Así se pronuncia la clásica máxima jurídica, y así debe ser en un Estado de Derecho como el nuestro, donde rige el principio de legalidad. De manera que todos estamos sujetos al imperio de la ley, y a su observancia y respeto, garantía del orden jurídico y social.

Por tanto, cuando alguien contraviene la ley, esta misma prevé la sanción, previo enjuiciamiento imparcial y justo.

Esto es lo que sucede, y debe seguir sucediendo, en todo Estado de Derecho.

Todo esto viene a colación de la movida mediática a raíz de la execrable agresión a la joven ecuatoriana en el metro barcelonés, por parte de un despreciable sujeto, puesto que quien realiza actos de ese tipo solo merece el reproche y el desprecio social.

Ahora bien, que además de todo ello, el tema está imbuido en un contexto de supuesta xenofobia, y de frustración personal, para eso está el juez para calificar la gravedad de la acción e imponer la correspondiente pena.

Sin embargo, la notoriedad pública de los hechos han generado la natural reacción social de rechazo, que en otros casos pasa desapercibida. Pero se hace un perjuicio notable a la acción de la justicia y a la convivencia social, cuando recreándose en los hechos, se hacen especulaciones sobre racismo, - de lo que es una acción aislada de un imbécil, posiblemente tocado de debilidad mental-, y se agitan las procelosas aguas de la cohesión social, para que afloren las frustraciones sociales.

Cuando las personas de otros lugares han sido acogidos en una sociedad plural, democrática y multicultural, como la española, cualquier incidente o delito sufrido por cualquiera inmigrante o nacional, no ha de conllevar necesariamente lecturas racistas, ya que cretinos, golfos y tarados hay en todas las sociedades y culturas, y en seguida tendría respuesta de contrario, con el reproche a los delitos de los “moros”, de los “negros”, o de los “sudamericanos”, que también los hay por desgracia. No en vano la estadística carcelaria es contundente, cuando señala que más del 60% de la población reclusa en España la constituyen extranjeros.

Por tanto, mucho cuidado en alentar la irracionalidad, para evitar la escalada de acción – reacción, demos la importancia que los hechos tienen, sin desmesuras, ni histerias sociales, y que los Tribunales de Justicia enjuicien y apliquen el castigo legalmente previsto a los culpables. No pretendamos ir más allá de los hechos, considerándolos como tales. Y así facilitaremos la convivencia social. Ya que gracias a Dios, en España no hay racismo estructurado, ni cultural, ni socialmente, no tentemos la suerte.