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Responsabilidad educativa de los padres

Javier Úbeda Ibáñez
Redacción
martes, 6 de noviembre de 2007, 03:22 h (CET)
Nunca como hoy se ha proclamado tanto y con tanta fuerza la libertad como un valor supremo, y nunca como hoy también se ha conculcado tanto. Precisamente en nombre de la libertad se justifican hoy toda clase de ataques a la libertad y a los derechos fundamentales de la persona humana. Es el mismo hombre quien, al no asumir la responsabilidad que la libertad comporta, levanta las barreras o pone los obstáculos o impedimentos que se oponen a la felicidad propia y ajena en el seno de la sociedad.

En una sociedad en donde no se reconoce ninguno de los principios morales fijos, en donde se enseña que todo es relativo y subjetivo y que nada debe considerarse sagrado ni merece un respeto absoluto, no es de extrañar que muchos terminen, de hecho, por no respetar nada en absoluto, por no respetar ni lo personal ni lo social, ni propiedad, ni ley, ni libertad, ni vida.

El proceso educativo es algo obvio en cualquier sociedad, de cualquier época, también en las llamadas culturas primitivas. Si se entiende por cultura el conjunto de ideas, pautas de comportamiento y actitudes que mantienen acomunado a un pueblo, no tiene nada de extraño que los adultos arbitren diversos medios para transmitirla a las generaciones jóvenes. Se trata de un dato elemental de supervivencia social.

El principio básico para el ordenamiento legal de la enseñanza y la educación es la libertad de enseñanza.

Enseñar y educar no es otra cosa que transmitir el sistema de ideas, de cultura, de ciencia, de moralidad y de religión. Por consiguiente, las libertades de cultura, de las conciencias y religiosa quedan gravemente cercenadas –y reducidas a la triste condición de libertades residuales- sin verdadera libertad de enseñanza.

Sin libertad de enseñanza no hay libertad de pensamiento y de conciencia; hay en cambio, dirigismo cultural, pretensión de imponer desde el Estado una determinada concepción del mundo, del hombre y de la sociedad. Sin libertad de enseñanza no hay verdadera democracia ni sociedad libre. En todo caso habrá votaciones y asambleas, pero no libertad.

La libertad de enseñanza no es un tema más o menos importante, sino un punto capital de la construcción y organización de una sociedad libre y de la estructuración política de una democracia en sentido moderno, es decir, de un régimen democrático de la libertad.

La libertad de enseñanza no puede quedarse en una libertad meramente formal. Su garantía por parte del Estado postula la necesaria ayuda, su conversión en libertad real. No entender esto, es encerrarse en una falta de imaginación política, cuando no constituye un ataque a la libertad de las conciencias y, en consecuencia, a la tarea de construir una sociedad en la libertad, en la justicia y en la solidaridad.

La necesidad de oponerse a las pretensiones totalitarias del Estado es lo que motiva el famoso artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. O bien el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Es decir, los más importantes documentos del derecho internacional han seguido la dirección que está de acuerdo con el sentido de la libertad y de la dignidad de la persona.

La educación es una prolongación de la generación, de modo que los padres tienen la misión –el deber grave- de educar a los hijos y, también, el derecho frente a los demás de educarlos. Por esa razón, es un derecho fundamental de los padres que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Este derecho de los padres –por extensión, de la familia- es irrenunciable y anterior a cualquier otro derecho de la sociedad y del Estado; por esto, es inviolable.

Este derecho que acabamos de enunciar comporta el respeto a la dimensión educativa de la convivencia familiar, como ambiente a través del cual el hijo recibe una importante influencia educativa. Comporta, además, el derecho de los padres a elegir las escuelas para sus hijos, y a crear y sostener centros educativos que estén de acuerdo con sus convicciones.

No es legítimo hablar de una paternidad responsable si se prescinde en la teoría o en la práctica de la responsabilidad educativa que conlleva la procreación. Tal responsabilidad es un derecho en la misma medida en que es también un deber. Por ello mismo hay ya en su fundamento natural una objetiva exigencia de recabar y poner todas las condiciones que hacen posible cumplirlos con la más plena sinceridad en la intención.

La conciencia de la responsabilidad educativa que los padres tienen –precisamente por que son padres- no se puede escindir de la conciencia de su libertad como personas humanas.

No puede admitirse, moralmente, una libre renuncia de los padres a su derecho y deber de elegir los educadores que les suplan en lo que no puedan realizar para la formación de sus hijos. Sin duda alguna, los padres tienen que delegar toda una serie de aspectos de la realización de esa tarea. Pero lo que no pueden delegar es el derecho-deber de elegir las personas que en esos aspectos les sustituyan. Pretender que ambas cosas son idénticas es salirse por la tangente de una inexcusable confusión, solamente posible cuando se empieza por no querer asumir la esencial responsabilidad educativa que va implícita en el sentido de toda paternidad.

También es claro que los padres pueden pedir consejo para la elección de los centros en que vayan a formarse sus hijos. Pero el consejo no quita la responsabilidad a quien lo pide, ni el pedirlo deja de ser un ejercicio de su libre albedrío. Lo que se opone a ambas cosas es que el Estado intervenga con una suplantación de las atribuciones de los padres, pretendiendo tener más altos títulos que los que éstos poseen, o como haciéndoles un favor que en realidad tendrían que agradecerle.

Hay favores que no pueden admitirse. La mayoría de padres no quieren ese favor. Y no lo quieren, sencillamente porque están dispuestos a asumir las cargas y los derechos naturales, fundamentalmente intransferibles, de una paternidad que se prolonga en la noble tarea de la educación de sus hijos.

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Javier Úbeda Ibáñez es escritor.


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