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Etiquetas:   Artículo opinión   -   Sección:   Opinión

Estado y educación

Javier Úbeda Ibáñez
Redacción
viernes, 2 de noviembre de 2007, 03:56 h (CET)
Hoy entendemos perfectamente que ninguna cultura, ninguna concepción del hombre y del mundo puede ser impuesta coactivamente por nadie. El nudo de la cuestión es éste: la cultura, que es el ámbito de la libertad, ha de ser hecha en libertad. Por eso, hay que denunciar que algunos Estados estén reduciendo la cancha de la libertad de la cultura y aumentando la dosis del monopolio burocrático. Una vez más: lo que está en peligro no es la cultura católica, sino la cultura sin más, la posibilidad de la diferencia.

Todos tienen derecho a la educación, pero nadie está condenado a la uniformidad y al igualitarismo. Un pluralismo social sin un derecho libre a la educación es, si acaso, una broma de mal gusto: que el precio que se paga por la libertad sea la pérdida de la libertad.

Una cosa es la igualdad de oportunidades y otra la tesis de que el Estado tiene el monopolio del derecho a la educación. Tal monopolio no se justifica por la mencionada igualdad. Porque la obligación de hacer posible que todos los ciudadanos se eduquen –una obligación del Estado, sin duda alguna- no autoriza a afirmar que todos los centros educativos hayan de ser estatales. Para resolver los problemas económicos implícitos en el derecho de todos los ciudadanos a ser educados, no hace ninguna falta que sean instituciones estatales los centros de educación.

La mayoría de las escuelas no estatales son de titularidad religiosa, pero reducir todo a una oposición laicismo-confesionalismo es una simplificación, además de una contradicción. En efecto, si se ha levantado acta de que no existe ya acuerdo sobre una única inspiración ideal o religiosa, el derecho a la libertad de enseñanza tiene que servir de vehículo para iniciativas educativas no necesariamente religiosas. Cuando lo son, su legitimidad no les viene de ser religiosas, sino de ser libres.

La alternativa escuela estatal/escuela no estatal, no es un problema religioso, sino civil. Pertenece a la sociedad civil, base y justificación de la sociedad política o –al menos hoy- Estado.

En Occidente, el Estado ha asumido para sí, cada vez más, competencias en materia educativa, de ordinario con signo burocrático y ordenancista; y se admite la libre iniciativa en materia de creación y de dirección de los centros de enseñanza, siempre que se acaten los criterios estatales.

La fluidez real de enseñanza, es decir, de la existencia de centros distintos entre los que se pueda escoger, depende de la madurez institucional o de la historia de la sociedad o país en cuestión.

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Javier Úbeda Ibáñez es escritor.


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