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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Es una utopía tener una Justicia independiente en España?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
miércoles, 7 de noviembre de 2007, 02:49 h (CET)
En muchas ocasiones lo sensato no es precipitarse, tirarse al río para salvar al perro que se está ahogando o lanzarse al precipicio en parapente sin llevar el paracaídas de reserva. Es por ello que, en mis artículos, he procurado esquivar siempre el tema, por otra parte tan sugerente, del famoso Juicio del M-11. Y no lo he hecho, en primer lugar por mi respeto hacia los jueces de la Audiencia Nacional, que se merecen toda mi consideración y confianza como personas y como expertos en leyes. En segundo lugar, porque he creído que el opinar durante la tramitación de un proceso tan complejo como éste, cuyo fallo se acaba de dictar, es como nadar en aguas procelosas sin el salvavidas del conocimiento y el líquido anti-tiburones de la prudencia. Es por ello que, una vez dictada la sentencia sobre el caso, me voy a permitir unas opiniones, sin más valor que el de proceder de un simple ciudadano de a pie pero que, precisamente por esta condición, puede que tengan algunas pinceladas de sensatez y sentido común.

Era evidente que la sentencia iba a levantar una polvareda política. Se esperaba y, conociendo el paño, hasta nos hubiera desilusionado si los partidos enfrentados no se hubieran valido inmediatamente de su aparato de propaganda para arrimar el ascua a su sardina. Sin embargo, cualquiera que no se deje llevar por su partidismo, aquel que sepa cual es la función de los jueces – que no consiste precisamente en salirse de su cometido específico – y sin entrar, por supuesto en el intríngulis de los doscientos y pico de folios en los que esta contenida la resolución; podría deducir de ella varias conclusiones que a mí, al menos me parecen evidentes. Los magistrados tenían que enfrentarse al caso con los datos facilitados por el sumario hecho por el Juez encargado de su instrucción y por las acusaciones presentadas por el ministerio fiscal. Estas eran sin duda sus herramientas para resolver sobre la culpabilidad de una serie de sujetos imputados por el ministerio fiscal. Sepamos pues que la sentencia se ha limitado a juzgar sobre los imputados, entre los cuales no había ningún miembro de la ETA y, esto ha sido precisamente lo que ha dicho el juez señor Bermúdez en la lectura del resumen de la sentencia; es decir que no había en el procedimiento ningún dato que justificara que ETA había intervenido en la masacre. Otra cosa no se puede deducir porque, en la misma sentencia, aparte de absolver al Egipcio y otros seis, se reconoce que no se ha encontrado entre los acusados a los que pudieran ser los cerebros del estropicio. Queda claro que no puede inducirse que con esta sentencia, como muchos medios de comunicación se han empeñado en querer demostrar, se haya dejado zanjada la masacre del 11-M ya que no se han encontrado las mentes que, desde donde fuere, pudieron planear el acto de terrorismo. En consecuencia, aún admitiendo que los ejecutores han sido debidamente juzgados y condenados, queda abierta una puerta – y de hecho parece que así lo han entendido los familiares de las víctimas de la masacre, que piensan continuar la investigación ­– para continuar persiguiendo a aquellos que, Dios sabe a través de que hilos, fueron los inductores últimos de que, precisamente, aquel 11– M, unos días antes de la elecciones legislativas del 2004, se produjera el atentado.

La politización del juicio ha hecho tanto mal a la justicia; ha producido tanto desencanto entre la ciudadanía y ha mermado tanto la confianza del pueblo en sus dirigentes que puede decirse que lo que han pretendido los partidos políticos intentando sacar rendimiento de los hechos, para lo único que ha servido ha sido para desprestigiarlos, aún más, delante de los electores. No es de recibo que el presidente del Ejecutivo, señor Rodríguez Zapatero compareciera ante la prensa para dirigirse a los ciudadanos para comentar una sentencia sobre la que él no tenía nada que decir y que, si hubiera tenido un poco de dignidad, se hubiera abstenido de pretender el protagonismo en algo en lo que él ni ninguno de los suyos debiera tener nada que decir. Lo que ocurre es que en España parece que lo se la separación de poderes propuesta por el, tantas veces, citado señor Montesquieu, ha dejado de ser una realidad y el Gobierno se empeña, cada vez más, en que nos vayamos acostumbrando a ello. Si el poder judicial, sea por la incuria de algunos fiscales; sea por la imprudencia del señor ministro de Justicia, Fernández Bermejo o por las irreflexivas manifestaciones del señor Pepiño Blanco, nuestro Pepillo Grillo; deja de dar esa imagen de independencia que se le supone, para que los ciudadanos tengan fe en estar en una democracia, un estado donde se respeten las libertades individuales y en el que los ciudadanos podamos acudir a la Justicia para obtener la defensa de nuestros derechos ante las posibles arbitrariedades del Ejecutivo; podremos decir que en España se ha instalado un totalitarismo dictatorial en el que todos los poderes se han unido bajo un solo ejecutor, en este caso el gobierno del señor ZP. Es de todo punto inaceptable que, a través de la política o valiéndose de ella, se pretenda interferir en el normal funcionamiento de los tribunales; por desgracia ya hemos tenido que asistir a la pugna por hacerse con el TC y con el Consejo General del poder Judicial cuando, por desgracia, gracias a los “buenos oficios” del señor Conde Pumpido, ya se ha conseguido ligar al Gobierno a los fiscales, que han quedado reducidos a unos meros ejecutores de su política, privándolos de la autonomía que debieran tener para perseguir por igual todos los delitos que se cometan. Una pena.

Sería muy de desear que se estableciera un acuerdo entre los principales partidos de la Nación por el que se restituyera la completa autonomía tanto a los jueces como a los fiscales para que fueran ellos mismos quienes establecieran los procedimientos para la elección de los jueces y magistrados para cubrir las plazas de los juzgados y tribunales, con completa independencia del Gobierno y del Legislativo, a efectos de que la ciudadanía pudiera ver en aquella institución un poder independiente capaz de controlar tanto al Ejecutivo como al resto de instituciones centrales y locales; que constituyera un freno a las veleidades y la impunidad con las que, en ocasiones, actúan aquellos que ostentan el poder.

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