Ernesto Ekaizer planteaba, hace muy poco, una reflexión muy bien hecha sobre la posibilidad de llevar ante los tribunales a José María Aznar como instigador y cómplice de crímenes de guerra en relación a la invasión de Iraq, vulnerando cualquier principio de legalidad internacional. Los seiscientos cincuenta mil muertos en ese país pesan ya lo suficiente para que en Estados Unidos comiencen a verse cosas como que un colaborador del vicepresidente Cheney haya sido condenado, o que un juez federal impidiera la extradición a Túnez de un detenido en Guantánamo, ante la sospecha de que se le trasladaba para que fuera interrogado mediante tortura en dicho país. El caso es que las actas de Crawfort de 23 de febrero de 2003 demuestran que George Bush y José María Aznar querían la guerra con independencia del informe que presentase Blix, el jefe de los inspectores de la ONU, ante el Consejo de Seguridad. En el caso de Aznar el porqué se reduce a haber conseguido un puesto de profesor asociado de relaciones internacionales en la Universidad de Georgetown y, después, un puesto como asesor de inversiones en la empresa estadounidense Centaurus. No es mala carrera para un simple inspector de Hacienda.

Nadie puede discutir que la invasión de Iraq ha vulnerado los más elementales principios de la legalidad internacional. El mismo juez Garzón, que ha sentado gran parte de la jurisprudencia legal internacional con respecto al dictador chileno Pinochet y la junta militar argentina, dice “(...) Creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión seria y detenida sobre lo sucedido y lo que está ocurriendo en Iraq, en una doble dirección. Por una parte, debería profundizarse sobre la eventual responsabilidad penal de quienes son o fueron responsables de esta guerra y si existen suficientes indicios para exigirles dicha responsabilidad (...)”. Esos indicios están en las actas de Crawfort, los informes hechos por los inspectores de la ONU, las falsas informaciones que el gobierno de Estados Unidos, en connivencia con el español y del Reino Unido, fue dosificando a la opinión pública, la farsa de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU...

Ningún analista pone en duda que la invasión de Iraq, lejos de ayudar a hacer desaparecer el terrorismo internacional de origen islámico, sólo ha servido para fortalecerlo poniendo en peligro a todo occidente. Las razones para ello son de sobra conocidas, y ninguna de ellas honorable, por mucho que se ponga como la única liberar al pueblo iraquí de un dictador. Lo cierto es que a Estados Unidos, en especial a la administración Bush, no le ha salido a cuenta la invasión. A quien sí ha favorecido es a los responsables directos de ella, desde Bush hasta Aznar, en una de las mayores conspiraciones por las razones más antiguas del ser humano – dinero y poder–, en interés de empresas privadas; desde petroleras hasta empresas de catering o de seguridad privada, en las que los responsables de la invasión tenían intereses directos e indirectos. No parece que a nivel internacional nadie dude que los responsables terminarán pasando por los juzgados. En Estados Unidos sólo existe el precedente de Clinton, porque hay que recordar que Nixon jamás fue juzgado por el caso Watergate y, al igual que él, Kissinger tampoco por instigador y responsable directo de la Operación Condor, así como de los escuadrones de la muerte en El Salvador – tema del que también tendría mucho que decir Donald Rumsfeld ante un tribunal–.

En España no existen precedentes legales al respecto. Aunque ya el Tribunal Supremo español ha desestimado la querella criminal contra José María Aznar interpuesta por Izquierda Unida con el acompañamiento de once mil firmas ciudadanas, esta está en recurso de amparo ante del Tribunal Constitucional. Es previsible que si vuelve a ser desestimada llegue a tribunales más altos. Aunque es bien cierto que a los tribunales españoles no le duelen prendas a la hora de llamar a declarar a expresidentes, otro tema muy diferente es que sienten jurisprudencia en cuanto a juzgarlos a este nivel. La cuestión que más pesa en los tribunales españoles es como se tomará la opinión pública del país que Aznar sea juzgado como criminal de guerra. No hay que elucubrar mucho para darse cuenta de la cantidad de voces que se alzarían hablando de persecución, acoso y derribo, falta de respeto por un expresidente del gobierno, etc, etc. Llegado el momento, que sin duda llegará, habrá que recordarle a quien alce la voz en ese sentido que aquí los únicos que merecen respeto han sido asesinados en una invasión ilegal – 650.000 personas–, o languidecen retenidos sin derecho legal alguno en Guantánamo. Son ellos los que merecen respeto, recuerdo y un lugar en la historia como demostración de hasta que extremos es capaz de llegar el ser humano por dinero y poder. Ese respeto bien vale, en base a las pruebas existentes, un juicio a los responsables y una condena internacional ejemplar.

Suena de fondo “Paint it black”, de los Rolling Stones.


Buenas noches, y buena suerte...