Cuando en 2007, en plena vorágine de noticias sobre las corruptelas capitalizadas por un político que hoy en día está en la cárcel –habiendo salido de rositas de otros muchos deslices económicos provocados con alevosía y premeditación–, le escuché tras unas elecciones locales y autonómicas, ganadas por su partido como si de un paseíllo militar se tratase, aquello de: “El juicio popular se ha celebrado y el pueblo nos ha absuelto”, todo obscureció a mi alrededor. Lo soltó con tal cinismo, falta de rigor democrático y de respeto al resto de sus semejantes, que empecé a dudar, incluso abjurar, de nuestro sistema democrático que con tanto ardor y ahínco defendí en la Transición. El muy ladino –ufano y campechano él, después de haberse trincado lo que se trincó, para él y sus familiares– me transmitió tal zozobra y desasosiego cívico, que sólo veía cómplices del corrupto por todas partes. Los ciudadanos/as que le habían votado eran sospechosos/as y, para mí, tan culpables como él.

Encima, esa pretendida absolución, a través del veredicto de las urnas, no hizo más que desbocar la avaricia del político y que continuase por la senda de la podredumbre. Él, sus compinches y algunos/as de sus conmilitones hasta ahora con mejor suerte frente a la justicia. Hasta ahora.

Han pasado ocho años –ocho espinosos e interminables años– para que el electorado haya sabido reaccionar. Y nunca es tarde si la dicha es buena, en ese permanente aprendizaje que suele ser la defensa de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestros deberes como ciudadanos.

Es un placer, una alegría democrática, comprobar cómo a los que se les ha insultado permanentemente a su inteligencia, han sabido reaccionar y ya no tragan con aquella cortina de humo recurrente para tapar o no opinar sobre temas más peliagudos de que “ha hecho mucho por nuestra ciudad”. ¿Con el dinero de quién? La corrupción hay que atajarla y erradicarla. Ahora tenemos una gran oportunidad. Primero a través de nuestra clase política, cambiando las leyes desde nuestras instituciones de autogobierno. Y después, si vemos que la intención no es suficiente, por los propios ciudadanos cambiando a los políticos desde las urnas, tal y como se hizo el pasado 24M. Ya basta de impunidad, soberbia, altanería y de que una panda de espabilados/as nos tomen por imbéciles arramblando con el erario público. A la cruda calle. Ahora toca: frenazo a la corrupción y que el de Serafín Castellano, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, aunque lo dude, sea el último escándalo.