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Etiquetas:   La parte por el todo   -   Sección:   Opinión

El mundo es un pañuelo

Óscar Arce Ruiz
Óscar Arce
domingo, 7 de octubre de 2007, 00:20 h (CET)
Hay ocasiones en que las actuaciones de los dirigentes políticos no dejan ver claramente si prefieren priorizar los deberes o los derechos ante una situación concreta.

Por ejemplo, cuando los padres de un alumno imponen su voluntad a la de las directrices de un centro educativo. La Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha obligado a la escuela acatar las pretensiones de esos padres.

Todo venía porque su hija fue entregada al centro vistiendo un pañuelo que supone una exteriorización de la fe de la familia de la niña. El colegio, en un primer momento, le negó la entrada aduciendo una decisión del equipo directivo y solicitó a los padres que se la llevaran consigo.

La protesta llegó hasta la Consejería, que hizo de mediadora entre las dos partes. Mientras tanto, la madre de la criatura declaró que si no permitían a su hija acceder al centro llevando puesto el pañuelo todos volverían a Marruecos.

Finalmente, las autoridades catalanas en materia de educación obligaron a la dirección del colegio a aceptar de nuevo a la niña porque “prevalece el derecho a su educación”.

Convergen en este caso tres aspectos que suelen ser recurrentes en los debates educativos y sociales: la laicidad de las escuelas, la obligación de respetar las instituciones de acogida por parte de los inmigrantes y la autonomía de gestión de los centros educativos con respecto a los organismos centrales.

Me gustaría dejar de lado hoy los dos primeros puntos que enuncié en el párrafo anterior y centrarme en la autonomía y la coordinación entre centros y autoridades.

Por desgracia, decía, hay ocasiones en que las actuaciones de los dirigentes políticos no dejan ver claramente si prefieren priorizar los deberes o los derechos ante una situación concreta. La ambigüedad en las medidas que se han de aplicar a la gestión de población inmigrada en las aulas supone que los colegios se encuentren muchas veces huérfanos ante la resolución de problemas usuales.

En esta colisión de intereses, las decisiones políticas en pro de las familias sin tener en cuenta el criterio de las escuelas provoca la devaluación de la institución escolar. No solamente la autoridad de los profesores hacia los alumnos ha decrecido, sino que los altos estamentos del colegio están cuestionados (con el beneplácito de la clase política) por las familias.

Por encima del derecho a la educación está el deber de los padres de escolarizar a sus hijos. Y el deber de la escolarización conlleva la aceptación de las reglas de la escuela, normas genéricas que han de adecuarse a la realidad de cada centro. Si no hay normas superiores, son los responsables de los centros quienes han de decidir.

Aquí, la parte desautorizada debería haber sido la familia. Ellos son quienes han conseguido que un caso particular trastoque las resoluciones del equipo directivo. Se ha abierto de nuevo la veda para que las escuelas sean más un comercio que una entidad educativa que ejerce una autoridad de arriba hacia abajo.

Estamos condenados a sufrir a menudo situaciones como ésta mientras no aceptemos que los derechos sin deberes comportan exigencias sin aportaciones.

No creo que la ‘educación a la carta’ se refiera exactamente a esto.

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