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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

El derecho a la vivienda en Getafe

Almudena Del Pozo (Getafe)
Redacción
viernes, 16 de noviembre de 2007, 20:04 h (CET)
Getafe anda revuelto. Desde hace algún un tiempo sus calles se llenan periódicamente de concentraciones, manifestaciones y contramanifestaciones con sus consiguientes pitadas, puesta de pegatinas y pegada de carteles. Y todo esto no sería más que una anécdota si lo que estuviera en peligro no fuera uno de los derechos básicos de los ciudadanos: la vivienda.

Al frente de este conflicto las cada vez más conocidas siglas de PSG (propietarios del suelo de Getafe), empresa que gestiona a dos cooperativas: Cuna de la aviación Española y Getafe Capital del Sur, nacidas en el 2003 con el objetivo de conseguir para sus socios vivienda pública (VPPB y VPPL).

Y de fondo la Administración: Ayuntamiento de Getafe y Comunidad de Madrid que, a través de un Consorcio Urbanístico creado al efecto, intentan gestionar el desarrollo de unas 12.000 viviendas en unos terrenos que eran (son aún) de propiedad privada en los sectores denominados Los Molinos y Buenavista de esta localidad.

Y el porqué de esto es fácil de entender.

1. La administración promueve un sistema de expropiación forzosa para llevarlo a cabo amparándose en el supuesto de utilidad pública. Expropiar terrenos para su posterior adjudicación a gestoras, inmobiliarias y empresas para que éstos lleven a cabo la promoción de las viviendas.

2. Los cerca de 2000 socios de las cooperativas ya mencionadas, que son propietarios de unos 500.000 metros cuadrados de esos mismos terrenos, se resisten a la expropiación con la convicción de que el objeto de estas nuevas adjudicatarias es, en su mayoría, el ánimo de lucro con la operación, mientras que estos cooperativistas pretenden conseguir vivienda pública, compartiendo así el mismo fin que persigue el Plan General de Ordenación Urbana que el consistorio redactó en su día para estos sectores.

Antes de las elecciones municipales de mayo de este año, se reunieron las dos partes para intentar llegar a un acuerdo con el fin de desbloquear la situación, y nueve días antes de su celebración se firma un acuerdo en el que los representantes de los grupos políticos del PSOE y del PP reconocen a los cooperativistas la propiedad de los terrenos en cuestión y se comprometen a la firma de lo que denominan por escrito: “un convenio urbanístico de ejecución del planeamiento por mutuo acuerdo mediante permuta”, eso sí, condicionado a que, una vez ratificado y plenamente ejecutivo, sean retiradas las acciones judiciales que las cooperativas tienen interpuestas y que recurren el plan parcial y el proyecto de expropiación y delimitación. Se abstiene de firmar este acuerdo el grupo de IU dejando claramente de manifiesto su oposición, así como la intención de impedir en la medida de lo posible que llegue a buen puerto el convenio firmado.

En los resultados de las elecciones el PSOE consigue 13 concejales, pero le falta uno para poder gobernar en mayoría y Pedro Castro negocia la alcaldía con IU, al igual que en las últimas legislaturas, para poder mantenerse como edil de Getafe una legislatura más. Pero su conocido socio exige que se reconsidere el convenio recién firmado con las cooperativas, y al que claramente no se había sumado, a lo que Pedro Castro accede y por tanto da marcha atrás ante su promesa de la semana anterior.

Los socios de las dos cooperativas afectadas, con David Moreno al frente (David Moreno es el gestor de PSG, al que algunos medios empiezan a calificar como el nuevo “Pocero de Getafe”) comienzan su particular batalla para no quedarse fuera del plan y poder obtener sus viviendas, echándose a la calle y entrando en los terrenos de los que siguen siendo propietarios. Los medios de comunicación que se hacen eco de la noticia los califican de OKUPAS, y el Alcalde arremete contra ellos involucrando a la policía nacional en este turbio asunto y de manera ilegal, cuando consigue que la delegada de gobierno en Madrid envíe a la zona a los antidisturbios para que procedan al desalojo de los terrenos sin orden judicial que lo justifique.

Mientras tanto, el consorcio retira a las cooperativas las dos parcelas que les había adjudicado para construir 348 viviendas de las 1800 demandadas por ellas, y que éstas se niegan pagar por segunda vez, dado que son suyas. El Consorcio decide adjudicar estas parcelas a otras empresas o cooperativas afianzando los que muchos opinan sobre que se está intentando repartir todo el terreno lo antes posible (aún cuando se está haciendo de manera ilegal, ya que ni siquiera han conseguido expropiarlo todavía) para que el juez en el momento de tener que dictar sentencia, se vea en la disyuntiva de tener que fallar a favor de las tesis del Consorcio dado el enorme perjuicio que se ocasionaría a terceros.

El ayuntamiento de Getafe a través de una lista de demandantes de vivienda realiza un sorteo para que a todos aquellos que estando en cooperativas y que no han sido adjudicatarias en el concurso, sean derivados hacia otras cooperativas que no tienen socios y sí que han obtenido terreno para edificar haciendo de todo una autentica paradoja. Pero el sorteo ha sido recurrido, existen demandantes que han desaparecido de esta lista, otros están repetidos, y entre otras irregularidades más, no se está respetando el número de orden conseguido en el sorteo. En un sorteo son los agraciados los que eligen, conociendo toda la oferta, y respetando el orden de dicho sorteo, siendo en este caso como en el mundo del revés, que son los vendedores quienes seleccionan y eligen a los agraciados.

Todas las partes tienen el derecho a defender su interés, pero no nos engañemos, lo que se cuece detrás de todo este tinglado es el beneficio económico de los promotores, constructores, o como les llamamos en Getafe, los ladrilleros. Bajo el amparo del ayuntamiento y con la excusa de ofrecer a los ciudadanos una vivienda digna, cuando el resultado es un confinamiento en minipisos a maxiprecios que lo único que consigue es que vaya en detrimento el derecho a la vivienda.

Y, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, ha habido que salir a la calle a exigir y defender los derechos.

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