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Etiquetas:   El crisol   -   Sección:   Opinión

Jueces, fiscales, salud y negocio

Pascual Mogica
Pascual Mogica
viernes, 30 de noviembre de 2007, 04:56 h (CET)
Los firmantes de un reportaje sobre la sanidad pública publicado en El País el pasado domingo lo titulaban “Cuando la sanidad pública es un negocio”. Efectivamente lo es, hasta tal punto es así que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y otra caja valenciana, Bancaixa, inmersas en el negocio de gestionar hospitales públicos decían, allá por el pasado mes de mayo, que querían llevar el negocio de gestión de hospitales fuera de España.

Perdonen mi atrevimiento, creo que a los redactores del reportaje antes citado no les va a molestar, pero me voy a permitir reproducir literalmente el contenido de parte de su artículo para que todos nos podamos hacer cargo de la impunidad con que la Generalitat Valenciana practica el chanchullo y el nepotismo para favorecer a sus amiguetes.

La parte copiada dice así: “El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, fue el impulsor del modelo privatizador de La Ribera. Buscaba, según explicó entonces, un sistema más eficiente que la gestión pública directa. Y lo hizo a través de una concesión administrativa firmada por 10 años”.

“El trato que se ofrece es el siguiente: las empresas construyen el hospital y prestan la asistencia y los servicios. Se encargan de todo y la Administración se despreocupa por completo salvo por una figura de control, el ‘comisionado’, que nombra la Generalitat. Las empresas reciben una cantidad por cada uno de los más de 200.000 usuarios de la sanidad pública en esa área de salud (204 euros por habitante y año en ese entonces, 1999) Pueden, también, asistir y cobrar aparte a cualquier persona de otras áreas sanitarias. Y no tienen que hacer frente a gastos tan importantes como farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia. Todo esto, complicado de rentabilizar, lo paga aparte la Administración Pública. No supone un riesgo para la empresa. En cuanto a la propiedad del hospital, revierte en la Generalitat cuando termina la concesión”.

Resumiendo: La ganadora fue una Unión Temporal de Empresas (UTE) controlado por Adeslas (con el 51%) Bancaixa y la CAM (el 45%) y las constructoras Dragados y Lubasa (con el 2% cada una). Las pérdidas no se hicieron esperar y entre 1999 y 2001 fueron del orden de los 5 millones de euros. El dinero que pagaba la Generalitat no era suficiente. Una de las soluciones para paliar el déficit era la de la “facturación por proceso” que consistía en atender a pacientes de otras áreas de salud. Pero a pesar de esta medida, el hospital “no acababa” de levantar cabeza y las pérdidas iban en aumento. La Generalitat acudió en su auxilio y rescindió la concesión en 2003, seis años antes de lo previsto. Indemnizó a la UTE con 68 millones de euros (43 por el hospital y 25 como “lucro cesante”. Un lucro que no era tal ya que el hospital solo generaba pérdidas. Y sacó a concurso una nueva concesión con unas condiciones más ventajosas, que incluían no sólo la atención especializada del área, sino también la primaria, los centros de salud.

El canon anual que paga la Generalitat por cada habitante de la Ribera subió de 225 euros a 379 (un 68%). ¿Quién ganó el concurso? La misma Unión Temporal de Empresas. El cambio básicamente tuvo por objeto mejorar las condiciones de la UTE. De los amiguetes. A partir de ese momento las cuentas de resultados mejoraron.

Ve usted, querido lector, por que nos quieren entretener con eso del “Agua para todos” de la bandera, de la letra del himno y otras zarandajas, para que sus chanchullos pasen desapercibidos y para de ese modo favorecer económicamente a sus amigos y como no, ellos también.

Este chanchullo es de juzgado de guardia. Lo que ocurre en España es que tenemos un sistema judicial, jueces y fiscales, que no dan, o no quieren dar la talla, por que este es un asunto como para actuar de oficio abriendo una investigación y aclarar lo que tiene todos los visos de ser un caso claro de corrupción. Pero no, aquí en este país, en lo tocante al tema económico, los jueces y fiscales están “especializados” en acusar, juzgar y condenar a los “tironeros”. Nunca a los ladrones de guante blanco.

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