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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Una Ley a la carta para los españoles

Miguel Massanet
Miguel Massanet
martes, 9 de octubre de 2007, 22:21 h (CET)
En estos tiempos revueltos por los que estamos transcurriendo, no es raro que debamos escuchar a nuestros políticos frases que, a cualquier ciudadano de a pie que goce de una mente medianamente lúcida, le pueden sonar a esperpénticas. Eso nos puede ocurrir si tenemos la debilidad de escuchar a la señora Fernández de la Vega cuando dice: “los que injurian al Rey son pocos… y están en los dos extremos”. No sé muy bien a lo que se refiere al calificarlos de pocos, pero a mí se me ocurre hacerle una observación: los de ETA también son pocos y vean la que han armado. Tanto han podido estos “pocos” que han sido capaces de poner al País Vasco de cabeza abajo y han conseguido cargarse casi a un millar de personas inocentes. También eran pocos los que se levantaron el 18 de julio de 1936, en Marruecos, y ¡vean la que armaron! Sería oportuno, a mi criterio, que la Vice de la Vogue aclarara a qué se refería cuando mencionaba “los dos extremos” porque, si no ando muy desencaminado, en su propio partido los ha habido que han apoyado y todavía lo hacen a los del extremo “izquierdo”. No se ha caracterizado el gobierno de ZP por su diligencia en actuar contra estos descerebrados que han quemado y siguen haciéndolo, imágenes de los reyes. De hecho, resulta muy significativo que todos los que han cometido tales actos de incivismo y delictivos, contra el símbolo máximo de la unidad nacional, estén circulando libres por las calles de nuestras ciudades. No sé porque me recuerda lo que sólo hace unos meses ocurría con los etarras mientras el Gobierno negociaba la falsa paz con ETA.

Pero no debe de causarnos sorpresa que ocurran cosas de ese estilo, cuando la señora María Emilia Casas, la presidenta del Tribuna Constitucional, en una lección magistral pronunciada en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, ha recriminado a los políticos y a los medios que se “oigan voces poco respetuosas hacia la institución y, lo que es más grave, hacia la independencia y la imparcialidad de todos sus magistrados”. En efecto, así debería ser, si no fuera porque, precisamente ella misma, la propia Presidenta de tan alto tribunal, no hubiera dado pie a la crítica. Porque a cualquier persona, con un dedo de sentido común, no puede pasarle por alto que la esposa de un magistrado que ha hecho un informe favorable al Estatut de Catalunya, por encargo de la Generalitat; pueda intervenir, sin estar condicionada por prejuicios, en un tema de tanta importancia como es el determinar la constitucionalita de tal cuerpo legal. No es que esté bien que se la haya apartado de tal labor; es que, debiera haber sido ella misma – si es verdad, como dice, que no se ha sentido presionada para que se mantenga en su cargo más tiempo del que es normal – quien debiera, motu propio, haberse excluido voluntariamente de tal deliberación.

Siento disentir de tan alta dama, pero a mí no hay quien me quite de la cabeza que, el retraso del TC en entrar a dilucidar la legalidad del este instrumento que se invento ZP y su gobierno para entregar Catalunya a los independentistas; está perfectamente estudiado para que, un posible rechazo por inconstitucional, no perjudique a ZP y al PSOE en las próximas legislativas. Es obvio y de sentido común que los ciudadanos tenemos derecho a conocer, antes de los comicios, si los socialistas se han empeñado en un proyecto ilegal para ganar votos en Catalunya o si, por el contrario, los que nos equivocamos somos los que estamos convencidos de que lo es. Sin duda, dada la trascendencia del tema, este recurso del PP debió pasar delante de otros que, sin duda alguna, tienen menos importancia para el pueblo español. Lo malo de estas declaraciones, tan rimbombantes, es que pueden calar en las personas de poca formación que se dejan llevar por su optimismo respecto a lo que nos largan los que ostentan cargos importantes. tanto en la política como en otras instancias de la judicatura o la enseñanza.

Si dejamos de lado las inconveniencias que, de tanto en tanto, suelta el señor ministro de Justicia, señor Fernández Bermejo, que parece que en vez de actuar a favor de que en España haya un Estado de Derecho y obligar a los funcionarios de la justicia a que cumplan con su deber; haya sido contratado para mofarse de la oposición, acuñar frases ocurrentes y despotricar contra todo quisque que se meta con sus compañeros de partido. Pero dejémosle que desbarre has desgañitarse para volver nuestra atención hacia el juez Garzón y los fiscales, que no paran de sorprendernos. Si nos llena de admiración el cambio experimentado por ell juez ­ –a quien un periodista de izquierdas, Miguel Angel Aguilar, le apodaba “ el Juez Campeador” cuando el tema de los Gal – que ha dado un salto de ciento ochenta grados, pasando de una política permisiva hacia los terroristas a un ensañamiento sospechoso con Batasuna y toda su corte de criminales. Y digo sospechoso porque, sin que sirva de precedente, debo coincidir con el consejero de justicia del gobierno vasco, señor Azkarraga, quien denuncia que “se puedan realizar detenciones masivas en función de la coyuntura política”. Y es cierto, porque no es de recibo las declaraciones que han hecho desde la fiscalía respecto a que “no hay un cambio de postura sino hechos delictivos sin proceso de paz”. Ahora resulta que existen leyes para procesos de paz y leyes para cuando no los haya ¡Viva el ordenamiento jurídico y la madre que lo parió! Yo me pregunto si también habrá penas para procesos de paz y penas para cuando no la hay. O sea, para que nos entendamos, que son los fiscales y, me imagino, que el Gobierno quienes disponen cuando y como se han de sancionar las actividades ilícitas de los ciudadanos según el momento de que se trate. Señores, ya no me cabe duda, debemos prepara un entierro con fanfarrias y crespones negros para dar sepultura con todos los honores –según nos anunció, hace años, el señor Guerra – al señor Montesquieu y su triple separación de poderes. RIP

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