Parece como si desde los medios de comunicación existiera un empeño por denostar la labor de las ONGs, una consigna de acoso y derribo que puede deberse al deseo de “carnaza” con la que cebarse que tienen ciertos lamentables programas de televisión o bien a oscuros designios, quizá provenientes de instituciones seculares empeñadas en mantener la “cura de almas” y el monopolio de la ayuda al prójimo (es decir, del próximo)

El tratamiento que se ha dado al caso “Arca de Zoé” (supuesto tráfico de 103 niños de Chad por parte de la organización francesa) en los medios españoles ha sido lamentable; no se ha respetado la presunción de inocencia y, sin haber contrastado la noticia (principal deber de cualquier periodista que se precie) se ha presentado el asunto como “un caso más de corrupción del que es responsable una organización no gubernamental” Sin escuchar a la principal imputada, los redactorzuelos de salón han tomado partido y, lo que es peor, se han erigido en jueces y han dado veredicto. Todo un ejemplo del peor periodismo. Pero lo más grave está en que el mensaje que penetra en la opinión pública es que las ONGs son una especie de cueva de Alí Baba o de oficina mafiosa donde el menor de los crímenes que se cuecen es el del enriquecimiento de sus directivos a costa de las personas solidarias que aportan sus donativos o sus cuotas mensuales como socios. En el reciente caso chadiano, tan rocambolesco, nadie parece haberse hecho algunas preguntas elementales: ¿qué habría pasado cuando el avión hubiera aterrizado en alguno de los aeropuertos de Paris? ¿Habrían escamoteado a los 103 niños a través de una trampilla? ¿O, más bien, se trataba de una operación legal, que contaba con los pertinentes permisos de inmigración, y que a última hora se torció “in situ” por la traición de algún funcionario corrupto del país africano? Es sorprendente que ningún enviado especial, cronista o simple “juntapalabras” (ya que no quedan “plumillas) se haya hecho estas preguntas.

Hace unos meses el “caso Anesvad” o más recientemente el de la ONG catalana Global Infantil, asentada en Etiopia, han sido buenos pretextos para arremeter contra la labor de las organizaciones no estatales de ayuda humanitaria. Nadie parece tener en cuenta la estupenda labor que durante años realizó la primera en su lucha contra la expansión de la úlcera de Buruli. Sólo permanece la impresión de que fue un inmenso timo. De la segunda parece no quedar más que la denuncia pública, llevada a cabo por dos antiguos cooperantes, sobre unos supuestos malos tratos a menores. No es necesario probar nada, sino tan solo dar con el medio de comunicación adecuado. La labor de años, la lucha de muchas personas por mejorar las condiciones de vida de sus semejantes, queda en un instante reducida a la nada.

El desconocimiento sobre la normativa que rige a las ONGs es enorme; se puede decir que sólo quienes hemos tenido vinculación con alguna, sabemos lo exigente que es el Estado a la hora de dar carta de naturaleza a una organización no gubernamental. Los objetivos por los que se funda deben estar clarísimos en los estatutos, que son mirados con lupa por especialistas del Ministerio del Interior. Por otra parte, ninguno de los cargos de la junta directiva puede ser remunerado y para obtener financiación de alguna institución estatal es preciso contar con la llamada “utilidad pública”; categoría que sólo es concedida por el ministerio a aquellas que reúnan ciertos requisitos (entre ellos la antigüedad y la demostración fehaciente de haber desarrollado con éxito otros proyectos) sin los cuales es sencillamente imposible obtener las ayudas.

Es evidente que, como en cualquier actividad humana, puede haber personas que actúen de mala fe, movidas por intereses económicos, pero se trata, sin duda, de excepciones que dan mucho juego a la prensa más ramplona. Nunca se ha explicado por qué abrir la caja de los truenos de un escándalo es siempre más noticiable (es sin duda mucho más fácil) que hacer un reportaje sobre la aventura de construir una escuela en un rincón remoto de África.

Así están las cosas cuando el gobierno, con muy buen acuerdo, decide retirar el trato de privilegio fiscal y la financiación a través de la declaración del IRPF, a la Iglesia Católica. El asunto de la crucecita y las dos casillas en el dichoso formulario. ¿Dónde la ponemos? ¡Qué dilema para algunos! Y sin embargo, si analizáramos la cuestión con un poco de objetividad veríamos que resulta mucho más sencillo tomar la decisión de lo que parece: la Iglesia no necesita –aunque le venga muy bien- esa financiación millonaria para realizar sus obras de ayuda social, ya que cuenta con multitud de vías alternativas (la riqueza generada por las propias empresas y negocios que posee o de los que es partícipe, la donación directa de los fieles, su inmenso patrimonio etc.) Frente a ella se encuentran todas las organizaciones de ayuda humanitaria de iniciativa privada, grandes y pequeñas, cuyo principal, casi único recurso, para llevar a cabo proyectos de una cierta envergadura es la ayuda oficial, hasta ahora insuficiente. Incluso para aquellos católicos a quienes se les pueda crear un problema de conciencia (a pesar de que Jiménez Losantos afirme que los que no elijan la de la Iglesia se condenarán) la solución es muy sencilla: si marcan la casilla correspondiente a las ONGs, fundaciones y ayuda social en general, deben saber que ahí se incluyen varias importantes asociaciones dirigidas por la Iglesia (Cáritas, Manos Unidas…) Y que duerman tranquilos.