no presenten la ILT son sancionados.

Y esta sistemática designación por el Gobierno o los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas de personal directivo profesional por la vía de la idoneidad, ahora recogida en la ley, va en detrimento de la profesionalidad de los funcionarios de carrera y, en definitiva, es esa “tecnoestructura” de la que habla Joan Rosell, la que acaba por frenar la actividad de la administración.

Todos los partidos con responsabilidades de gobierno utilizan este procedimiento para agradecer servicios prestados, premiar adhesiones inquebrantables y retribuir clientelismo, así como la contratación innecesaria de asesores genialmente bien remunerados, como de lo que se acusa a Jacques Chirac en el Ayuntamiento de París. Pero a diferencia de los asesores que cesan en su actividad con el cese de su mandante, los que han entrado en la administración se perpetúan en ella aunque cambie el partido político que los designó, por el pacto entre partidos de “hoy por ti, mañana por mí”, pues desapareció la figura del cesante.

¿Qué fue del cesante? El empleado cesante era un funcionario público que por razones normalmente políticas, se encontraba, al albur de un cambio de gobierno, cesante; sin trabajo. Los funcionarios estaban “afectos” a un movimiento político, casi como los siervos de la gleba a la tierra. Entraban en el gobierno los conservadores y salían los liberales y así entraban unos funcionarios y los que estaban hasta entonces se convertían en cesantes. Mediante un sistema de turnos, previsto en los estatutos, tenían el derecho a reingresar en la administración.

Los cesantes no eran puramente desempleados pues quedaban incluidos en el grupo de las clases pasivas, y como tales, durante un tiempo tuvieron derecho a percibir el llamado «haber de cesantía», una pensión. Hasta que la Ley de Presupuestos de 1845 la suprimió, aunque no de forma retroactiva. El haber de cesantía no era una bicoca ¿pero lo es ahora la prestación por desempleo? Es algo; era algo.

Tras numerosos avatares y reformas de la situación de los empleados públicos (López Ballesteros; el Estatuto de Bravo Murillo, 1852; el Estatuto de O’Donnell, 1866; o los acometidos durante la Restauración) no fue sino hasta 1918, con Antonio Maura que presidía un gobierno de concentración (!) que se promulgó una Ley de Funcionarios, el Estatuto Maura que eliminó de hecho la cesantía política, aunque no fue legalmente suprimida hasta 1954.

¿Y no podría acometerse la necesaria reestructuración del funcionariado que reclama Joan Rosell mediante una readaptación de la cesantía? Cualquier cosa con tal de aliviar la pesada nómina de la administración. Aunque como una solución transitoria desde luego, pues no cabe que los partidos políticos se hayan dado a sí mismos, la facultad de la designación por idoneidad. Como también se pusieron todos de acuerdo para incrementarse la asignación del Estado a los partidos políticos o el derecho a una vergonzante jubilación, en comparación de la media, para los diputados y senadores, articulando un mecanismo, mediante acuerdo de las mesas del Congreso y el Senado en sesión conjunta el día 11 de julio de 2006 que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo (!) de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonen la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante,.

Si son capaces todos los partidos políticos de ponerse de acuerdo para sus retribuciones corporativas y personales, por qué no se ponen de acuerdo también para mejorar la actividad de la administración pública, en lugar de utilizarla en su beneficio. Y en perjuicio de la actividad profesional de los empleados públicos de carrera, pero sobre todo, de los administrados que la sostienen con sus impuestos.

En Gran Bretaña, al empleado público se le denomina public servant: servidor público. A ver si aquí se nota, pues tan sólo se percibe en las áreas de protección civil.

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