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Caridad con el bolsillo ajeno

Miguel Massanet
Miguel Massanet
domingo, 14 de octubre de 2007, 00:58 h (CET)
Una muestra de hasta donde está hipotecado este Tripartit que padecemos en Catalunya la tenemos en los chantajes a los que se ve sometido el señor Montilla, quien, si quiere mantenerse en el machito y conseguir la estabilidad en este complicado puzzle de piezas con aristas que componen el frágil gobierno catalán se ve precisado a satisfacer los caprichos de sus socios. Los recientes fracasos cosechados por la Generalitat en materia de transportes de cercanías y de suministro eléctrico, les han colocado en una delicada situación; pese a que se hayan empeñado en trasladar las culpas a los suministradores. Más del cincuenta por ciento de la ciudadanía catalana, según las encuestas, culpan al Ejecutivo catalán de negligencia y falta de reacción ante situaciones como las vividas en los últimos meses. Es evidente que ni Montilla es la persona más adecuada para ocupar el cargo de President ni los que le asesoran son los más idóneos para sacar al país de esta deriva comunistoide a la que se ve abocado. Pero se agarran con uñas y dientes a sus poltrona y por ello no cejan en su intento de venderse, con nuevas ideas y propuestas, a la ciudadanía.

Este novedoso Pacte per l’Habitatge, que se firmó ayer en la Generalitat de Catalunya, (de cuya constitucionalidad tenemos serias dudas), parte de principio de una discriminación por razón de edad por cuanto se tiende a favorecer a la población joven, dándole preferencia a otra parte de la ciudadanía que, al menos con tanta razón y derecho, tendrían serias opciones a beneficiarse de ella. Si es cierto que, a los mayores, se les dan algunas migajas, pero el fuerte de la propuesta está encaminada a lograr el voto joven. Dejando aparte el hecho de que se trata de una ley incautatoria, oportunista (estamos en periodo preelectoral) y dudosamente financiable (se habla de 8.221 millones de euros, de los que el 81% serán asumidos por la Generalitat) tiene un periodo de ejecución (2016) que, por si sólo, se presta a que tengamos serias dudas respecto a que pueda llevarse a cabo, al menos en las condiciones y con las características que se ha pretendido vender a los ciudadanos. Una cosa queda clara: se ha beneficiado a los promotores de la construcción y, además, esta ayuda de la Generalitat, les llega en un momento muy oportuno cuando se empiezan a sentir síntomas de desaceleración en la construcción, se ha producido un parón en la venta de viviendas y las hipotecas se están encareciendo. No es raro pues, el entusiasmo con el que se han adherido al proyecto del señor Saura y la señora Mayol los más genuinos representantes del capitalismo puro y duro; los que más se han beneficiado de la especulación urbanística y que se han enriquecido a costa de los bolsillos de la sufrida clase media: el Gremio de Constructores. Vean el suculento bombón que han conseguido: suelo proporcionado por los ayuntamientos de más de 5000 habitantes; y poder construir un porcentaje elevado de vivienda de precio libre a un coste del suelo más barato. Un negocio redondo y, además, con financiación privilegiada.

Aparte de que, cuando se convierta en Ley el mencionado pacto, si es que lo logran sus impulsores; teniendo en cuenta la obligación que se impone a los propietarios de alquilar sus pisos bajo la amenaza de que se los incauten para hacerlo directamente la Administración; no hay duda de que, para su puesta en práctica, exigirá una preparación de años y, por supuesto – para alegría de abogados y procuradores y desespero de los jueces – entrañará un verdadero alud de recursos y reclamaciones. Es evidente que, para poder expropiar ( aplicar el usufructo a favor de la Generalitat u Organismo Público en el que se delegue), será preciso que primero sea declarado el incumplimiento de la función social de la vivienda y, dada la cantidad de alegaciones que se podrán formular por los legítimos propietarios y los derechos reales que podrán verse afectados( hipotecas, préstamos hipotecarios etc), amén de los perjuicios a terceros; la marabunta legal que se podrá llegar a producir colapsará, sin duda, los juzgados de Barcelona y del resto de la comunidad catalana. Por otra parte, se limita la posibilidad del propietario de piso o edificio de venderlo si precisa hacerlo, porque todos sabemos que, un piso alquilado, pierde inmediatamente valor en venta, salvo en los raros casos en que los alquileres compensen los intereses que se pudiesen obtener con cualquier otra inversión. Otra incógnita, ¿a qué precio se obligará dar en alquiler?, ¿compensará al propietario la inversión que hizo al comprarlo o también se le limitará el precio al que pueda hacerlo? y si se pagan gastos de Comunidad ¿se podrán añadir al alquiler o deberá perderlos el propietario?; en fin, se me ocurren tantas pegas que podría escribir varios folios sin que se me agotasen las ideas. Como suele ocurrir con estas propuestas demagógicas –que salen de sujetos más empeñados en colgarse medallas que de mentes científicas o calculadoras que, antes de lanzarse a un órdago semejante, valoran los pros y contras para poder actuar en consecuencia – tienen más de oportunistas que de factibles y está por ver las consecuencias prácticas que se derivarán de un proyecto monstruo de 400.000 viviendas, 10.000 ascensores y otras futesas como ayudas a rentas de ancianos etc. Todo muy social, muy de caridad pública, muy vendible para los electores. ¿Qué hay de estimular a la juventud al estudio? ¿qué de erradicar el vicio, fomentar el trabajo, apoyar la excelencia y enseñarles a ganarse la vida con su propio esfuerzo? ¿No sería mejor hacerles entender que, para tener algo, se lo han de ganar por si mismos y no recurrir al Estado para que se lo de de gratis?. Partamos de la base de que todas estas magnanimidades no las pagan los “consellers” de la Generalitat ni tampoco los promotores de obras ( que se llevan la parte del león); todo esto, no lo olvidemos, saldrá de nuestros bolsillos, de los ahorros y del trabajo de los ciudadanos que pagamos impuestos, que vemos que nos hemos convertido en chivos expiatorios para que los que nos gobiernan cobren sus sueldo millonarios y, además, nos aumenten impunemente el pan, la leche, la carne, el pescado y todo el resto de artículos de primera necesidad; mientras suben las hipotecas y los salarios se quedan “ en la nevera” como se comenta en un anuncio. Así da gusto, señor Saura y señora Mayol: ustedes ponen las ideas, se cuelgan las medallas y se quedan tan panchos, mientras los demás tenemos que preocuparnos de hacer ricos a unos cuantos a expensas de nuestros escuálidos bolsillos. Así se hace nación, ¡si señor!

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